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La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador llamó a los tres poderes de gobierno a conceder el indulto a 17 mujeres criminalizadas por abortar, algunas de ellas condenadas a 40 años de prisión.

Como parte de la “Campaña sobre despenalización del aborto en El Salvador”, la organización civil pidió aplicar la “Ley Especial de Ocursos de Gracia” que permite que la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el presidente Mauricio Funes, concedan el indulto a 17 mujeres que fueron acusadas de aborto, pero que al final fueron condenadas por homicidio agravado, lo que derivó en que la mayoría de ellas paguen penas de entre 30 y 40 años de prisión.

La campaña, también enfocada en lograr que se reforme el Código Penal del país centroamericano para permitir el aborto terapéutico, presentó formalmente ante la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto que corresponden a mujeres que fueron perseguidas, acusadas y condenadas, sin contar con el apoyo legal apropiado para ser escuchadas y defenderse adecuadamente.

Estas mujeres también comparten como historia de vida que fueron acusadas por personal de salud pública cuando llegaron desangrándose en busca de ayuda médica, por presentar complicaciones médicas por un aborto espontáneo.

Ellas fueron denunciadas, acusadas y procesadas inicialmente por aborto, pero luego les cambiaron el delito condenándolas por homicidio agravado, lo que es permitido por la ley nacional.

En 1997 El Salvador reformó sus códigos Penal y Procesal Penal, con lo que aprobó uno de los marcos más restrictivos en el mundo en materia de aborto y derechos reproductivos de las mujeres.

Así se eliminaron todas las formas de aborto no punible que la legislación anterior contemplaba. En 1998 se aprobó una reforma a la Constitución que estableció la responsabilidad del Estado con la persona humana “desde el instante de la concepción”.

Para dar cumplimiento a esta ley se estableció un aparato de persecución judicial policial para denunciar, investigar y procesar cualquier actividad sospechosa de aborto en hospitales públicos y otros lugares de salud pública del país.

En ese contexto es que se dieron los casos de las 17 mujeres para las que ahora se pide el indulto, todas ellas víctimas de violencia obstétrica, pues además de no recibir la atención médica necesaria fueron denunciadas por el personal de salud.

Si bien no existen registros sobre el número de abortos inseguros que se realizan en El Salvador, se estima desde la Agrupación que anualmente se llevan a cabo 35 mil 89 abortos inseguros.

Según datos de la Agrupación Ciudadana, entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas.

A partir de una investigación se conoce que el 68.22 por ciento eran mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, y el 51.27 por ciento  no recibían ningún tipo de ingreso económico.