32 años podrían pasar en la cárcel opositores al gasoducto

32 años podrían pasar en la cárcel opositores al gasoducto

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Foto: Mayra Guarneros

Samantha Páez

@samantras

Un máximo de 32 años podría pasar en la cárcel el activista Juan Carlos Flores Solís, uno de los principales opositores al paso del gaseoducto Morelos por Puebla, debido a que tres de los delitos que se le imputan son graves, según informó su abogado José Antonio Lara Duque, esto tras confirmar que la mañana del lunes se dictó auto de formal prisión tanto a Juan Carlos como a su compañera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), Enedina Rosas Vélez.

El abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrilla señaló que si bien la estrategia que tiene se enfocará primero en la liberación de los dos activistas, también estarán trabajando en un amparo para otros doce integrantes del frente sobre los cuales pesan sendas órdenes de aprehensión.

Aunque, según un boletín que fue enviado por la Secretaría General de Gobierno (SGG) al filo de la medianoche, no existe en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) «ninguna acción u orden de aprehensión en contra del doctor (Ricardo) Pérez Avilés, ni en contra de ningún miembro del sector académico del Estado».

Trabajadores del gobierno son la parte acusatoria

Durante las primeras horas de este lunes se hizo pública la determinación del juez penal de Cholula de dictar auto de formal prisión contra el activista Juan Carlos Flores Solís, detenido el lunes 7 de abril por su supuesta responsabilidad por los delitos de extorsión, motín, despojo y ataque a la obra hidráulica, los tres primeros serían delitos graves y por lo cual la sentencia podría llegar a ser de hasta 32 años en prisión.

De igual forma, Enedina Rosas Vélez, de más de 60 años de edad, arrestada el domingo 6, recibió el auto de formal prisión por los delitos de obstrucción de obra pública y robo agravado, por lo cual no podría acceder a la libertad bajo fianza.

«Un funcionario del gobierno del estado dijo que la señora Enedina le robó sus dos celulares con uso de violencia y, entonces, esa declaración hace que la señora Enedina tenga que afrontar el proceso en prisión», explicó Lara Duque.

En el caso de Juan Carlos, la parte defensora habría presentado como pruebas varias notas informativas, así como el testimonio de una reportera que estaba cubriendo el evento, para demostrar que no estuvo en la protesta donde se le señala por todos los delitos antes citados.

Acudirán a instancias internacionales

Foto: Mayra Guarneros
Foto: Mayra Guarneros

Otra cuestión que destacó la defensa de los activistas es que quienes denuncian a Juan Carlos son los apoderados legales del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y la dirección de análisis político de la SGG.

Por lo cual considera que en el estado de Puebla el activista no tendrá acceso a un juicio justo y lo que los llevaría a buscar un amparo a nivel federal e, incluso, ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del alto comisionado en Derechos Humanos de la ONU.

«En el tribunal, debemos decirlo, nosotros no creemos que haya objetividad, entonces por eso nos vamos ante jueces federales, ahí es donde nosotros apostamos que tendría que haber sensibilidad y, sobre todo, reconocimiento de la ley y el derecho», comentó José Antonio Lara, quien tiene planeadas estrategias similares para Enedina y Juan Carlos, aunque reconoce que existe más «saña» contra el segundo.

Los dos activistas se oponen a la construcción del Proyecto Integral Morelos, que pasará por 30 municipios de Puebla, Tlaxcala y Morelos, pues llevará gas natural por las faldas del volcán Popocatépetl aumentando el riesgo en que viven las comunidades. Además de que en ningún momento se ha consultado con los pobladores la viabilidad de dicho gaseoducto.

El proyecto es impulsado por el gobierno federal, pues pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero hasta el momento las amenazas y las acciones penales sólo han provenido del gobierno estatal.

Hay otras 12 órdenes de aprehensión

Además previendo que haya más órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, como al parecer sucede en el caso del catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Ricardo Pérez Avilés y del comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac Avelino Velázquez Tapia, el abogado mencionó que están preparando un amparo para las doce personas de la organización que ya tienen corroborado podrían ser detenidas en los próximos días.

«Son doce personas y sumémosle los dos que ya les fue complementada, son catorce, también sabemos del caso del señor Abraham (Cordero Calderón), pero nosotros no estamos llevando su defensa, pero hasta donde nosotros sabemos él posiblemente sí tenga su auto de libertad el día de mañana, pero no es nada seguro», agregó.

De manera paralela el FPDTA realizará movilizaciones no sólo en Puebla, sino también en la ciudad de México, embajadas italiana y española, debido a que de esa nacionalidad son las empresas que están promoviendo el Proyecto Integral Morelos, así como en las oficinas en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana.

Si bien hasta el momento no han comenzando las obras del gaseoducto Morelos en la parte poblana del volcán Popocatépetl, los opositores consideran que las detenciones son un paso previo para que inicien, al dejar acéfalo el movimiento en contra.

No hay ordenes de aprehensión contra académicos: SGG

Al cierre de la edición la SGG envió el siguiente comunicado: «En relación con el pronunciamiento que suscriben profesores investigadores del posgrado en sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), condenando una supuesta intimidación, en contra del académico Ricardo Pérez Avilés, y expresando su preocupación de que se emprendan acciones de hostigamiento hacia su persona, por su supuesta participación en acciones de protesta por la construcción de un oleoducto en el estado de Puebla, la Secretaría General de Gobierno formula las siguientes precisiones:

Primero.- Las autoridades competentes, hasta el momento, no han recibido ninguna denuncia de los supuestos hechos ocurridos contra el doctor Ricardo Pérez Avilés, por lo que se le invita para presentar su denuncia correspondiente, ante las autoridades competentes de la entidad o, en su caso, si así lo considera, ante las autoridades federales.

Segundo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado no tiene, hasta este momento, ninguna acción u orden de aprehensión en contra del citado doctor Pérez Avilés, ni en contra de ningún miembro del sector académico del Estado

Tercero.- Se ratifican las garantías plenas y el respeto al Estado de Derecho que el gobierno de Puebla ha honrado en el ejercicio de todas sus actuaciones.

Cuarto.- Se ratifica el más amplio respeto a la libertar de expresión y de manifestación de los ciudadanos, mientras en su ejercicio no se afecten derechos de terceros o se incurra en la comisión de actos delictivos.

Por último, se hace del conocimiento público que se remitirá un reporte de esta situación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), manifestando toda la disposición de contribuir en este y en cualquier otro asunto, colaborando en resguardo de los derechos de los ciudadanos.

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