Israel Rosas R.

@irosasr

Vaya incertidumbre la que se añadió al sector de las telecomunicaciones durante el miércoles. Por la mañana, algunos diarios publicaron que el Ejecutivo Federal había mandado (por fin) la propuesta de legislación secundaria para el sector, que se encuentra pendiente de expedición desde diciembre del año pasado. A lo largo del día, circularon en redes sociales (especialmente en Twitter) diversos rumores con respecto a la iniciativa.

En particular, las preocupaciones han sido las mismas que se han mencionado desde que El Financiero filtró un supuesto borrador de esta iniciativa hace un par de semanas. Que atenta contra la libertad de expresión, que le da manga ancha a los agentes regulados, que le resta poder al Instituto Federal de Telecomunicaciones para otorgárselo en cambio a la Secretaría de Gobernación o a la de Comunicaciones y Transportes.

De momento, la única certeza que se tiene es que los arreglos al marco jurídico debieron estar listos desde hace más de tres meses. Por el contrario, las dudas en torno a la elaboración de esta iniciativa son muchas y de diversa naturaleza.

Vale la pena detenerse un poco a reflexionar acerca del papel que están jugando dos de los poderes del gobierno del Estado mexicano en esta transformación de uno de los sectores más productivos del país. No hay que olvidar que la iniciativa de reforma constitucional surgió en su momento gracias al Pacto por México. Esto significa que proviene de un acuerdo de las cúpulas partidistas con el Ejecutivo Federal, por lo que no es producto de un ejercicio legislativo en el que hayan tenido incidencia todos los sectores de la sociedad representados por los diputados y senadores federales.

Por esto, no sorprende que los legisladores hayan incumplido el plazo que ellos mismos se impusieron para aprobar las actualizaciones del marco jurídico. En la misma línea, tampoco sorprende que sigan esperando a que el Ejecutivo envíe su propuesta de legislación secundaria. Alarmantemente, tampoco sorprendería que la iniciativa presidencial transite por ambas cámaras con la misma rapidez que lo hizo la reforma constitucional. No hay que perder de vista que el periodo ordinario de sesiones culmina en abril.

Y ojo. Que estos hechos no sorprendan, no significa que sean aceptables.

Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad del autor, son hechas a título personal y no reflejan aquellas de las instituciones a las que está adscrito.

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