• Pyecsa es una constructora de Nuevo León que ha sido vinculada con el narcotráfico y con irregularidades en procesos de licitación, entre otras

• Activistas, académicos e investigadores opositores a la obra anuncian amparo y denuncian ilegalidad en el permiso otorgado por el INAH

• Cholula en Bici insiste en la turbo-rotonda como contrapropuesta

• “Se trata de defender el patrimonio”, claman

Montaje: así se vería la pirámide desde el distribuidor.

Mely Arellano Ayala

@melyarel

La empresa encargada de la construcción del Distribuidor Vial Cholula, cuyo costo asciende a 195 millones 799 mil 874 pesos 7 centavos, es Productos y Estructuras de Concreto, SA de CV (Pyecsa). Esta constructora de Monterrey, Nuevo León, a la que el gobierno del estado le asignó el contrato OP/ADF/SI-20131243, cuenta con un historial dudoso, vinculado al narcotráfico e irregularidades en procesos de licitación.

Pyecsa, cuyo apoderado legal de acuerdo con un documento del gobierno de Puebla es Abraham García Cavazos, es propiedad del empresario regio Gustavo Cavazos Marroquín.

“El Güero” Cavazos Marroquín, como también se le conoce, encabeza el Grupo Allende, un grupo político al que, según ha consignado el periodico Reporte Índigo, “se le relaciona con una gran influencia en los contratos de obra pública en la administración actual (de Rodrigo Medina de la Cruz) y con el ahora diputado federal del PRI, el empresario Jorge Mendoza”.

En noviembre del 2012, el medio dirigido por Ramón Alberto Garza, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba a Impulsora JBN SA de CV por vínculos con el narcotráfico (narcominas), y que dicha empresa “estaría vinculada con Gudelio de Jesús Cavazos Marroquín, hermano del constructor Gustavo Cavazos Marroquín, cabeza más visible del Grupo Allende”.

Reporte Índigo reveló además que:

“La empresa Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., Pyecsa, es la constructora principal de Cavazos Marroquín, que ha conseguido los contratos más cuantiosos de las obras de reconstrucción del huracán Alex.

“Según la página de internet de Impulsora JBN, S.A. de C.V., investigada por la PGR por el caso de las narcominas, es una empresa dedicada desde hace dos años a la explotación y comercialización de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila.

“Pero la dirección que ofrece en la página de internet es la avenida Lázaro Cárdenas 2400, en San Pedro, donde se localiza el Edificio Los Soles, ubicado en el sector Valle Oriente.

“Es la misma dirección donde se localizan las oficinas generales de la empresa Productos y Estructuras de Concreto, Pyecsa, la constructora pilar de Gustavo Adrián Cavazos Marroquín”.

Y es, también, la misma dirección que se tiene registrada en el Padrón de Contratistas del gobierno del estado para la empresa que representa Abraham García Cavazos.

Montaje: así se vería la pirámide a nivel peatonal con el distribuidor,o mejor dicho, así ya no se verá la pirámide.

Contrato millonario y dudoso en CFE

La familia Cavazos Marroquín posee también Grupo Clisa –que se define, en su página de internet, como un grupo “consolidado por diferentes empresas de gran presencia a nivel nacional, con las que hemos desarrollado una sinergia de trabajo muy importante que proporciona la oportunidad de infinidad de alternativas de negocio global”, y presume divisiones en energía, construcción, transporte, comercio y servicios, y bienes raíces.

En mayo del 2011, la empresa Altos Hornos de México denunció el contrato de suministro de carbón otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la compañía Prominer, propiedad de Grupo Clisa, por más de 200 millones de dólares.

Prominer ganó la licitación pese a contar con capital insuficiente –sólo 50 mil pesos- y tener como domicilio fiscal “una pequeña vivienda de un piso, cubierta con grafitis y ‘en condiciones de semiabandono, en la que operó u opera un negocio de productos de limpieza’” (Excélsior).

Además, Grupo Clisa participó en dicha licitación a través de dos empresas más: Soluciones Petronavales y Noble Resources, violando así las normas correspondientes.

Montaje: así se vería el distribuidor desde el aire

Historial dudoso

El 29 de octubre del 2013 hubo un accidente durante la construcción de la Ecovía, en Monterrey, Nuevo León. Un derrumbe causó lesiones a un trabajador y puso en riesgo a otros tantos. La obra estaba a cargo de Pyecsa, subcontratada por Cemex.

El 13 de marzo del 2013, Pyecsa participó en la ampliación y remodelación de la clínica del Isssteleón, ubicada en la misma ciudad, por un monto de 22 millones 273 mil 894 pesos y que, según medios locales, dejó en “cascarón”.

Grupo Allende

La influencia del Grupo Allende en Nuevo León se afianza al menos gracias a dos puentes:

Uno viene directamente del gobierno del estado, ya que otra de sus cabezas es Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

Otro viene del Congreso federal con Jorge Mendoza Garza, actual coordinador de los diputados del PRI, y quien en su periodo como senador (2006-2012) compartió curul con el hoy mandatario poblano Rafael Moreno Valle, e incluso estuvieron juntos en la Comisión de la Defensa Nacional.

De 1994 a 2006, Jorge Mendoza Garza fue Vicepresidente ejecutivo de Información y Asuntos Públicos de TV Azteca.

Va el amparo

Ante la serie de irregularidades relacionadas con la construcción del Distribuidor Vial Cholula, y la determinada oposición de los habitantes de Cholula, el colectivo Pueblo Mágico sin Tráfico anunció que este martes interpondrían un amparo contra el gobierno estatal, para detener la obra.

En rueda de prensa el colectivo Cholula en Bici, el Comité Defensor del Patrimonio Histórico y Cultural y Ambiental de Puebla AC y la Fundación Manuel Toussaint AC, afirmaron que no existe un permiso otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que cuente con el aval del Consejo de Arqueología para la autorización del distribuidor.

Dijeron que el permiso que tanto ha presumido –aunque no mostrado- el gobernador Rafael Moreno Valle se trataría de un documento que sólo habla de la prefactibilidad, mas no representa el consentimiento de especialistas, como lo aseguró el Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH en el desplegado que publicó el diario Reforma el pasado sábado.

Y, en todo caso, instaron al mandatario poblano a ser transparente y mostrar tanto el contrato y el permiso, como los estudios preliminares que deben sustentar la construcción de la obra —documentos estos últimos que fueron clasificados como reservados por la Secretaría de Infraestructura.

Salvar el patrimonio

La antropóloga Anamaria Ashwell lamentó que por un lado Moreno Valle haya comprometido 400 millones de pesos para comunidades indígenas, y por otro use 200 millones para “destruir la memoria y el legado indígena” de Cholula, afectando una zona arqueológica “que desde 1969 ha sido sólo parcialmente explorada pero que sabemos es de principal importancia”, en aras de sus ambiciones políticas.

También en la rueda de prensa, la académica Rosalva Loreto planteó la pertinencia de cuestionar legalmente al INAH “por este tipo de faltas (…) a quien dio esta licencia de prefactibildiad, porque no nos confundamos, eso no es ningún permiso”.

Con la construcción del distribuidor “están atentando lesionando y violando leyes internacionales de conservación de paisajes, leyes internacionales de conservación patrimonial, no es a nivel local, ni estatal, es a nivel internacional”, advirtió.

En ese sentido, la historiadora Montserrat Gali dijo que se trata precisamente de defender el patrimonio y que éste es mucho más que cosas enterradas, pues “forma parte de procesos culturales humanos. (…) El patrimonio es algo vivo”.

Para la investigadora del INAH, María Eugenia Márquez, “el objeto arqueológico no puede tener un valor nada más porque es monumental o porque es bello, el objeto arqueológico por sí tiene valor”.

La contrapropuesta

Alexandra Ramírez, integrante de Cholula en Bici, consideró que el distribuidor representa una invasión y una imposición del gobierno hacia los ciudadanos.

Por ello, insistió en la necesidad de pensar en vialidades y urbanización amigables con el peatón y el ciclista, como la turbo-rotonda, sobre todo considerando que hay una tendencia mundial a desmantelar las llamadas autopistas urbanas –en la que entraría el distribuidor vial-, y que se trata de una obra que no resuelve el problema de movilidad que sí existe, pero se presenta en las entradas de San Pedro y San Andrés, justo donde desembocaría el propio distribuidor.

La propuesta de Cholula en Bici

También denunció que este es sólo el comienzo de un plan mucho mayor, en el que pretenden ampliar varias calles de ambos municipios.

Finalmente, Anamaria Ashwell reconoció que si bien la zona donde se está haciendo la obra puede no estar incluida en el área de monumentos arqueológicos, sí tiene las primeras construcciones sedentarias de la ciudad, las primeras construcciones agrícolas para dar a comer a ese pueblo, los fabulosos sistemas de riego y dique.

“¡Vamos a perder toda esa historia de los pueblos anteriores para que se suban en un viaducto estos coches. ¿Saben lo grave que es eso, lo grave que es enterrar la historia de los pueblos indígenas de México, porque sólo tienen valor utilitario sus pirámides? Esto es lo que estamos tratando de defender!”