Israel Rosas R.

@irosasr

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece que los legisladores deben llevar a cabo las modificaciones pertinentes al marco jurídico. Para lograrlo, el Congreso se autoimpuso un plazo que venció durante el pasado mes de diciembre, sin que a la fecha se conozca siquiera la iniciativa de legislación secundaria.

Sin embargo, la semana pasada fue filtrado por el diario El Financiero un supuesto borrador de dicha propuesta. A pesar de que el texto contiene aspectos positivos, es imposible dejar de considerarlo como inaceptable debido a algunos puntos relacionados con regulación de contenidos y colaboración con la justicia.

Por ejemplo, uno de los artículos especifica que “no se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público”. No existen criterios específicos para asegurar que esta propuesta no sería utilizada con fines de censura. Los conceptos de seguridad del Estado y orden público quedarían a interpretación del poder judicial, aunado a que el texto no hace distinción entre los contenidos transmitidos por medios tradicionales y aquellos que son difundidos por Internet.

Adicionalmente, las disposiciones referentes a la colaboración con la justicia, abren la puerta a que las autoridades judiciales soliciten a los proveedores de servicio la localización en tiempo real de cualquiera de sus usuarios o incluso a intervenir sus comunicaciones, “de conformidad con las leyes correspondientes”. Es importante destacar que esta propuesta está dirigida a dispositivos relacionados con investigaciones de hechos delictivos y a petición de la autoridad que resulte competente.

En este sentido, hace apenas un par de meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo un debate con respecto a la constitucionalidad de la llamada “Ley de geolocalización”. Si bien esta herramienta tecnológica puede ser útil para combatir algunos delitos, debería ser aplicada bajo estrictos controles judiciales, como expone Luis Fernando García.

Vale la pena que quienes elaboran leyes y políticas públicas sean muy cuidadosos a la hora de elaborar sus propuestas. Los pretextos para invadir la privacidad de los usuarios o monitorear contenidos difundidos en Internet pueden ser muy variados y abarcar desde la protección de la seguridad de la sociedad, hasta la protección a los derechos de autor. Para evitar abrir la puerta a este tipo de abusos, el papel de la sociedad civil es fundamental.

Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad del autor, son hechas a título personal y no reflejan aquellas de las instituciones a las que está adscrito.

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