Ante CIDH, activistas ventilan violencia obstétrica cometida por el Estado mexicano

Ante CIDH, activistas ventilan violencia obstétrica cometida por el Estado mexicano

Anaiz Zamora Márquez | Cimacnoticias

México, DF. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la recurrente violencia obstétrica que enfrentan las mexicanas durante la atención al parto o puerperio.

Ante la denuncia internacional, el Estado mexicano, si bien reconoció la existencia de violaciones a Derechos Humanos (DH) e incluso recientes casos de Muerte Materna (MM), se limitó a enlistar las acciones, programas, normas oficiales y acuerdos enfocados en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en la realidad no se cumplen o aún no han sido promulgados.

embarazoComo parte de la conmemoración del 20 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la CIDH celebró ayer la audiencia “Salud materna y denuncia de violencia obstétrica en México”.

Ahí, GIRE –organización civil mexicana con más de dos décadas de experiencia en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres– expuso las principales violaciones a los derechos de quienes deciden ejercer su maternidad.

Regina Tamés, directora de GIRE, señaló que la violencia obstétrica “afecta significativa y desproporcionadamente a mujeres indígenas y de escasos recursos”, y que los principales obstáculos que enfrentan para la adecuada atención y acceso a servicios de salud derivan de las instituciones de salud pública.

De acuerdo con la abogada –que tomó la palabra también en nombre de las organizaciones Parto Humanizado y Sakil Nichim Anzetick–, los actos de violencia obstétrica más comunes se observan en la discriminación en el acceso a servicios de salud, la negativa a brindarlos, la no atención oportuna y la ineficacia en la resolución de las urgencias obstétricas.

Se suman la atención discriminatoria, tratos crueles contra las mujeres que acceden a los servicios, medicalización y patologización de procedimientos naturales, la no coordinación entre autoridades federales y estatales, y principalmente la falta de justicia y reparación del daño a las víctimas.

Regina Tamés informó ante la CIDH que 68 por ciento del total de los nacimientos a nivel nacional ocurren por cesárea, es decir, más del doble de la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Advirtió que el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas de violencia obstétrica también es preocupante, pues tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como la Secretaría de Salud (Ss) respondieron a una solicitud de información que desconocen el número de quejas y denuncias en la materia.

En el mismo sentido, Ofelia Bastida, también integrante de GIRE, añadió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha tenido una actuación “sumamente reprochable” con respecto a los casos de violencia obstétrica y muerte materna.

Explicó que de 122 quejas de violaciones, la CNDH sólo emitió cuatro recomendaciones sin exigir la implementación de medidas de no repetición de los hechos, “incluso en algunos casos su política ha consistido en lograr la mediación entre ambas partes”.

Al también informar sobre la carencia de recursos y materiales médicos, así como de personal capacitado en atender desde una visión intercultural a las mujeres, las integrantes de GIRE llamaron a la CIDH a emitir un pronunciamiento público con respecto a las violaciones a DH y para exhortar al Estado mexicano a que refuerce la coordinación entre las dependencias federales.

En respuesta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ss, Pablo Kuri-Morales, dijo que la falta de coordinación se debe al sistema descentralizado de salud, y que a diario ocurren, en promedio, 5 mil 800 nacimientos “que no se vuelven noticia”, pues se dan “en las mejores condiciones y sin complicaciones a la salud de la madre”.

Enlistó el marco legal mexicano que protege los derechos femeninos, y los programas específicos de atención al parto y puerperio, y para adolescentes, los cuales no obstante están en espera de ser aprobados y publicados, por lo tanto aún no son aplicables.

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