¿A dónde van las propiedades del crimen organizado cuando sus líderes caen o son reclamados por otro país? ¿Quién se encarga entonces de sus territorios y cómo? ¿Dejan acaso un espacio que otros llenarán? Aún es pronto para saberlo. La Ley de Extinción de Dominio empezó a aplicarse hace tres años. Por ahora, los encargados de hacerla cumplir, resguardan, subastan y donan; con la intención de dar un golpe, debilitar, quitando todo aquello que les pertenecía.

Oswaldo J. Hernández | Plaza Pública

En las fincas que ha dejado atrás el narcotráfico nadie tiene un nombre. No tienen nombre quienes han quedado con la responsabilidad de administrar estas propiedades. Tampoco lo tiene el soldado o el policía que hoy las habita y las cuida desde dentro. Mucho menos el campesino que vive en los alrededores.

Si algo, acá, aún conserva un nombre es el miedo. Y es natural que así sea.

Hay miedo a que los fantasmas vuelvan un día. Que regrese el narco a reclamar sus propiedades. En la actualidad, luego de las capturas o extradiciones, ya nada de lo que han dejado atrás les pertenece. O está en proceso de que no lo sea. Y en lo que una vez fueron sus territorios es el miedo lo único que parece suyo todavía, lo han dejado indeleble a puro plomo, marcado en sangre, en la memoria. En tanto, las haciendas llenas de piscinas, lujos, mansiones y excentricidades permanecen. Hoy es el Estado quien administra lo que un día fue propiedad de algunos de los  narcotraficantes que han sido capturados.

Foto: Sandra Sebastian, tomada de plazapublica.com.gt/

“El golpe que se da es realmente duro. Se da en los gustos, en todo lo que les ha costado obtener durante años”, dice C, alto, cabello rizado, campechano. C es uno de los administradores que ha sido contratado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), la institución que se encarga de cuidar temporalmente todo lo que haya sido adquirido de manera ilícita por las organizaciones de crimen organizado que han sido detenidas, a través de delitos como el lavado de dinero, la trata de personas, el peculado, la malversación, o el fraude en las aduanas. C, por tanto, dice (riendo) que sus enemigos son un tanto poderosos.

“Yo soy valorudo, pero la Senabed es muy joven todavía –apenas dos años de existencia–. Esperamos que pronto crezca, que se haga tan grande que no sólo seamos un pequeño grupo de personas el que administran los bienes del narcotráfico. De momento identificarnos (C pide no publicar su nombre) es muy fácil”.

En la larga lista de objetos que C tiene bajo su responsabilidad hay caballos, gallos, haciendas, automóviles, camas, avionetas, bicicletas, bancas, casas, estatuas, penthouses de lujo, toros…

“El golpe al final de cuentas es contundente, sicológico. Similar a imaginar que de un día para otro, todo lo que has logrado conseguir en la vida de pronto ha desaparecido”, dice C.

Y no sólo desaparece, sino que además es subastado. Pasa a otras manos. Nunca más los caballos de pura raza, las camionetas todo terreno, los muebles finos, las casas, las haciendas y las fincas serán suyos.

Hoy, por ejemplo, C nos guía a una subasta en la que se venderá parte de lo que una vez perteneció a un narcotraficante. ¿El lugar? El terreno más grande que ha sido incautado hasta la fecha: un territorio de 52 kilómetros cuadrados en la frontera que divide a Guatemala con Honduras. También esa propiedad marca otra frontera, un límite entre las familias más importantes de la zona: los Mendoza y los Lorenzana. Justo en medio, en Morales, Izabal, la finca de Mario Ponce, ahora controlada por el ejército, a la espera de que el proceso de extinción de dominio finalice, constituye una zona neutral.

Allí nos dirigimos…

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