Emilio Godoy | IPS Noticias

Tita Radilla espera con cierto escepticismo que los militares de México acusados de desapariciones forzadas empiecen a desfilar ante la justicia ordinaria, un reclamo de cinco décadas marcadas por estos delitos.

Desde que su padre, Rosendo Radilla, fue secuestrado por soldados en agosto de 1974 en el sureño estado de Guerrero, no pasó día sin que Tita indagara su paradero en la prensa, los tribunales nacionales y las instancias internacionales.

Foto tomada de www.ipsnoticias.net

Su lucha llegó a San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano en noviembre de 2009 por violentar los derechos a la libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida de Radilla, un dirigente comunitario del municipio de Atoyac, 400 kilómetros al sudeste de la capital.

“Ha sido una lucha que hemos dado. Es importante por todo el esfuerzo que se ha hecho, creemos que es un logro que los militares vayan a instancias civiles. Es una reivindicación para nuestro esfuerzo”, dijo Radilla a IPS.

El martes 4, el Senado mexicano eliminó una reserva y una interpretación que México interpuso en 2002 a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que impedían a tribunales ordinarios juzgar crímenes cometidos por militares contra civiles, confinándolos al fuero castrense.

La solicitud de derogar esas disposiciones fue enviada al Senado en octubre por el presidente conservador Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como parte de los compromisos asumidos por México para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.

Mientras otros países, como Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Uruguay, han avanzado para juzgar las desapariciones forzadas, esos delitos permanecen totalmente impunes en México.

El problema se agrava con la metamorfosis que este crimen experimentó en los últimos años, cometido también por milicias paramilitares, narcotraficantes y tratantes de personas. Algunas estimaciones indican que las víctimas podrían sumar 30.000 o más.

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