Simón Rodríguez Porrás | Desinformémonos

Venezuela. Las imágenes de miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades venezolanas, el despliegue militar y las acciones armadas de grupos civiles han sido difundidas internacionalmente durante las últimas dos semanas, acompañadas de las altisonantes denuncias gubernamentales sobre el desarrollo de un golpe de Estado, por un lado, y por el otro las acusaciones de la dirigencia de la oposición patronal sobre la que consideran una nueva confirmación de que el régimen político venezolano es dictatorial.

Tomada de desinformemonos.org/

Quien intenta comprender la situación que atravesamos constata que la presentación de los hechos está tan comúnmente mezclada con la propaganda  de las facciones en disputa que resulta difícil asumir posición críticamente. Podría decirse que dicha situación en sí misma no es nueva, a 12 años de un golpe de Estado que cristalizó una aguda polarización política. No obstante, la distancia que separa la situación actual de la vivida en el 2002 es tal que realmente, en muchos sentidos, es su antítesis.

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Las primeras protestas fueron acciones en las que participan unas pocas decenas de activistas, y de claro corte provocador, como la acción contra la residencia del gobernador de Táchira o algunas acciones armadas en Mérida. También hubo excesos policiales, por ejemplo, en Mérida la policía hirió de gravedad a un estudiante que no formaba parte de las protestas. Algunos detenidos en San Cristóbal fueron trasladados a la cárcel de Coro, a 500 kilómetros de distancia. Las principales consignas de esas protestas fueron contra la inseguridad, pero en los días cercanos al 12 de febrero empezaron a plantear directamente la renuncia de Maduro. Por su parte, el PSUV  comenzó a emplear grupos de choque parapoliciales para disolver las manifestaciones, independientemente de su carácter pacífico o violento, y atacar zonas residenciales. Un ejemplo de estas acciones es la agresión a las residencias Monseñor Chacón en Mérida, lugar en el que se realizaba un cacerolazo, resultando heridas dos personas. Las marchas del 12 de febrero, realizadas en 18 ciudades del país, cambiaron de contenido con respecto a su convocatoria original, convirtiéndose en movilizaciones por la liberación de los estudiantes detenidos y en rechazo a las actuaciones represivas policiales y parapoliciales. Sobre todo en el interior del país, donde el desabastecimiento y la crisis de los servicios públicos es mucho más severa que en la capital, las movilizaciones visibilizaron reclamos relacionados con estos temas.

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