Milagros Salazar | IPS Noticias

Lima. El archivo del caso de la esterilización forzada de más de 2.000 mujeres en Perú durante el régimen de Alberto Fujimori representó un sorpresivo cambio del fiscal encargado. ¿Qué pasó? Esta investigación de IPS confirma que las vías jurídicas no están agotadas.

Foto tomada de www.ipsnoticias.net

El fiscal Marco Guzmán Baca emitió el 24 de enero la resolución que puso fin en esa instancia a la investigación de las esterilizaciones forzadas que se practicaron en Perú entre 1996 y 2000. En ella dispone no denunciar penalmente a Fujimori (1990-2000), ni a tres exministros de Salud y otros funcionarios acusados de responsabilidad en el delito.

“Nos llevaron en camiones. Entramos inocentes y contentas. Pero escuchamos gritos y corrí (…). Las puertas estaban cerradas con candado. Me llevaron en camilla, me ataron los pies y ahí me cortaron”, contó a IPS la víctima Micaela Flores Bañares, de la provincia de Anta, en la sureña región de Cusco, que entonces tenía siete hijos.

Eran unas 30 mujeres que fueron al centro de salud bajo el engaño de una campaña para un chequeo general, recordó.

El dictamen fiscal solo determina procesar a personal de salud del norteño departamento de Cajamarca. Las esterilizaciones formaron parte del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) que crearon Fujimori y su equipo para reducir drásticamente la natalidad en las zonas más pobres del país y que afectó sobre todo a mujeres rurales y quechua hablantes.

Como titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Guzmán tomó el caso en julio de 2013, luego de que las investigaciones se reabrieran en noviembre de 2012.

El proceso, actualmente con 142 tomos, es de larga data. En mayo de 2009, la fiscalía ya había archivado la investigación contra los exministros y otros funcionarios, pese a los reiterados exhortos del sistema interamericano de derechos humanos.

En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa, por el que Perú aceptó indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza, quien murió tras ser esterilizada en Cajamarca.

También se comprometió a investigar y enjuiciar a las autoridades que diseñaron y ejecutaron las esterilizaciones forzadas.

Tras años de idas y vueltas, las organizaciones de derechos humanos vieron una luz en el interés de Guzmán en investigar a Fujimori como autor mediato de esta práctica generalizada y sistemática.

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