El rumor llegó de varios lados: el gobernador del estado impulsa el tripack, o convenio único para meter en cintura a los medios y castigar financieramente a los incómodos. Ante la imposibilidad de confirmar oficialmente la información se realizaron cerca de 15 entrevistas con directivos de medios y funcionarios de gobierno quienes confirmaron el trascendido con una condición, mantener bajo reserva su identidad (solo dos de los entrevistados aseguraron no tener información al respecto). Se analizó la pertinencia de hacer pública la información aún sin fuentes citables, y el argumento que pesó sobre los demás en el debate periodístico fue que los recursos que se ejercen para contratar espacios en los medios son recursos públicos, y los ciudadanos deben saber cómo se manejan y se distribuyen, especialmente cuando se trata de una decisión –la gubernamental— que afecta directamente la calidad y pluralidad de la información que recibirán de los medios de comunicación.

Foto tomada de: comunicacionsocial.puebla.gob.mx

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche 

Si en la primera mitad del sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle el control de los espacios políticos fue uno de los signos característicos, según han referido varios politólogos, en la segunda parte de la administración del panista el control será aún más férreo, pues en la agenda del mandatario la prioridad es sólo una: la construcción de su virtual candidatura para el proceso presidencial de 2018.

Y en esa necesidad política de controlar espacios algunos medios de comunicación se le han escapado a Moreno Valle. Durante tres años varios medios impresos, portales y programas radiofónicos han sorteado el cerco financiero, impuesto por resultarle incómodos, a través de otros entes de gobierno que financian a medios a través de la publicidad oficial: el Ayuntamiento capitalino y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Sin embargo, estas fuentes están a punto de cerrarse debido a una política de contratación de publicidad con candados que dejara fuera a los incómodos: el convenio único o tripack.

Se trata, cuentan a Lado B varios directivos de medios y funcionarios de comunicación social con los que se charló con la condición de no citar sus nombres, de una estrategia para impedir que los medios confrontados con el gobierno del estado –y que no tienen publicidad estatal contratada— ya no puedan seguir financiándose con dinero público y eventualmente “truenen”.

Y aunque se solicitó al vocero del gobierno del estado, Fernando Alberto Crisanto, una entrevista para hablar de la política de comunicación social en los próximos tres años, la respuesta fue una negativa.

Para el director de La Aldea, empresa consultora en temas editoriales, Álvaro Hernández, son los propios medios los que han cavado su tumba pues la dependencia a los recursos públicos ha pervertido el mercado de la publicidad oficial.

El empresario local no está acostumbrado a pagar dinero por la publicidad, dice el director de La Aldea, pues los medios financian o financiaban sus costos de producción y la nómina con los convenios con gobiernos, la publicidad comercial se contrata en intercambio, esa ha sido la dinámica en los últimos años.

Acotan espacios

En noviembre del año pasado hubo una reunión entre el secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y algunos directivos de medios. Ahí, Maldonado les adelantó lo que se venía: la compra de espacios publicitarios en paquete entre las tres principales entidades públicas que, a través de la publicidad oficial, sostienen y financian a los medios de comunicación: BUAP, Ayuntamiento y Gobierno del Estado.

Una política que comenzará a aplicarse entre febrero y marzo de esta año, una vez que concluya la actual administración municipal, y que se renueven y/o firmen los contratos publicitarios en la BUAP.

La idea, sostienen algunas de las fuentes consultadas para este trabajo, no es nueva, se intentó operar desde el inicio de la actual administración estatal.

Foto: Es Imagen | Archivo

Un gobierno, el de Moreno Valle, que llegó con varias afrentas mediáticas tras una muy complicada elección en donde la mayoría de los medios estatales se lanzaron en cargada con el candidato –Javier López Zavala— impuesto por el priísta Mario Marín para ser su sucesor.

Pero la idea no cuajó. Los acuerdos tomados en reuniones que se realizaron en 2010, durante el proceso de transición, entre gente de los equipos de trabajo de las tres entidades (Marcelo García encabezando al grupo de Moreno Valle, Ignacio Dávila del equipo de Eduardo Rivera y Jorge David Cortés de la BUAP) no llegaron a cumplirse, lo que debilitó la idea de trabajar con una lista reducida de medios, como se pretendía.

Así, la primera mitad del gobierno de Moreno Valle fue de confrontación con un sector de la prensa que incluyó demandas civiles contra algunos columnistas, aunque no prosperaron.

Se sabe incluso que desde el gobierno del estado se intentó que tanto el ayuntamiento como la BUAP cancelaran contratos de publicidad con medios incómodos, pero la propia confrontación política que el mandatario tuvo en varios momentos con el gobierno del panista Eduardo Rivera y la administración del priísta Enrique Agüera, lo impidieron.

Pasada las elecciones intermedias, con el triunfo de Antonio Gali Fayad, el candidato morenovallista a la alcaldía poblana, y la llegada de Alfonso Esparza en sustitución de Enrique Agüera, el proyecto de unificar la compra de espacios publicitarios para ejercer un mayor control de los medios revivió.

–Tenemos que evitar que nos suceda lo de la elección (de 2013) –palabras más, palabras menos, Luis Maldonado el secretario de General de Gobierno planteó así la nueva política de comunicación social para la segunda mitad del sexenio ante el reducido auditorio que lo escuchaba.

Pues en los primeros tres años de gobierno, y durante el proceso electoral tanto la BUAP como el ayuntamiento capitalino mantuvieron una relación comercial con medios que el gobierno del estado tenía vetados como: La Jornada de Oriente, Intolerancia, e-consulta, entre otros.

En esos tres años la relación con este último portal se tensó a tal grado que el director del medio, Rodolfo Ruiz, denunció ser víctima de un boicot comercial y una persecución judicial contra sus familiares, cortesía del gobierno morenovallista.

¿Ayuntamiento, estado… y BUAP?

La idea, explican las fuentes consultadas, es que cada una de las tres entidades contrate un grupo de medios que incluya impresos, televisión radio y portales de noticias. Cada grupo tendrá contrato sólo con una de las entidades y no con las tres como sucede actualmente, pero los medios deberán atender informativamente a los tres.

Se trata, de acuerdo con un funcionario de gobierno consultado, de una estrategia que permitirá un mayor control de los medios y evitará que los incómodos obtengan recursos de alguna de las fuentes mientras mantienen confrontación con las otras.

Es decir, los medios tendrán que ser palomeados por las tres entidades. Aunque a decir de algunos, la definición final correrá a cargo del mandatario estatal.

Y aunque se solicitó en dos ocasiones entrevista con el nuevo vocero de la máxima casa de estudios, Alfredo Avendaño para platicar del tema, la petición jamás fue atendida

Que el gobierno municipal y el gobierno del estado puedan trabajar con políticas de comunicación homologadas y una coordinación entre ellas se da casi de facto, no sólo por que el presidente electo, Antonio Gali Fayad proviene del grupo político del mandatario estatal y recibió un fuerte impulso lo mismo como secretario a cargo de la obra pública que como candidato, sino porque además se prevé que la dirección de Comunicación Social quede a cargo del anterior vocero de Moreno Valle: Marcelo García Almaguer, quien durante casi un año mantuvo el control de todo el aparato de comunicación del estado, es decir, la dirección de comunicación social y la televisora y radio estatales, además de dirigir la política digital de Puebla.

Lo que llama la atención de algunos de los entrevistados es que se haya amarrado también el presupuesto y la política de comunicación social de la universidad pública, un asunto que, dicen, podría atentar contra la autonomía de la Máxima Casa de Estudios.

Aunque la relación de dependencia entre el Carolino –sede de gobierno de la BUAP– y Casa Puebla no es nueva. Conviene recordar que Enrique Doger Guerrero salió de la rectoría para contender por la presidencia municipal de Puebla en 2004 con el aval del entonces gobernador, Melquiades Morales Flores.

Y que Enrique Agüera, sucesor de Doger Guerrero en la rectoría de la BUAP, mantuvo una estrecha relación política con el gobernador Mario Marín Torres –quien incluso apadrinó a la hija del dirigente universitario en su fiesta de 15 años—, lo que le permitió ser lanzado como candidato a la presidencia municipal de Puebla en la pasada elección de 2013.

¿Cómo se logró que la BUAP, teniendo ya al frente a Alfonso Esparza Ortiz,  se sometiera a la línea dictada por Casa Puebla? –se pregunta en una de las 14 entrevistas que se realizaron para este trabajo.

–No se te olvide que Agüera le deja la rectoría a Esparza –tras la renuncia en marzo de 2013 de Enrique Agüera, el Consejo Universitario controlado hasta ese momento por éste, nombra a Esparza como rector sustituto a propuesta presentada por el investigador René Valdivieso—, pero Esparza tuvo que negociar con el gobernador su llegada, pero sobre todo la elección para mantenerse en el cargo los cuatro años que dura el gobierno, no dudo que como parte de la negociación haya entrado el tema de los medios incómodos y el financiamiento de la BUAP. No se te olvide además que tras al derrota de Agüera como candidato a la presidencia de la capital desaparecieron dos medios que apoyaron abiertamente a Agüera: Diario Cómo? y Puebla Sin Fronteras.

Para que la cuña apriete…

Rafael Moreno Valle ha tenido a lo largo de sus primeros tres años de gobierno cuatro voceros:

• Norberto Tapia Lastiniere.- Apenas duró unos meses y dejó el cargo tras el escándalo de la renta de equipo de Televisión Educativa.
• Sergio Ramírez Robles.- Dejó tras su paso en Puebla serios cuestionamientos en su relación con directores y columnistas a través de las redes sociales. Actualmente dirige la televisora estatal en Jalisco.
• Marcelo García Almaguer.- Acompañó al gobernador durante su campaña electoral y es uno de los integrantes del grupo más cercano al mandatario, trabajan juntos desde que Moreno Valle dirigió la Secretaría de Finanzas en el sexenio de Melquiades Morales Flores, y también fue parte del equipo de comunicación, marketing político y redes de Antonio Gali Fayad durante la campaña de 2013.
• Fernando Alberto Crisanto.- El único de los cuatro que viene del gremio periodístico, fue corresponsal del periódico La Jornada y director en diferentes momentos de los diarios Cambio y Milenio Puebla. Es la segunda ocasión que dirige el área en el gobierno del estado, la primera lo hizo en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales.

¿Ha cambiado algo la llegada de Fernando Crisanto al área de comunicación social del gobierno del estado? La pregunta se repite a lo largo de las más de diez entrevistas que se tuvieron con directivos de medios.

–No –la respuesta es consistente a lo largo de las charlas–, la política de control se mantiene. Hay sí mucha más interlocución. A diferencia de Tapia Lastiniere que parece que jamás se enteró dónde estaba parado, o de Sergio Ramírez que llegó a confrontarse con los medios y pelearse por redes sociales, o de García Almaguer –quien reporteros y fotógrafos señalaron en días pasados como quien dio la orden de impedir el acceso a medios al Auditorio de la Reforma durante el 3er Informe de Moreno Valle–, con Crisanto se puede platicar, pero eso no ha cambiado la situación en lo absoluto.