Otra negativa más de AVG: ahora fue el turno de Chiapas

Otra negativa más de AVG: ahora fue el turno de Chiapas

Anaiz Zamora Márquez | Cimac

A decir de organizaciones civiles, la no prevención de la violencia intrafamiliar y de pareja, el no otorgamiento de órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia, y la carencia de programas específicos para prevenir este flagelo incrementan el número de mujeres asesinadas.

La carencia de acciones también llevó a que en noviembre pasado activistas presentaran de manera oficial una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Chiapas, que fue negada hoy en sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).

Lo anterior aunque las cifras revelan la alta incidencia de violencia contra las mujeres en el estado y que con los años va en aumento.

Por ejemplo, el informe “Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios” –elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)– da cuenta que desde 2009 Chiapas mostraba un incremento en el número de muertes de mujeres por presunción de homicidio.

Mientras en 2005 fueron presuntamente asesinadas 30 mujeres, para 2009 la cifra ascendió a 65. También hubo un incremento en el porcentaje de muertes en las que la lesión que las produjo ocurrió en la vivienda, al pasar de 33.3 a 38.5 por ciento en el mismo periodo. La mayoría de los asesinatos se perpetró con métodos brutales como ahorcamiento o ahogamiento.

El informe publicado en 2010 también indica que menos de uno de cada ocho asesinatos de mujeres fue certificado por un médico legista, y que el 28.2 por ciento de las chiapanecas habían sido víctimas de algún incidente de violencia a manos de su pareja.

Cifras de la Procuraduría de Justicia de Chiapas –contenidas en el reciente informe “Órdenes de protección en México”, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio– revelan que la violencia contra las mujeres no cedió en los años posteriores.

Para 2012 las autoridades chiapanecas atendieron mil 77 hechos de violencia de género, y del total de los casos revisados sólo en el 3 por ciento se emitió una orden de protección.

Es decir, fueron otorgadas sólo 36 órdenes de protección emergentes con una temporalidad de 72 horas, aunque la autoridad no explicó en que consistieron tales acciones.

Tomada de cmdpdh.org
Tomada de cmdpdh.org

De acuerdo con la abogada Martha Figueroa Mier, directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, la deficiencia de las autoridades para otorgar protección a las mujeres y detener este tipo de violencia, deriva en que los casos de feminicidio en la entidad vayan en ascenso.

En entrevista telefónica con esta agencia, la activista denunció que 2013 terminó con 90 casos de feminicidio. Cabe recordar que en 2012 la cifra de mujeres asesinadas violentamente fue de 97.

Lo más grave para Figueroa es que el 80 por ciento de los casos corresponden a asesinatos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, lo que para la activista “es la culminación de la violencia reiterada que viven las mujeres en sus hogares y que no es atendida por nadie”.

Señaló que aunque las autoridades no reconocen todos los casos como feminicidio, a raíz de las exigencias y movilizaciones sociales, la procuraduría se ha mostrado más abierta a brindar información a las organizaciones y detener a los feminicidas.

Es de mencionar que desde 2012 grupos civiles declararon una “Alerta Ciudadana de Violencia de Género”, que consiste en actividades de prevención, información y atención a mujeres víctimas de violencia. En septiembre de 2013 se lanzó la campaña “Cuidado, el machismo mata”.

Figueroa informó que de los 51 casos que la procuraduría reconoció como feminicidio hasta noviembre del año pasado, 45 cuentan con un presunto responsable detenido y de éstos, 10 tienen sentencia condenatoria, pero “de nada sirve que detengan a los feminicidas si no detienen el feminicidio”, sentenció.

Además de que para muchas chiapanecas el acceso a la justicia aún es limitado, pues aunque el estado está compuesto por 123 municipios, sólo hay 77 agencias del Ministerio Público en la entidad, por lo que hay mujeres que deben recorrer largos trayectos para denunciar la violencia intrafamiliar o pedir protección.

La abogada expuso que todo ello representa violencia feminicida y que “en Chiapas no estamos hablando de medidas de reacción, sino de medidas de prevención, pues como sociedad civil no queremos seguir contando mujeres asesinadas”.

Figueroa Mier explicó que la solicitud de AVG se presentó de manera oficial el pasado 25 de noviembre –Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres–, para señalar al Estado que tiene que invertir recursos en la prevención de este flagelo y que podrían ser otorgados mediante la AVG.

Pese a los datos y los reiterados llamados, hoy el SNPASEVM  sesionó de manera extraordinaria para, como ya es costumbre, negar la procedencia de una investigación por violencia feminicida en la entidad.

Cabe recordar que también el pasado 25 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que según el discurso oficial haría operable la AVG.

El nuevo reglamento eliminó la votación del sistema y creó un Consejo (cuyos integrantes aún no han sido definidos), que determinará la procedencia o no de declarar una AVG luego de seis meses de acciones que deberá emprender el estado determinado.

La solicitud chiapaneca entró bajo las consideraciones del antiguo reglamento y fue la última que votó el pleno del SNPASEVM.

Ante la nueva negativa, Figueroa adelantó que se presentará un amparo para contrarrestar la decisión, y a la par de los recursos jurídicos activistas continuarán las campañas de prevención y denuncia ciudadana, “pues no esperaran que el Estado o las autoridades locales tomen cartas en el asunto”

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