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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En 2013 el gobierno del estado, el ayuntamiento capitalino y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), destinaron poco más de 250 millones de pesos para el pago de la publicidad oficial. Un pastel publicitario que se distribuye de manera discrecional pues no existen reglas para la contratación de medios y espacios publicitarios en ninguna de las tres entidades, señalan investigadores.

“Un proyecto (de Convenio único o Tripack) como el que se pretende –señala vía telefónica Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19— no es positivo, pues detendrá la pluralidad informativa y empobrecerá la oferta informativa. En general la práctica del convenio publicitario entre gobierno y medios de comunicación no es positiva, porque son acuerdos que no se hacen públicos”.

Y no sucede puesto que no hay ley alguna que obligue a los gobiernos, estatales o federal a hacerlo, a pesar de que PRI, PAN, PRD y PT han presentando iniciativas en la Cámara de Diputados y la de Senadores en ese sentido.

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A nivel local en noviembre de 2012 el entonces diputado del PAN, Juan Carlos Espina Von Roerich presentó una “iniciativa de Ley que regula la Comunicación Gubernamental”; en ella señaló que en los últimos años se ha ejercido desde los entes de gobierno una censura indirecta: “lo métodos más frontales y directos de presión gubernamental, como el cierre de medios, los ataques físicos y asesinatos o los procesos judiciales contra periodistas, han declinado por mecanismos más sofisticados, más complejos y menos visibles para silenciar a las voces críticas”.

En su exposición de motivos, el panista también cita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos para señalar que “la obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. Sobra decir que la iniciativa de Espina Von Roerich, al igual que las 13 que se han ingresado en el poder Legislativo federal siguen en la congeladora.

Referente de opacidad

El de gobierno de Rafael Moreno Valle ha sido, señala Ana Cristina Ruelas, uno de los referentes de opacidad a nivel nacional en lo que se refiere a publicidad oficial. En los dos estudios realizados en conjunto por Artículo 19 y Fundar, el gobierno estatal ha salido mal calificado pues se ha resistido a entregar la información sobre contratos y convenios publicitarios.

Finalmente, a mediados de 2012, es decir año y medio después de iniciada la administración morenovallista, se dio a conocer un listado con los montos de los contratos publicitarios del gobierno del estado. Ahí se pudo conocer que Televisa y TV Azteca le cobraron 112 millones de pesos –el 62 por ciento del total del presupuesto de comunicación social de ese periodo– al gobierno de Moreno Valle en su primer año de administración.

En diciembre pasado la administración morenovallista dio a conocer su relación de gastos en su segundo año de gobierno, y una vez más la Televisa se quedó con la tajada más grande, en dos contratos la empresa propiedad de la familia Azcarraga obtuvo casi una cuarta parte del presupuesto anual, 23.2 millones de pesos.

Y si el gobierno estatal se ha resistido a hacer pública su relación comercial con los medios, y sólo a cuentagotas ha liberado cierta parte de la información; el ayuntamiento encabezado por el panista Eduardo Rivera y la BUAP, dirigida primero por Enrique Agüera y recientemente por Alfonso Esparza, mantienen una opacidad completa con el argumento de que los contratos contienen cláusulas de confidencialidad.

Hasta la fecha, las dos administraciones sólo han hecho público su presupuesto oficial –91.9 millones el primero, 32.9 millones el segundo— pero no han publicado cómo se distribuye ni con qué medios tienen convenios firmados.

Publicidad sólo para promocionar personajes

El problema, sostiene la investigadora de Artículo 19, es que la publicidad oficial pocas veces sirve para ofrecer información útil a los ciudadanos

“Un análisis que realizamos a los comerciales que emiten los gobiernos durante el periodo en el que el Cofipe les permite promocionar sus acciones de gobierno descubrimos que en realidad no te dicen nada y que sólo posicionan al personaje, el caso de Puebla por ejemplo hasta campañas en el cine vimos (2do Informe de Gobierno)”.

Y cuestiona: “¿Que tanto sirve la publicidad oficial? ¿Es para informar o sólo para promocionar a personajes?”.

Presupuesto anual (Comunicación social)