• Sindicalistas o investigadores que denuncian los abusos son a menudo denunciados y censurados por las empresas

Laura Villadiego | Periodismo Humano

Bangkok, Tailandia. “No grabes los logos o el nombre de ninguna empresa si no quieres que te denuncien”, recomienda una investigadora medioambiental durante la realización de un reportaje. No es un consejo trivial. Los tribunales se han convertido en un medio eficaz en Tailandia para silenciar a aquellos activistas, sindicalistas, medios o investigadores que ponen su punto de mira sobre las consecuencias del rápido desarrollo económico del país asiático.

Foto tomada de www.periodismohumano.org

Tailandia ha pasado, en poco más de 25 años, de ser un país rural a convertirse en una de las principales economías exportadoras del mundo. En 2012 el comercio con países extranjeros supuso hasta un 75 por ciento de su PIB, según el Banco Mundial, y la industria tailandesa es ahora líder mundial en sectores como las gambas, el atún, las frutas procesadas, los automóviles o ciertos dispositivos electrónicos.

Pero este veloz crecimiento económico no ha estado exento de polémica. Numerosos informes, tanto de ONG’s como de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, han denunciado la base sobre la que se ha construido buena parte de esa industria: la explotación laboral y la contaminación medioambiental. Así, durante años se han revelado las dantescas condiciones de los trabajadores migrantes, procedentes de países vecinos más pobres, que sin papeles son sometidos a todo tipo de abusos laborales fundamentalmente en la industria pesquera. Otros han puesto de manifiesto el fuerte impacto ecológico de las actividades de las fábricas, debido a la deficiente gestión de los residuos industriales en un país donde las leyes medioambientales han empezado a desarrollarse hace apenas un lustro.

Uno de los últimos acusados, el activista de origen británico Andrew Hall, es el autor de uno de esos informes. Su investigación “Cheap has a high price” (“Lo barato tiene un alto precio”), publicada en enero de 2013 en colaboración con la ONG finlandesa Finnwatch y otros cuatro autores, relataba los abusos a trabajadores inmigrantes en tres grandes factorías exportadoras de Tailandia. Una de ellas, Natural Fruit, se querelló contra el investigador británico, quien había realizado las entrevistas a los trabajadores y quien había además presentado el estudio en la capital tailandesa. El activista y académico, que lleva años documentando los abusos a inmigrantes en Tailandia, se enfrenta ahora cuatro cargos – tres por difamación y uno por violar la Ley de Delitos Informáticos – que podrían suponerle una condena de hasta 7 años de prisión y una multa de 7,5 millones de euros. “Es evidente que detrás hay mucho más que una simple ofensa por difamación. Lo que quieren es silenciarme”, asegura el británico a Periodismo Humano quien ve la complicidad del gobierno después de que anularan su permiso de trabajo poco después de la acusación. “Ya lo han intentado antes. Este sólo es el último nivel de acoso”, afirma.

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