Lado B
Violencia contra las mujeres se agrava si son pobres e indígenas
 
Por Lado B @ladobemx
28 de noviembre, 2013
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Cimac

México, DF. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó que de junio de 2012 a la fecha hubo 353 casos de violación a las garantías humanitarias de mujeres indígenas de esta zona del estado de Guerrero.

Foto: Notimex

Foto: Notimex

Hubo 119 agresiones por violencia física, 96 por violencia económica, 83 por violencia psicoemocional, 11 casos de violación sexual y dos muertes maternas, detallaron mujeres indígenas y mestizas de la zona de La Montaña reunidas en el “Encuentro de mujeres: Desde lo más hondo de nuestro corazón, no más violencia”.

En un pronunciamiento, las participantes dijeron que en todos esos hechos de violencia de género se detectó como factor común la discriminación que padecen las mujeres al momento de acudir ante las dependencias de gobierno para denunciar o solicitar apoyo psicológico o médico.

En el encuentro, realizado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las asistentes repudiaron la violencia que enfrentan en diversas formas y espacios, la cual se agrava por ser pobres e indígenas, y que a su vez atrae discriminación, exclusión y marginación.

Por ello se pronunciaron por una vida plena, justa y libre de violencia, así como el derecho a decidir sobre sus vidas, además de acceso a una justicia comunitaria sensible y respetuosa.

Además las indígenas exigieron la libertad de las mujeres presas por luchar por sus derechos y los de sus pueblos, como la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, Néstora Salgado García.

De igual manera pidieron justicia para la familia de Juana Espinoza Apolinar, mujer indígena que murió por el incumplimiento del Estado mexicano de garantizar su derecho a la salud.

Por último demandaron a los tres niveles de gobierno la implementación inmediata de medidas de protección desde el momento en que una mujer denuncia un acto de violencia, y que los ministerios públicos actúen con la debida diligencia en los asuntos sobre violencia de género o en los que estén involucradas mujeres indígenas.

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