Justicia a medias para indígenas acusadas de secuestrar policías

Justicia a medias para indígenas acusadas de secuestrar policías

  • Aunque Jacinta, Alberta y Teresa logren que un Tribunal Fiscal ordene la reparación de daño por la violación a sus derechos, ninguna autoridad está obligada a ofrecerles una disculpa pública y reconocer su inocencia

jacinta

Tania L. Montalvo | Animal Político

La falta de leyes que obliguen a las autoridades mexicanas a reparar el daño de las víctimas ­íntegramente llevó a tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a emprender un juicio atípico que podría resolverse el próximo miércoles y con el quebuscan justicia, aunque sólo puedan lograrlo a medias.

Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial esperan la resolución de un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde desde marzo denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) cometió fallas administrativas en sus juicios tras ser acusadas por el secuestro de seis agentes de la AFI en marzo de 2006.

“En el país no hay vías para lograr la reparación del daño, así que atípicamente lo estamos pidiendo ante un Tribunal Administrativo y Fiscal y estamos yendo contra PGR, no contra el juez que les dictó sentencia porque en México no hay una legislación mediante la cual se pueda reconocer que hubo error judicial y responsabilidad del Estado”, explicó en entrevista Luis Tapia Olivares, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

El defensor dijo que ésta es la primera vez que en México se exige una reparación del daño por fallas administrativas que conllevaron a violaciones de derechos humanos, y aunque el alcance del recurso es limitado lo que buscan “es dar el mensaje de que la actuación de la PGR a través del Ministerio Público está controlada judicialmente y que deben hacer sus averiguaciones previas de la manera adecuada, respetar el debido proceso y que cada vez que no lo hagan el Estado va a tener que pagar aunque sea sólo económicamente por su actividad irregular”.

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