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Ángeles Mariscal | Chiapas Paralelo

@AngelesMariscal

A la comunidad La Arena, ubicada a cinco horas de la cabecera municipal de Ocosingo, llegaron en mayo pasado dos personas que dijeron ser empresarios agrícolas de Sonora. Ofrecieron trabajo como jornaleros a los jóvenes del lugar, un grupo de diez se fueron. Familiares  volvieron a saber de ellos cuando uno, herido, logró avisar que los llevaron a un campos de cultivo de droga, de donde escapó.

Para el mes de octubre de 2012, la organización Voces Mesoamericanas Acción con los Pueblos Migrantes, tenía detectados los casos de 115 jóvenes originarios de comunidades rurales de Chiapas, desaparecidos luego que migraron para trabajar como jornaleros en otros estados del país. En dos de estas situaciones, se comprobó que los jóvenes fueron víctimas de reclutamiento forzado. A ellos, originarios de la zona Altos, grupos de la delincuencia organizada los llevaron con engaños a campos de entrenamiento en la Península de Yucatán.

“Se les dijo que tenían que hacer trabajos de jornaleros agrícolas, pero al llegar al lugar vieron que era campos de entrenamiento del narcotráfico, donde se les dio un entrenamiento paramilitar y sentenció a que tenían que permanecer por tiempo indeterminado, a riesgo de perder la vida o cobrar venganza con familiares, en caso de querer escapar”, explicó la organización.

Ante esta situación, la Remui lanzó una alerta al Estado Mexicano, durante el Segundo Foro para evitar la Trata de Personas, en jóvenes indígenas en Chiapas.

Reclutamiento forzado

Los reclutamiento forzado no son nuevos en el país. En estados como Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León-Monterrey y el Estado de México, desaparecieron entre los años 2006 a 2012, más de 26 mil 500 personas.

De acuerdo a los comités de familiares de desaparecidos, en un número importante de casos se comprobó que las víctimas –casi todos jóvenes entre los 15 y 35 años- habían sido secuestradas mediante diferentes métodos, y eran obligados a servir a la delincuencia organizada.

Lo mismo eran obligados y obligadas a ser sicarios, que a trabajar en los campos de cultivo de droga, en los centros de procesamiento, en el área doméstica, o en el servicio sexual de quienes se dedican a esta actividad.

Sin embargo, al decir de Amparo Gutiérrez Reyes, coordinadora nacional de la REMUI, los casos de reclutamiento forzado o trata de personas se está extendiendo a los estados del sur del país, que tienen como denominado común altos índices de pobreza.

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