Prensa Ibero

La actual propuesta de reforma energética pone en vulnerabilidad a México y pretende regresar cien años su reloj histórico, al constituirse como una traición al mandato aprobado en la Constitución de 1917.

Así lo apuntó el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, destacado investigador de la Universidad Iberoamericana, en el marco del 43 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas, responsable de la expropiación petrolera.

De llevarse a cabo, la reforma significaría una traición a todas las legislaciones que progresivamente reafirmaron el dominio directo, la explotación exclusiva y el uso de recursos del subsuelo para el desarrollo de la nación, así como “cedería de un plumazo, a cambio de nada”, los derechos establecidos al firmar el Tratado de Libre Comercio, en el que se señaló que todas estas actividades quedaban reservadas para el gobierno mexicano.

Para el especialista de la Dirección de Investigación de la Ibero, la iniciativa de reforma energética, “de forma dolosa” cita más de cuarenta veces el legado de Cárdenas, pero  omite el artículo 9 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, que señala que las empresas y los particulares, manteniéndose el dominio directo del Estado para la explotación de los hidrocarburos, no podrán realizar actividades de explotación y extracción de crudo para su propio beneficio.

Cárdenas fue muy claro en subrayar que en estas actividades solamente podrían participar compañías formadas por mexicanos y en ningún caso empresas que emitieran acciones al portador, “con lo que claramente estableció que los bancos y los accionistas de empresas  no pudieran prestar estos servicios a nombre y por cuenta del Estado, cuestión omitida en toda esta pseudo argumentación”, dijo Montoya.

Doctor por la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford, con especialidad en políticas de Estado sobre la revolución tecnológica, Montoya precisó que el texto original del artículo 27 constitucional aprobado en 1917 estableció la propiedad originaria y el dominio directo del Estado sobre el territorio nacional y en particular, sobre los bienes del subsuelo.

Y es que durante el prolongado gobierno de Porfirio Díaz se otorgaron concesiones a empresas extranjeras “que prácticamente no aportaron recursos importantes para el erario público, no desarrollaron una industria nacional y fueron empresas de enclave que explotaron los recursos en beneficio de la propias empresas y de la economía estadounidense”, expresó.

“La constitución de 1917 dio término a esa condición, pero la presión estadounidense para que dichas reformas constitucionales no tuvieran vigencia fue muy importante. Recordemos el asesinato de Venustiano Carranza, quien promulgó dicha constitución y fue asesinado justamente por actores militares y de seguridad vinculados con las empresas petroleras ubicadas en la Huasteca, con el apoyo y acuerdo de Álvaro Obregón, como se ha constatado en las investigaciones históricas”, dijo el experto.

El posterior asesinato de Obregón en 1928 motivaría la creación del Partido Nacional Revolucionario bajo el liderazgo de Plutarco Elías Calles, quien inició la construcción de un régimen político que pretendería realizar los mandatos establecidos en la constitución de 1917.

“Sin embargo, éste no propició que fuesen llevados a la práctica y fue hasta que Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de la República, que con una clara decisión, lo llevó a cabo en diversos ámbitos, como el laboral y el del reparto agrario”, indicó el académico de la Ibero, para quien Cárdenas no sólo logró un mayor desempeño macroeconómico que cualquier otro gobierno mexicano en las últimas tres décadas, sino que  “recuperó la dignidad de la nación frente a lo que hoy observamos rampante, vulgar, salvaje y sin límite como la expansión de las corporaciones globales sobre los estados nación, que se ven sometidos y reducidos a condición de instrumentos para la acumulación de estas corporaciones”.