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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche 

No dijo ni sí ni no, sólo un: “habrá que esperar a ver qué dice el Congreso”. Luego Federico González Magaña intentó evadir las preguntas de la prensa sobre las facturas de los helicópteros Agusta, documentos sobre los que, con el apoyo de Javier Fregoso Sánchez, presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), bloqueó el acceso al reconocerlos como información reservada.

–“Podríamos discutirlo, pero me parece que este no es el momento ni el espacio adecuado”, dijo, luego sorteó las grabadoras. Y calzado con un par de zapatos rojos a juego con el cinturón y la corbata, González Magaña subió los escalones del auditorio del parque Tecnológico del Tecnológico de Monterrey. Acababa de terminar la primera de las tres charlas que se ofrecieron como parte de las actividades de la Semana de la Transparencia –dos días en realidad— y había librado el escollo mediático que lo acompañó parte de la mañana, y los días previos, cuando el Nodo de Transparencia de la organización Actívate por Puebla solicitó por escrito al Congreso del estado que lo llamaran a comparecer para que explicara las razones de su decisión de reservar las facturas de las aeronaves estatales.

Al menos una hora antes el Contralor del estado, Eukid Castañón, y Fregoso Sánchez ya habían abordado brevemente el tema, el primero para avalar la opacidad:

–Es un tema que se ha venido trabajando en las instancias correspondientes, se han seguido los procedimientos específicos y va avanzando conforme a corresponde. No tengo una opinión, salvo lo que se ha establecido en las instancias competentes.

El segundo, para pedir que no satanicen a la comisión que preside y representa por una sola resolución:

–Yo creo que tendría que darse un análisis a fondo de todo, porque no se puede dar por un asunto toda una situación de que somos opacos. Ese asunto ya se ventiló, ya se dijo, y está expuesto a la opinión pública.

Aunque no se trata de un solo caso, las cifras estadísticas y los recursos de revisión resueltos relevan que de 69 casos resueltos la CAIP sólo ha fallado en contra del gobierno del estado en 11 ocasiones, apenas el 15 por ciento de las veces. De esos 69 casos, 24 quedaron en manos de González Magaña quien sólo en una ocasión consideró necesario ordenar al gobierno de Rafael Moreno Valle entregase la información solicitada, es decir apenas en el 4 por ciento de las veces falló contra el gobierno estatal. Muy lejos de la dura mano que ha mostrado cuando se trata de resolver impugnaciones a respuestas otorgadas por gobiernos municipales, pues de 14 casos que ha llevado, en 12 ha votado en contra de estos.

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Federico González Magaña llegó junto con Josefina Buxadé Castelán –ex comisionada de Transparencia y actual diputada local— a Puebla de Acuerdo de la mano de Verónica Mastretta, eran principios del 2010.

Foto: Joel Merino | Archivo

–Puebla de Acuerdo –cuenta Gabriel Hinojosa desde su despacho en la prolongación de la Reforma— fue un grupo bastante plural que se conformó en torno a una idea en común, lograr la alternancia. Un tema de avance democrático después del sexenio de Mario Marín. Y sí, González Magaña fue parte del grupo, yo diría entusiasta de que se tuviera éxito. No era un grupo morenovallista, lo que buscamos fue incidir en el PRD y el PAN para que accedieran a ir juntos a sabiendas de que de no hacerlo el gobernador Marín con el apoyo del Instituto Electoral los derrotaría fácilmente. Pero, cuando la alianza se concretó las señales de los partidos y del candidato fueron muy claras, mandaron a volar los compromisos de calidad. En ese momento, incluso se dio una rueda de prensa, el grupo Puebla de Acuerdo se baja y se disuelve.

Y tras la disolución, “hubo un rompimiento público, pero no escandaloso”, algunos integrantes del grupo decidieron seguir en campaña. Verónica Mastretta amarraría una posición en la planilla de regidores como una posición del PRD, y Josefina Buxadé Castelán lograría la candidatura como diputada por el distrito cinco. Al equipo de la entonces jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, se integraría González Magaña como asesor electoral.

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–Yo respeto, profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, me parece que si está hecha ya la petición en el Congreso (de que comparezca), al que respeto profundamente como soberanía, habrá que esperar a ver qué dice el Congreso.

González Magaña tiene de frente las grabadoras. Acaba de terminar la ponencia sobre “seguridad Pública y Protección de Datos” que ofreció Edgar Corzo Sosa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en los 15 minutos intermedios el comisionado atiende la breve entrevista.

Un día antes Mario Riestra Piña, el coordinador de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y uno de los legisladores a quién dirigió la petición el Nodo de Transparencia (las otras dos fueron Josefina Buxadé y Fernanda Huerta, presidentas de la comisión de Gobernación y Transparencia, respectivamente), calificó de riesgoso que el Congreso llamara a comparecer a Magaña.

Citado por el periódico La Jornada de Oriente, Riestra dice: “Hay un principio de los órganos autónomos que es importante tener en cuenta y es que sus decisiones no pueden ser atacables y esto les permite tener certidumbre en su actuar”.

Tal vez por eso, Magaña pide esperar a que el Congreso se pronuncie, tal vez. Pero mientras eso sucede, el comisionado todavía tiene frente a sí las grabadoras:

–Sólo hay una resolución en donde has fallado en contra del gobierno del estado, esto da la sensación de que hay opacidad o protección de tu parte.

–Es una percepción errónea –contesta–, cada una de las resoluciones se sostiene por sus méritos, y todas se apegan al principio de legalidad.

–¿Y la de las facturas? hay polémica al respecto.

–Si, hay polémica pero fue mi criterio y se apega al principio de legalidad.

–Las facturas en general, ¿no deben ser públicas comisionado?

–Podríamos discutirlo, pero me parece que este no es el momento ni el espacio adecuado.

–Sólo responda si o no.

–Sí, pero recuerda que hay salvedad en la ley de transparencia que tiene que ver con la seguridad pública. Y esa fue mi resolución.

–Pero ni siquiera viste las facturas, comisionado.

–No hacía falta. Creo que podemos platicarlo más profundamente en otro momento. Gracias por la entrevista.

El comisionado evade las grabadoras y sube los escalones. El Congreso aún no se ha pronunciado sobre la petición.