Martín López Calva*

@M_Lopezcalva 

En un video que ha tenido mucho éxito en las redes sociales y se ha comentado en varios medios de comunicación a nivel nacional y local, el Dr. Manuel Gil Antón, académico de El Colegio de México plantea una metáfora sugerente para entender la reforma educativa. Si ud. Lector no ha visto este material, lo invito a hacerlo aquí.

En esta metáfora, Gil Antón compara el problema con un autobús de pasajeros que está completamente desgastado y destartalado, la palanca amarrada con un alambre, el motor sin potencia y a punto de desbielarse, los asientos y los vidrios rotos, etc. Este autobús intenta circular por un camino de terracería –el país- que también se encuentra en pésimas condiciones, lleno de baches, piedras, obstáculos y casi intransitable.

El planteamiento central consiste en que alguien llega a tratar de arreglar la situación del autobús y plantea como solución mejorar a los choferes capacitándolos, evaluando su trabajo y, llega a decir el investigador mencionado, a “ponerles corbata”. Esta solución, según la metáfora, es evidentemente insuficiente porque se tendría que trabajar fuertemente en arreglar el autobús e incluso en mejorar el camino al mismo tiempo que se trabaja con los choferes.

La metáfora resulta ilustrativa y tiene sin duda razón en cierta medida, pero omite plantear un elemento fundamental que es el que están tratando de resolver la reforma constitucional y las leyes reglamentarias que sustentan la reforma educativa que se está iniciando con tanta oposición por parte de algunos sectores del magisterio.

 El elemento que falta consiste en que el dueño del autobús –la sociedad mexicana que paga impuestos a través del gobierno que la representa- lleva décadas tratando de arreglar el autobús sin poder lograrlo debido a que el sindicato de choferes tiene el control de los recursos y las decisiones. El mismo dueño del autobús le cedió en algún momento el poder al sindicato de choferes y resulta que ahora que quiere recuperarlo enfrenta una gran oposición porque el sindicato no quiere perder todos los privilegios que ha tenido a partir del manejo discrecional y opaco de los recursos que en realidad deberían haberse invertido en la mejora del autobús.

El informe sobre el (Mal)gasto educativo presentado la semana pasada por la organización “Mexicanos primero” ilustra de manera dramática e indignante el grado de maltrato que tiene el autobús de la metáfora -el sistema educativo, en concreto las escuelas que lo conforman- y presenta evidencias sólidas a partir de datos oficiales que demuestran el inmenso desvío de dinero que se ha hecho hacia los fines del sindicato, dinero que debería haberse invertido en la dignificación de las escuelas.

El informe revela datos que demuestran que el gasto en materia educativa en nuestro país es ineficaz -30% de las primarias no tienen biblioteca, 44% de las escuelas rurales no tienen baño y 94% no tienen laboratorio de ciencia-, inequitativo –mientras  la inversión por niño en Tabasco es de $35,000 anuales; en Chiapas es de $12,000 -, capturado –porque mientras las escuelas y los maestros carecen de lo elemental para su trabajo, nunca falta dinero para el sindicato-, ineficiente –pues está totalmente desorganizado en su planeación, ejercicio, seguimiento y evaluación-, opaco pues no hay transparencia ni rendición de cuentas de los gobiernos acerca del gasto educativo -Más de 3 mil millones de pesos se pagan cada año a comisionados y cúpulas sindicales- y corrupto pues gran parte del dinero se gasta en aviadores, comisionados y plazas que se venden o rentan  –sólo en 2010 y 2011, la Auditoría Superior identificó un uso irregular de más de 25 mil millones de pesos-.

Según el informe, del total del presupuesto educativo que asciende a 363 mil 500 millones de pesos, se destina el 84.3% a sueldos y salarios mientras que se aportan solamente 0.7% a libros y materiales educativos, 0.3% a tecnología y 3% a infraestructura, lo que muestra claramente que el gasto educativo no se orienta hacia el aprendizaje y la calidad de la educación.

Pero el problema principal estriba en que de ese 84.3% destinado a sueldos y salarios, existen al menos –según datos de la Auditoría superior de la federación- tres mil millones destinados a pagos ilegales, de los cuales el 47% se utiliza para pago a comisiones sindicales y el 27% a transferencias directas al SNTE. ¿Por qué ese dinero no se destina a la dignificación de las escuelas?

En el rubro de los centros educativos, el informe divide a las instituciones en tres grandes tipos: las “no escuelas”, las “escuelas en desarrollo” y las “escuelas” propiamente dichas.

El criterio de clasificación es:

-“No escuela”: no llega a tener ni el mínimo necesario para emprender el proceso de enseñanza y aprendizaje.

-“Escuela en desarrollo”: cuenta con las características mínimas para la labor educativa, pero todavía no garantiza de manera consistente el derecho a aprender.

-“Escuela”: ha llegado a tener características que claramente apoyan al ejercicio del derecho a aprender.

Pues bien, según los parámetros establecidos en la investigación coordinada por David Calderón y Jennifer O’Donoghue, al menos el 59% de las instituciones educativas en nuestro país se encuentran en el rango de “no escuelas” pues no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para facilitar el derecho al aprendizaje de sus estudiantes.

Muchas de estas “no escuelas” podrían estar transitando a ser “escuelas en desarrollo” y contar con la infraestructura mínima indispensable, biblioteca y laboratorios si no hubiera una corrupción generalizada en los procesos, que implica la desviación sistemática de 3, 150 millones de pesos y manejos opacos de recursos como en los casos de enciclomedia y habilidades digitales para todos que reibieron observaciones por 14,500 millones de pesos en el ejercicio presupuestal.

Según el documento presentado, “Las cuotas de los padres en las escuelas públicas son otro ángulo de la misma cuestión. Es un despropósito mayúsculo que las escuelas oficiales no cuenten reglamentariamente con un fondo explícito y suficiente para su operación cotidiana; los padres entonces recaban cuotas para pagar consumibles elementales, que van desde papelería y fotocopias hasta artículos sanitarios y de limpieza…”  (p. 17) o hasta para servicios básicos como agua o electricidad. Este es un punto que están usando los líderes magisteriales para oponerse a la reforma que según ellos, va a normar que los padres de familia tengan que pagar por los servicios elementales y las mejoras a la escuela, cosa que ya sucede hoy y se debe mayormente a que los recursos del presupuesto se destinan a pagos ilegales como los ya mencionados.

En el mismo informe se incluye un texto del Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, prestigiado investigador educativo que plantea la necesidad de que el gasto en educación sea una herramienta de equidad, destinándose prioritariamente a los sectores sociales de menores recursos para asegurar la calidad de la educación que reciben los niños en estos sectores en desventaja (p. 23).

La reforma educativa tiene en el rubro del gasto una urgentísima tarea para transformar los criterios de planeación, ejercicio, seguimiento y evaluación del gasto, desarrollando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y reorientando los recursos hacia lo que verdaderamente promueve la calidad educativa.

Un gasto eficaz y eficiente, equitativo, participativo, transparente y honesto es parte fundamental de la reforma educativa que necesita el país. Es lamentable pero a esto se están oponiendo los profesores disidentes porque implicaría la pérdida de privilegios históricos que aunque son ilegales son considerados por ellos y por quienes los apoyan desde los medios de comunicación y desde la misma academia, como derechos laborales.

Parece que a diferencia del planteamiento del Dr. Gil Antón, la reforma educativa sí tiene que ocuparse, entre otros elementos, de los choferes.

*Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha hecho dos estancias postdoctorales como Lonergan Fellow en el Lonergan Institute de Boston College (1997-1998 y 2006-2007) y publicado dieciocho libros, cuarenta artículos y siete capítulos de libros. Actualmente es académico de tiempo completo en el doctorado en Pedagogía de la UPAEP. Fue coordinador del doctorado interinstitucional en Educación en la UIA Puebla (2007-2012) donde trabajó como académico de tiempo completo de 1988 a 2012 y sigue participando como tutor en el doctorado interinstitucional en Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1), del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores que actualmente preside (2011-2014), de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación y de la International Network of Philosophers of Education. Trabaja en las líneas de filosofía humanista y Educación, Ética profesional y “Sujetos y procesos educativos”.

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