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Deben ser públicas las facturas de los helicópteros: ex comisionadas
González Magaña debió revisar las facturas antes de validar la reserva del gobierno, sostuvo Lilia Vélez
Por Lado B @ladobemx
16 de octubre, 2013
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Imagen tomada de encadena2012.com

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Las facturas de los helicópteros que fueron adquiridos por el gobierno de Rafael Moreno Valle deben ser públicas, pues se trata de información sobre el uso del erario estatal, coincidieron las ex integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán y Lilia Vélez Iglesias.

Entrevistadas por separado las dos mujeres coincidieron también en que el comisionado Federico González Magaña debió analizar las facturas y no limitarse a revisar el acuerdo de reserva con el que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) impidió el acceso a los documentos.

Es decir, debió observar directamente las facturas para confirmar si cuentan o no con datos que pudieran ser de uso restringido, y, en su caso, ordenar una versión pública antes de dar la razón al gobierno morenovallista.

“Si es facultad de los comisionados tener acceso a la información reservada, no es obligatorio desde luego consultarla, tienes libertad para usar solo los elementos que consideres necesarios, pero creo que si enriquece una resolución si tienes la oportunidad de revisar la información reservada”, sostuvo la ahora diputada panista, Josefina Buxadé.

Los helicópteros: Tabú gubernamental

Foto: Joel Merino | Archivo

Foto: Joel Merino | Archivo

En junio de 2007, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) conformada entonces por Antonio Juárez, Samuel Rangel y Josefina Buxadé discutían si hacer públicas o no las bitácoras de vuelo de las aeronaves estatales utilizadas por Mario Marín Torres, entonces gobernador, y su consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz.

Tras un intenso debate se aprobó, con el voto en contra de Buxadé, que se diera una versión pública de las bitácoras. La comisionada había propuesto que se hicieran públicas en su totalidad, pero Rangel y Juárez decidieron que no fuera así, pues se aseguró que conocerlas en su totalidad podría permitir se conocieran los patrones de vuelo con lo que se pondría en riesgo “la gobernabilidad del estado”.

Seis años después el escenario se repite. Dos comisionados –señalados por su relación previa con el mandatario— deciden por razones de seguridad y gobernabilidad reservar las facturas de las aeronaves, una comisionada argumenta que se deben hacer públicas pues sostiene se trata de documentos que difícilmente podrían contener información que permita se infieran los patrones de vuelo. La única diferencia en ambos casos son los nombres de los actores. Hace seis años Marín, ahora Moreno Valle. Hace seis años Juárez, Rangel y Buxadé, ahora Magaña, Fregoso e Ibarra.

Sin argumentos

LiliaVélez

Foto: Archivo

Para Lilia Vélez, actual presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capitulo Puebla, el argumento mediante el cual la CAIP negó el acceso a las facturas de los helicópteros gubernamentales “carece de validez”.

“Me parece que es una resolución que viola el principio de máxima publicidad contenido en el artículo sexto constitucional. En este caso, en la resolución no se prueba que hay una razón de interés público para evitar que está información se transparente. El argumento de que a partir de las facturas se puede inferir las rutas de vuelo y esto pone en riesgo la seguridad de las personas e incluso del estado, carece de cualquier validez. El Sujeto Obligado debe probar que en esas facturas hay información sensible. Y eso no se hace. Solo hay la mención de que eso puede ocurrir pero no hay datos que nos lleve a esa conclusión en términos jurídicos”.

La también coordinadora de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana cuestionó que el comisionado González Magaña no cumpliera con su obligación de revisar si los argumentos del gobierno del estado para reservar la información efectivamente estuvieran bien fundamentados.

“El trabajo del comisionado es defender el derecho de acceso a la información, y debe probar si hay o no un daño al interés público, y el mismo ha reconocido que ni siquiera revisó las facturas”.

Y de lo que se trata, apunta, es conocer como se utilizan los recursos públicos, “y una factura lo que documenta es cuánto se pagó por un bien. Los datos de la empresa, su RFC, y en términos de acceso a la información eso tendría que conocerse, es información básica”.

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