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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Hace una semana, los comisionados de transparencia, Javier Fregoso Sánchez y Federico González Magaña, aprobaron que el gobierno del estado reservara las facturas de los helicópteros adquiridos en este sexenio. Siete días después, los dos comisionados volvieron a impedir el acceso a la información sobre el uso que le dad la administración de Rafael Moreno Valle a los recursos públicos.

En la sesión de ayer, Fregoso y Magaña, rechazaron la propuesta de su compañera Blanca Lilia Ibarra Cadena que obligaba a dos dependencias, Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y Puebla Comunicaciones (entidad a cargo de la comunicación social del gobierno morenovallista), a entregar un reporte de gastos anuales de los recursos destinados al pago a medios de comunicación, a financiar empresas sin fines de lucro y algunos gastos más.

Aprovechando su mayoría, los comisionados votaron en contra de la resolución a pesar de los argumentos jurídicos que presentó la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quién además remarcó que se trata de una medida –la de rechazar recursos de revisión con argumentos técnicos— de reciente creación, “esta nueva postura es de apenas de este año”, y citó tres recursos que se resolvieron en 2012 en donde se analizaron sin considerar la deficiencia técnica.

A voluntad

La ley de transparencia del estado es clara cuando especifica que el ciudadano puede definir la modalidad en que le será entregada la información que solicite a cualquier ente de gobierno, y las opciones son varias: consulta directa –es decir revisar la información directamente en las oficinas–, en versión electrónica vía Infomex  –desde la página de internet–, en ambos casos no hay costo alguno; copia certificada, copia simple, disco compacto o diskette e incluso abre la posibilidad a “otros”, en estos últimos el solicitante está obligado a pagar una cuota.

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Aunque en el último año, se ha vuelto práctica común que las dependencias estatales obliguen al solicitante a acudir a la dependencia a revisar la documentación, sin que existan razones de peso para el cambio de modalidad, y esa fue la queja que se discutió ayer en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

Al respecto, la comisionada Ibarra Cadena –responsable del proyecto que sería vetado— sostuvo que la queja era válida, e incluso citó tesis jurídicas en donde sostiene que “el recurrente puede interponer el recursos al momento en que le sea proporcionada la respuesta a su solicitud, incluso el mismo día en que se le da respuesta, sin que por ello pueda considerarse extemporáneo”.

Con ese argumento, la comisionada rechazó la postura de la dependencia que pedía se desechara la queja con el argumento de que la ley de transparencia establece un plazo de 15 días para que el solicitante revise la información que se puso a su disposición y formule, en ese momento, su queja si no está conforme.

Irónicamente, la misma postura que defendieron en conjunto los comisionados Fregoso y Magaña. Los comisionados recordaron que en meses pasados se resolvió un caso similar –con ponencia de Magaña—que finalmente fue desechado, lo que provocó un amparo en contra de la CAIP que si bien ya tiene una resolución –a favor de la CAIP— todavía está en revisión.

Blanca Lilia respondió que se trata de información que por su naturaleza debe estar publicada en las páginas de transparencia, y que ni siquiera sería necesario que mediara una solicitud para hacerla pública, situación que de inicio no se cumple.

Y recordó además que en el caso citado –expediente 153 y 154–, hubo diferencias, pues el solicitante sí acudió a la dependencia a revisar la documentación y después de inconformó con el cambio de modalidad de entrega. Mientras que en el caso más reciente la queja se centró en el cambio injustificado de modalidad.

Pero la resolución en el pleno estaba clara desde el inicio de la sesión: Magaña y Fregoso votaron en contra de la propuesta de Ibarra Cadena. Ahora la ponencia pasará a alguno de los dos comisionados y se resolverá en el sentido que ya se planteó, es decir, el de desechar la queja como lo pidieron las dependencias involucradas.