• Personal de migración estigmatiza su condición y justifica que caigan en redes de explotación sexual comercial

 Lizbeth Ortiz Acevedo

Cimacnoticias.- En la frontera entre México y Guatemala se violenta a las migrantes centroamericanas, quienes enfrentan la indiferencia de las autoridades, la estigmatización de su trabajo, y la falta de acceso a la salud y la justicia.

Así lo documentó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quien presentó el diagnóstico “Misión Civil, Ruta de las Mujeres en la Migración”, en el que se asienta lo observado durante un recorrido de organizaciones civiles, académicas y periodistas por Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas, y Huehuetenango, Guatemala. En el trayecto se entrevistó a funcionarios y personas migrantes.

Imumi y otras agrupaciones detectaron que las centroamericanas son estigmatizadas por servidores públicos, tanto de México como de Guatemala, quienes las definen como “madres solteras, dejadas o abandonadas”, y que por ello se insertan “con facilidad como trabajadoras sexuales”, lo que para Imumi invisibliza la trata de personas a la que ellas se enfrentan.

Imumi detalló que según un estudio realizado en 2007 por ECPAT, organización internacional contra el tráfico sexual de niñas y niños, en Tapachula, Chiapas, laboraban 21 mil centroamericanas de entre 15 y 17 años en bares y burdeles, de las cuales 58 por ciento eran de Guatemala y el resto de El Salvador y Honduras, quienes eran víctimas de explotación sexual.

De acuerdo con el diagnóstico “Misión Civil”, las migrantes que sufren violencia sexual y acuden a alguna de las 118 unidades de salud en Chiapas, no son atendidas según la Norma Oficial 046 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, a pesar de ser una disposición oficial y obligatoria.

La Norma 046 establece que los servicios médicos ofrecerán a las mujeres víctimas de violencia sexual, de forma inmediata y hasta un máximo de 120 horas después de la agresión, la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo.

Imumi destacó que tan sólo en la Unidad Médica de Ciudad Cuauhtémoc, de enero a mayo de 2012, 769 mujeres fueron atendidas por problemas respiratorios, digestivos y obstétricos, y en todos los centros visitados se constató la falta de servicios de traducción para las migrantes indígenas.

Las y los activistas advirtieron que no hay una política definida de atención a la salud para las mujeres migrantes, y aunque existen iniciativas como la Cartilla de Salud del Migrante y los servicios básicos son gratuitos, su operación “depende más de la voluntad de algunas y algunos funcionarios que de una política pública”.

De acuerdo con testimonios recabados, las migrantes afirmaron que uno de los mayores obstáculos que enfrentan es el registro de sus hijas e hijos aunque hayan nacido en México, pese a que el artículo 9 de la actual Ley de Migración estipula que no se podrá negar este derecho.

Las mujeres también denunciaron que aunque tengan diversas capacidades y formaciones, en México no se les permite acceder a empleos remunerados y son explotadas sexualmente.

La investigación del Imumi fue realizada en la frontera sur de México, ya que de los 172 puntos de acceso al territorio nacional, 48 están ubicados en esa zona y además ahí se encuentran 29 de las 52 estaciones migratorias.

En tales estaciones se constató la ausencia de atención médica y el hacinamiento en el que se encuentra la población migrante. Al entrevistar a mujeres detenidas se descubrió que en los días de permanencia (cinco en promedio) no habían visto a ningún médico y tampoco recibieron información sobre su proceso administrativo, lo que hacía que estuvieran más días retenidas de lo que legalmente está estipulado.

Respecto al accionar de las autoridades guatemaltecas, Imumi informó que la Secretaría Presidencial de la Mujer dijo que es urgente crear una unidad que atienda la seguridad de las mujeres en la frontera con México, pero advirtió que carece de presupuesto.

Se reportó que el director del Área de Salud de Huehuetenango, Jhonny Villatoro, explicó que la carencia de servicios, principalmente de salud, ha forzado que 500 y 600 mujeres se desplacen a otros municipios para recibir atención médica.

En el reporte se recomienda a ambos países realizar acciones para erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres migrantes.