• Dar preferencia a la Constitución mexicana sobre la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos es “completamente retrógrada”: José Antonio Ibáñez
• La medida arrebata la herramienta más útil de la reforma constitucional de 2011: Sandra Salcedo

Prensa Ibero Santa Fe

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dictaminada el 3 de septiembre, la cual da preferencia a la Constitución mexicana sobre la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, es “completamente retrógrada”, por lo que México debe sentir “una gran vergüenza internacional”.

Así lo señaló el doctor José Antonio Ibáñez, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, quien aseguró que ningún observador internacional podrá ver bien este retroceso en materia de derechos humanos.

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Esta resolución, dijo, confundirá muchísimo la armonización y la operatividad de los jueces, pues “entorpece, pone demasiadas piedras en el camino”, lo que sin duda ha desanimado a todos los defensores de los derechos humanos en México.

“La armonización venía sin trabas, sin diques. Ahora entra a una especie de contracorriente difícil de digerir, que marca una nebulosa de confusión y las grandes posibilidades de que el México de siempre, el de la simulación, empiece a operar en materia de derechos humanos”, advirtió el experto de la Ibero, institución que celebra 70 años de vida.

De esta forma, la resolución “arrebata la herramienta más útil de la reforma constitucional de 2011”,  lo que muestra que los ministros de la SCJN “no están respetando la dignidad humana, ni apostando por el principio pro persona”, señaló a su vez la maestra Sandra Salcedo, investigadora del Programa de Derechos Humanos.

Salcedo apuntó que los derechos tienen como característica fundamental la progresividad, por lo que este retroceso es muy preocupante, ya que los efectos de la resolución se verán aplicados de inmediato, afectando negativamente la impartición de justicia.

A su vez, el doctor Ibáñez criticó que, mientras se busca de forma urgente la modernización en otros ámbitos, en el tema de los derechos humanos se conserva una malentendida postura nacionalista, que amenaza con truncar el concepto de ciudadanía.