Terrorismo de Estado y la criminalización de la protesta social

Terrorismo de Estado y la criminalización de la protesta social

  • Es la práctica que los gobiernos han tenido: Leonardo Herrera
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Xavier Rosas

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“El terrorismo de Estado es la práctica recurrente que tienen los gobiernos para criminalizar la protesta social”, señala el politólogo y maestro en Sociología, Leonardo Herrera Mejía.

Marchas, violencia, represión, uso de la fuerza pública y restauración del orden público, son algunas de las palabras que mediáticamente han cobrado mayor trascendencia en el país en los últimos meses.

Ya sea por las recientes reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, o las diferencias sociales que históricamente existen en todo el país, el descontento a la política establecida genera el surgimiento de movimientos sociales que  manifiestan su descontento mediante el uso de las marchas, de la ‘protesta social’.

Este concepto ha significado uno de los mecanismos más importantes con el cual los ciudadanos pueden expresar el descontento ante sus gobernantes; sin embargo, el uso de esta herramienta no significa que logren que sus demandas sean  escuchadas o atendidas por los servidores públicos.

Eduardo García.
Eduardo García.

En la construcción del imaginario nacional, los gobiernos de los estados también emplean diferentes herramientas o mecanismos para restaurar el orden público, como el uso de la violencia con la que cuenta el Estado; ya sea con la intervención federal, estatal o municipal de los cuerpos policíacos, el Ejército e incluso de los medios de comunicación, la primicia para la gobernabilidad es mantener el orden público.

Es decir, el Estado cuenta con los mecanismos para imponerlo. Por ejemplo, ante una falta o delito cometido por cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, el Estado es el encargado de las sanciones; sin embargo, cuando éste excede las leyes y utiliza su poder coercitivo para generar miedo en la cotidianeidad de la gente, está imponiendo lo que se le conoce como «terrorismo de Estado»,  un mecanismo que es utilizado cada vez con mayor frecuencia para desarticular las movilizaciones sociales, considera el politólogo y maestro en sociología, Leonardo Herrera Mejía.

Históricamente el empleo del terrorismo de Estado forma parte del actuar de los gobiernos, como el ocurrido en 2006 contra la movilización de la APPO, el desalojo de los campesinos de San Salvador Atenco, las marchas de #1DMX de #Yosoy132, así como las del 1SMX, o las que recientemente se han vivido en diferentes estados de la República con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Reprimir una marcha, así sea con granaderos y golpes, esa es la violencia de Estado, es la manifestación de ésta que se puede ejercer dentro del marco de la legalidad e incluso con legitimidad; pero cuando rebasa esas prácticas buscando inducir al miedo e intimidar a la gente, cuando empieza a generar rumores, a balacear a la gente como  en el caso de Oaxaca con las caravanas de la muerte, se ejerce el terrorismo de Estado”, señala Leonardo Herrera.

Arturo Cravioto.
Arturo Cravioto.

El miedo paraliza

– Muchos tienen miedo, por eso no vienen a las marchas. De mi escuela somos 30 profesores y ve, yo soy la única que vino.

La de la voz es una las casi dos mil personas que el pasado sábado salió a las calles para protestar por la reforma educativa impuesta por el gobierno federal, una reforma que los integrantes del magisterio han rechazado con el argumento de que lesiona sus derechos laborales. La mujer, sostiene, es integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es decir del organismo gremial oficial, el mismo que hasta el momento se ha mantenido al margen de las protestas.

– ¿Pero los maestros que no vinieron es porque están de acuerdo con la reforma educativa? -se le cuestionó.

– No, no están de acuerdo, pero hay muchas amenazas del gobierno. Luego te mandan a decir que ya te vieron en las marchas y que si no quieres perder tu puesto mejor dejes de ir -, afirma.

El contingente de los maestros, que comenzó a reunirse cerca de las 9:00 horas en en las calles aledañas a una conocida plaza comercial ubicada en la colonia Las Ánimas, se toparía con otro contingente, uno que se agrupó en el zócalo de la ciudad cubierto con cascos y escudos de plástico, y que a la espera del arribo de los manifestantes aprovechó para tomar un desayuno, fruta, yogurth y una barra energética que les fue entregada en una caja de plástico.

El primer contingente, integrado por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), inició su recorrido hacia el Zócalo de la ciudad gritando consignas como:

– ¡El maestro, luchando, también está enseñando! -.

En el Zócalo de Puebla, el segundo contingente lucía uniformado y listo para recibir a los manifestantes. Con orden y disciplina bloquearon los accesos a este recinto catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, para frenar la marcha de los inconformes con toletes en las manos y chalecos antibalas ajustados al cuerpo.

Pero los uniformados no solo se encargaron de frenar a los manifestantes que reclamaban por la reciente aprobada reforma educativa, sus ordenes eran no dejar pasar a nadie, turistas, paseantes y demás visitantes a la plaza principal de esta ciudad sin antes revisar sus pertenencias y catear sus cuerpos, violando sin razón aparente alguna su derecho a libre tránsito.

El zócalo de Puebla se convirtió en un bunker en el que más de 200 elementos de las corporaciones estatales y municipales de la policía, argumentando ofrecer mayor seguridad de los ciudadanos generaron un efecto de intimidación en las personas de a pie que visitaban el corazón de la Angelópolis.

– ¿Por qué hay tantos policías? -, preguntaron al reportero una pareja que recorría el zócalo, acompañados por sus dos hijos.

– Dicen los policías que porque viene una manifestación de profesores -, contestó el reportero.

– Pues se va a poner violento al parecer -, comentó la pareja, para después alejarse del cerco policíaco del zócalo.

Terrorismo de Estado, mecanismo para socavar movilizaciones

Leonardo Herrera analiza en su libro “Violencia de Estado y rebelión Social en la lucha de la APPO”, el uso de terrorismo de Estado para desarticular cualquier marcha o manifestación ciudadana en contra de las políticas establecidas por los gobiernos.

En su texto, analiza el caso que en 2006 se dio en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en donde el gobierno de Ulises Ruiz empleó diversos mecanismos como las “caravanas de la muerte” que recorrían las calles de Oaxaca acribillando a los barricaderos, a pesar que en algunos casos se trataba de niños, mujeres o gente de la tercera edad.

“Había barricadas donde todas las familias de la manzana se juntaban en la noche en la barricada, y cuando digo familias me refiero a los niños, los papás, los abuelos, las tías; cuando pasaban las caravanas de la muerte balaceaban a todos y obviamente los niños, las amas de casa, los abuelos, no eran personas que fueran a romper vidrios o a violentar, eran gente que, ante la inseguridad que se estaba viviendo, tuvieron que utilizar la barricada como una protección a sus propios bienes”, relata.

Asimismo, señala como el uso de los “Mass Media” jugaron un papel destacado en estas manifestaciones sociales, creando inclinaciones que favorecieron la labor del Estado y/o construyeron ciertos personajes que eran los responsables de “desestabilizar” la gobernabilidad de las instituciones; es decir, creando en la opinión pública “los buenos y los malos” de los hechos que se registraban en Oaxaca.

Torturas, secuestros, violación de los derechos humanos de cuarta generación, detenciones arbitrarias, entre otros, fueron los delitos denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos que hasta el momento no han sido resarcidos por parte de la autoridad.

“En algunas comunidades de Oaxaca la femineidad de las mujeres radica en el cabello. Cuando se llevaron a algunas de ellas al Cereso de Nayarit, lo primero que hicieron fue cortarles el cabello, violando sus derechos humanos, porque para ellas eso implica una tortura. Todos los reportes de violaciones sexuales, no sólo a mujeres, sino a hombres, todo ese tipo de abusos, que no fue sólo lo que yo pude recopilar, sino todas las violaciones que organizaciones de derechos humanos recopilaron, incluso oficiales. Esas fueron las prácticas que buscaban para lograr el miedo. De los cientos detenidos que se llevaron a Nayarit, a todos los liberaron porque no había pruebas ni forma de que esas personas estuvieran detenidas. La forma de habérselos llevado hasta allá, fue para meter miedo y separarlos de sus familias”, relata Herrera Mejía.

Al igual que en los casos de la APPO y Atenco en 2006, el uso de la fuerza pública jugó un papel preponderante de intimidación y abuso de autoridad. Mientras en 2006 los casos documentados revelan violaciones de tipo sexual. Un ejemplo de esto constituyen las recomendaciones que emitió en meses pasados la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de las 11 mujeres de San Salvador Atenco que sufrieron tortura sexual, tras el operativo y las diversas anomalías registradas por organismos internacionales en esta caso.

Sin embargo, no sólo en los casos de Oaxaca o Atenco pueden observarse estas prácticas realizadas por los gobiernos de los estados. Un ejemplo de ello ocurrió en las marchas que, previo a la contienda electoral a la presidencia de 2012, sucedieron en diferentes estados de la República, siendo la más representativa la de la toma de Enrique Peña Nieto del pasado 1 de diciembre.

A pesar que las autoridades dieron a conocer que los jóvenes manifestantes habían alterado el orden, los casos de detenciones arbitrarias y los videos que circularon en las redes sociales, dieron cuenta del abuso de autoridad que tanto policía federal y estatal llevaron a cabo, a pesar que días más tarde la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) dio a conocer un informe en el que comprueba que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) cometieron abusos y actos de tortura contra manifestantes, así como registró casos de detenciones de personas que se expresaban en forma pacífica.

En Puebla este tipo de prácticas también fueron parte del actuar del gobierno estatal y municipal. Previo a los festejos del 15 de septiembre de 2012, integrantes de #Yosoy132Puebla fueron objeto de agresiones por parte de la autoridad.

“Un día antes a las 8 o 8 de la noche, empezaron a llegar personas con radios, vestidas de civil, y se empezaron a juntar en diferentes puntos del Zócalo. Alrededor de las 9:30 o 10 de la noche se apagaron todas las luminarias del Zócalo. Fuimos y preguntamos por qué se habían apagado y nos dijeron que era parte del show (…) Estas personas nos veían, tomaban fotografías y estaban radiándose entre ellos. Les preguntamos si eran policías pero nunca contestaron”, recuerda Armando Pliego, quien fue miembro de este movimiento social y quien actualmente forma parte del proyecto “Diarios de la Nación”.

“Como a las 2 y media de la mañana apagaron todas las luces, el Zócalo estaba en penumbras, y a las tres de la mañana empezaron a avanzar granaderos de la policía municipal. El campamento lo tenían rodeado. (…) Cuando llegaron los granaderos fue sin advertencia previa, con tolete en mano, directamente a golpear”, añade.

Para la detención de los 63 jóvenes de #Yosoy132Puebla fue necesario un operativo de entre 200 o 250 elementos de la policía municipal. Días después, algunos de ellos levantaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla, la cual, seis meses después, resolvió que los elementos de la policía municipal había incurrido a violaciones de derechos humanos, sin embargo, las recomendaciones quedaron sólo en eso, y la autoridad no emitió comunicado alguno al respecto.

Otro ejemplo fue la detención del fotógrafo independiente Gustavo Ruiz Lizárraga, hecho que se produjo recientemente durante las manifestaciones del 1SMX.

“Mientras Gustavo filmaba con su cámara la detención de jóvenes por parte de granaderos les pedía que gritaran su nombre con el objetivo de documentarlos en video, momentos después se enfocó en otro camarógrafo rodeado y sujetado por policías, aclarándole que era “prensa”. Su actitud solidaria le costó su propia detención. El video de su detención es demoledor. Gustavo con temple de acero grabó el recorrido hacia la agencia del Ministerio Público. Con Gustavo la policía no argumentó, que al filmar, obstaculizaba su función. Lo detuvo y lo presentó al Ministerio Público con cargos falsos”, relató Jesús Robles Maloof, activista y defensor de derechos humanos.

Los hechos más recientes  han sido las manifestaciones realizadas por la CNTE en la capital del país contra la reforma educativa; en las que, tomando en consideración que la Sección 22 del magisterio de Oaxaca ha sido el único organismo capaz de movilizar a más de 70 mil personas de un día a otro, su capacidad de organización se gesta en la coordinación que tienen con otras organizaciones civiles y políticas con las que desde 2006 ha trabajado.

“Platicaba hace unos días el por qué la gente de la sección 22 que se encuentra ahora en México tiene tanto apoyo, es algo que ya había analizado en el libro, de lo que ocurrió hace siete años, y es que esta sección del magisterio tiene vínculos con muchas organizaciones porque es la única sección del magisterio que cuenta con una secretaría de alianza y vinculación, cuyo trabajo es hacer vínculos con todas las demás organizaciones políticas y sociales no sólo de Oaxaca, sino de diferentes estados”, indica Leonardo Herrera.

Y agrega: “en los 60’s existían los comunistas, y tal vez a la gente no le hubiera importado quiénes eran ellos, sin embargo en las comunidades rurales les decían que los comunistas se comían a los niños, y aquí en Puebla tenemos el ejemplo de Canoa. Ese es un ejemplo bastante simple, pero es la práctica que los gobiernos han tenido. También tenemos el ejemplo de la huelga de la UNAM en  1999-2000, donde primero le apostaron al desgaste del movimiento y después quemarlo socialmente para pedir el apoyo y legitimar la entrada de la PFP a la UNAM. Es la práctica que se tiene.

“Ahora es el bombardeo contra la CNTE de los maestros en el Zócalo diciendo que están violando derechos, que son violentos, que todos tenemos derechos al libre tránsito, que hay que sacarlos, entre otros”.

Mass Media, las marchas y la legitimación del uso excesivo de la fuerza

El duopolio mediático de Televisa y Tv Azteca representa uno de los mayores cercos para la información en el país. En la serie de entrevistas “La simulación del periodismo”, se aborda la relación que han tenido estos medios considerados como Mass Media, ya que mantienen los mayores niveles de audiencia en el país.

El duopolio mediático ostenta poco más del 60% de participación de audiencia a nivel nacional, la televisora propiedad de Emilio Azcárraga mantiene el 43.4%,  mientras que la de Salinas Pliego el 19.5%, de acuerdo con  el estudio Panorama Audiovisual en América Latina de la consultora en comunicación Llorente y Cuenca, con datos al primer trimestre del 2013.

Esto quiere decir que más del 60 por ciento de los mexicanos que cuentan con televisión en sus hogares, consumen programas generados por estas dos televisoras, entre ellos los noticieros.

Un ejemplo claro de la manipulación mediática que emplea el Estado para desacreditar movimientos sociales, fue el ocurrido en 2006, luego del operativo realizado por Enrique Peña Nieto, cuando fungía como gobernador del Estado de México.

Ante la negativa de los campesinos de San Salvador Atenco a la construcción del aeropuerto se produjo la violenta incursión de la policía federal a la comunidad, ambas televisoras dieron seguimiento al trabajo policial y argumentando que el orden público había sido afectado legitimaron  el uso de la fuerza pública. Con la cobertura que dieron al tema lograron que el movimiento fuera considerado como un acto de legalidad para reestablecer el orden.

Por su parte, medios independientes y algunos considerados de izquierda como La Jornada, daban cuenta de las violaciones y el uso excesivo de la fuerza pública que las autoridades habían ejercido ante la población de San Salvador Atenco.

En el caso de las movilizaciones de #Yosoy132, luego del 1DMX, surgió entre la sociedad mexicana la concepción de que los jóvenes habían sido los responsables de vandalismo, tanto en la capital del país como en otros estados. La criminalización de la juventud mexicana fue otro de los mecanismos que el Estado puso en marcha para desestabilizar la protesta social.

“Pareciera que las propias autoridades son las que buscan los enfrentamientos. Me tocó ver el 1 de diciembre como gente vestida de civil estaba dentro del Palacio Legislativo, del otro lado de la valla con cadenas, piedras y tubos, y en algunos de los videos son los que se ven enfrentándose con la Policía Federal. Entonces me parece que son las mismas autoridades las que están tratando de desestabilizar y afectar las movilizaciones pacíficas para que se conciban como manifestaciones violentas”, relata Armando Pliego.

Para Leonardo Herrera, este tipo de acciones por parte de los gobiernos de los estados sirven para lograr el agotamiento y desestabilización de las movilizaciones sociales, así como tienen por primicia lograr la legitimación del uso de la fuerza pública, ya sea en exceso (terrorismo de Estado) mediante la manipulación mediática que existe en México.

Foto: EsImagen.
Foto: EsImagen.

Por su parte, Armando Pliego, considera que Puebla no distaban mucho de las prácticas que en la capital del país realizaban las autoridades: “recuerdo muy bien en la acampada previa, que fue del 2 al 7 de julio, y posterior a las elecciones, todos esos días estuvimos acampando ahí y tuvimos marchas y recuerdo que El Universal, en la parte de estados en Puebla, sacó notas referentes a que nosotros estábamos repartiendo volantes con instrucciones de cómo armar bombas molotov en las marchas. Entonces, empezando por ahí, ya se veía este tipo de criminalización propiamente; es decir, las personas que están marchando son criminales, las personas que están marchando son las que están haciendo daño”.

Y agrega: “Yo creo que no hay que dejar de marchar. Tenemos que encontrar nuevas dinámicas nosotros los indignados, nosotros los manifestantes, para no caer en las dinámicas en las que las autoridades están intentando meternos. Debemos encontrar la forma para demostrarle a la ciudadanía que nosotros no somos los que estamos aventando la piedra, que nosotros no buscamos desestabilizar la paz pública, como se le llama. Quienes protestamos sólo buscamos ejercer un derecho constitucional”.

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