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Lado B

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La Salud es un derecho universal, sin embargo desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 en España, grupos vulnerables han visto como sus posibilidades para acceder a este derecho se ha ido mermando, como el caso de los pensionados, personas con enfermedades crónicas, indocumentados, entre otros.

El reportaje realizado por las periodistas Lucía Miret y Celia Hernández , publicado en Periodismo Humano, recoge cifras que resultan alarmantes. Se calcula que desde el 1 de septiembre de 2012 casi 900 mil inmigrantes en situación irregular han quedado fuera del sistema público de salud en España.

Ante esta realidad a la que se enfrentan miles de personas en este país, la organización no gubernamental Médicos del Mundo ha presentado “Nadie Desechado”, campaña que busca recabar el apoyo de la ciudadanía para luchar contra la reforma sanitaria y los recortes en materia de Salud. Asimismo, la organización ha comenzado a recibir llamadas de auxilio de personas mayores que no pueden hacer frente al pago de los medicamentos que necesitan.

Los pensionistas, personas con dependientes a su cargo, inmigrantes o familias con bajos ingresos, son algunos de los grupos que no han encontrado en los recortes del gobierno español cabida. El plan de austeridad ha afectado a las familias, y contrario a las declaraciones de la semana pasada de la  ministra de Sanidad, Ana Mato, referentes a  sentirse “moderadamente satisfecha” por lo que ha logrado la reforma sanitaria, se estima que más de 2 mil 300 personas han perdido cada día su tarjeta sanitaria desde la entrada en vigor del decreto (cifra obtenida de la facilitada por el gobierno, que reconoce haber retirado 873 mil tarjetas desde septiembre de 2012).

El balance de la organización humanitaria es que el RDL 16/2012 ha demostrado ser un grave error de previsión, una regresión en el marco de derechos humanos y un radical cambio en el modelo de la sanidad pública española, que sustituye la cobertura universal por un sistema de aseguramiento. Todo en virtud de una “reforma sanitaria” que no va a suponer además ningún ahorro significativo.

 Un balance que queda reflejado en el informe “El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud”, basado en 1.192 casos de vulneraciones de este derecho documentados por la organización, y que el presidente de la asociación entregó la semana pasada a la Defensora del Pueblo.

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