José Ramón y Pascual, sin agua ni libertad

José Ramón y Pascual, sin agua ni libertad

Este texto, publicado en junio de 2012 en el portal Poblanerías, fue galardonado con el primer lugar en la categoría de Crónica en la segunda edición del premio estatal Cuauhtémoc-Moctezuma al periodismo.

 

Mely Arellano

@melyarel

Es verano. Como cada año, José Ramón y Pascual deberían salir de sus casas con los primeros rayos del sol e ir al campo a preparar la tierra para sembrar el maíz. Como cada año, para estas fechas ya habrían rentado una parcela para trabajar y confiarían en que con suficiente lluvia tendrían una buena cosecha. Sin embargo este año, así como los dos anteriores, José Ramón y Pascual no rentaron parcela ni sembraron su maíz, porque desde enero de 2010 están en la cárcel.

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Asomado desde la torre izquierda, un guardia grita a cada auto que llega. Haciendo notables señas y desgañitándose da indicaciones de cómo y dónde estacionarse. Es casi medio día y aunque el sol pega duro corre un airecito frío que aligera el calor.

Es hora de visita. 
Una mujer delgada se acerca al enorme portón. Carga una bolsa de mandado. Sus trenzas canosas, rematadas con listón rojo, brillan. Toca dos veces y una ventanita se abre. La señora dice el nombre del preso, por una rendija entre el portón y la pared entrega su identificación y espera. A los pocos segundos la puerta se abre y ella pasa. Cinco o diez minutos después llega otra mujer, toca, nombre, identificación, pasa. En el transcurso de una hora entran seis mujeres y sale una. Ni un hombre.

Sin muchos problemas y tras 20 minutos de explicaciones entramos al Cereso de Huauchinango. Una policía apunta nuestros nombres y nos da un gafete. Nos indica seguir un pasillo. En un cuarto, otra nos registra. El trato es muy amable. El pasillo sólo tiene una pared, a la derecha hay una malla. Del otro lado un perro duerme sobre el pasto descuidado y más allá se ve un montón de botellas de plástico. En algún lugar, no muy lejos, están oyendo música de banda a todo volumen. Todo está pintado de verde chillante. El pasillo da a otro cuarto al que se llega bajando unos escalones. En la entrada una placa oxidada anuncia: “LOCUTORIOS” con letras garigoleadas que apenas se ven.

Hay dos locutorios separados por un muro. En el del fondo, del otro lado de una reja, están José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz.

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El 22 de octubre de 2009, José Ramón, Pascual –que desde mayo de 2008 habían sido elegidos, conforme a sus usos y costumbre, Presidente Auxiliar y Juez Menor de Paz, respectivamente- y un grupo de jornaleros volvían de una jornada de trabajo voluntario en el panteón cuando Abraham Aparicio intentó arrollarlos. Cinco días después José Ramón y Pascual le otorgaron el perdón, se le impuso una multa de 3 mil 500 pesos al agresor y le regresaron el vehículo, que estuvo resguardado en el corralón municipal.

El 6 de noviembre, el papá de Abraham, Cristóbal Aparicio, denuncia a José Ramón, Pascual y al comandante Carmelo Castillo por el supuesto robo con violencia de un vehículo el 27 de octubre.

El 13 de enero de 2010, comandantes de la policía judicial detienen a José Ramón y Pascual. Y el 12 de julio el Juez Penal del Distrito Judicial de Huauchinango les dicta sentencia de siete años y 22 días. La sentencia es confirmada el 23 de noviembre del mismo año por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla con una condena de seis años, diez meses y 20 días.

El proceso –de acuerdo con la documentación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- tiene al menos ocho contradicciones respecto de si llevaban o no armas o qué tipo de armas, donde y de qué modo fue el supuesto ataque, la duración de los hechos, la forma de agresión, el lugar en que sucedieron los hechos, los testigos presenciales, el tipo de vehículo, la velocidad a la que iba, entre otras. Además de que dos testigos fueron obligados a declarar en contra de ellos con pruebas carentes de solidez y en ningún momento se les proveyó de intérprete o traductor. La lengua materna de José Ramón y Pascual es el náhuatl.

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Atla huele a tierra, a yerbas y a leña quemada. En Atla se celebra a San Antonio el 13 de junio. Este año cocinaron molito verde, frijoles y echaron tortillas. Junto a la parroquia hay una cocina comunitaria. Alrededor del fuego y las cazuelas, puras mujeres. Cuando nos ven llegar, sonríen. Andrés Díaz y Araceli Olivo, abogados del Centro Pro Juárez y defensores de Pascual y José Ramón, platican con dos hermanos de este último: Máximo y Regino.

Sentados en una mesa afuera de la iglesia conversan sobre la familia, el café, el clima y las avispas que ellos llaman “de azúcar”. Máximo cuenta que a veces, en las noches, a su nieto le da mal de ojo y se la pasa meciéndolo de acá para allá, Regino se ríe. Ambos son menores que José Ramón. Están contentos. Desde que el Centro Pro tomó el caso, a finales del año pasado, las cosas han ido mejor. Han podido despreocuparse de los pagos, ya habían gastado más de 60 mil pesos; y han sentido realmente un apoyo. Después de comer cruzamos la calle para encontrarnos con las esposas de José Ramón y Pascual, Brígida y Salustia.

Atla es una población con poquito más de 2 mil habitantes arriba de un cerro en la sierra norte de Puebla. Para llegar a ella, desde Pahuatlán, hay que hacer un recorrido de aproximadamente 30 minutos en auto subiendo por un angosto camino de terracería. La cuarta parte de la población no tiene luz ni drenaje. En el mejor de los casos las casas son de adobe y techo de teja o lámina. Las de José Ramón y Pascual son de madera, lámina y piso de tierra.

En casa de Máximo, Brígida y Salustia esperan a los abogados.  Ellos, Andrés y Araceli, les explican de la manera más sencilla y clara la situación actual, les cuentan que Amnistía Internacional -“esos güeros que vinieron, ¿se acuerdan?”- reunieron 3 mil firmas en el Festival Wirikuta para exigir justicia y libertad para José Ramón y Pascual. Quién sabe si ellas lo comprenden del todo -igual que sus esposos, su lengua materna es el náhuatl- pero se ríen y asienten.

También les explican que ahora todo depende de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la liberación podría ser pronto pero que, como siempre, hay que esperar.

El 2 de mayo de este año la Primera Sala de la SCJN decide revisar el caso a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El amparo 36/2012 será analizado y expuesto por el ministro Arturo Zaldívar. Con una mayoría de votos -es decir tres de cinco que integran la Primera Sala- el proyecto será aprobado. Zaldívar revisará los alcances de los criterios de motivos de odio, que tiene que ver con la denuncia y los testimonios falsos, y por su trabajo como defensores del derecho del agua, así como la violación a sus derechos lingüísticos, y la discriminación reflejada en el desequilibrio del proceso judicial y la actuación de las autoridades ministeriales y de justicia.

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Atla, en náhuatl, significa “lugar donde hay agua”, pero para la comunidad no la hay. Desde 1978, por concilio del pueblo, se nombró un Comité del Agua para captar el líquido de uno de los nueve manantiales que existen. Sin embargo, después de un tiempo el comité exigía 40 días continuos de servicio no remunerado ycuotas de hasta 5 mil pesos por una toma de agua.

Cuando José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz son nombrados autoridades de Atla, emprenden un proyecto que llevaría agua gratuitamente a toda la población con recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal. A partir de entonces, el presidente de aquel primer Comité del Agua, Guillermo Hernández Cruz, quien para entonces ya era el cacique del pueblo, comienza a provocarlos: Abraham Aparicio y Cristóbal Aparicio son de su grupo cercano.

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-Está desesperado. Ya perdió las esperanzas –dice Brígida. Ella ve a José Ramón con cierta frecuencia. Sus ocho hijos, casi todos ya grandes, le ayudan para pagar el pasaje a Huauchinango. Su cuñado Regino traduce lo que ella dice. Sus palabras en náhuatl son cortitas y con un peculiar ritmo, como si echara muchas piedritas al agua, una tras otra, cerquita y luego lejos y luego menos lejos. Es una lengua que enamora.

Brígida siente feo por lo que le hicieron a su esposo.

-¿Lo extraña?

-Son preguntas íntimas –dice en su lengua y se ríe. Regino traduce y se ríe también- Lo extraño porque si hay que ir a traer leña o ver la siembra no está él.

-Le hace falta.

-Sí.

Salustia es más joven. Comprende mejor el español, aunque pide que esté Regino, por si acaso.

Ella tiene seis hijos. Cuatro mujeres, dos niños.

-La mayora tiene 19 años. Me ayuda poquito.

Desde hace siete meses no ve a Pascual. No le alcanza el dinero.

-Yo lo conoce de 25 años pero nunca he visto nada de robos. No lo vi nada. Cuando hay, comemos, cuando no, pos no, pero nunca robó nada.

-¿Lo extraña?

-Extraño mucho.

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-Parece que el gobierno federal y los locales tienen su patrón de la “gente delincuente”. Gente noble, que trabaja por su pueblo, gente honesta, a esa gente es a quien encarcelan nuestros gobiernos. Todos en Atla saben que es una injusticia. Desde el cacique que armó esto hasta el presidente municipal de Pahuatlán, no hay quien no sepa del caso y no hay quien no sepa que es una injusticia, sin embargo ahí están –dice el abogado del Centro Pro, Andrés Díaz.

Él confía en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) resuelva pronto.

-La SCJN puede mandar un mensaje a los jueces y a los Ministerios Públicos de que esa no es la forma de actuar ni de validar pruebas. Hay que preservar el sentido de justicia, a la gente que los apoya (darle) un aliciente de que no tenga miedo. Los que han seguido en los cargos tradicionales tienen miedo porque dicen “si a ellos los metieron en prisión por hacer el bien, a mí también me pueden meter”.

En marzo pasado, Amnistía Internacional declaró a José Ramón y Pascual presos de conciencia, y comenzó  una campaña para exigir su liberación.

De acuerdo con el comunicado emitido entonces, presos de conciencia son “todas las personas encarceladas o sometidas a restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o por otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia. La organización nombra presos de conciencia en todo el mundo; en México, lo han sido personas como Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González y Raúl Hernández”.

Hoy, José Ramón y Pascual son los únicos presos de conciencia en México.

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Acá estamos porque tratamos de hacer buenas obras –explica Pascual- Más de 480 personas beneficiadas del agua potable. Por eso se enojó el cacique. Nunca existió esa cosa, el delito, nunca existió, por eso nosotros estamos aquí injustamente… pero sabemos que las autoridades no llevan justicia, y nosotros queremos que se haga una justicia bien, para que sea un país que esté bien para todos, para nuestros hijos que vayan creciendo y para los que ya están grandes. Para que todo mundo que esté viviendo en México, queremos una justicia.

Su voz es fuerte y su desconocimiento del español no lo detiene. Mira de frente y mueve las manos. Una cruz de madera le cuelga en el pecho. Cuando una palabra se le atora mira hacia arriba, como esperando que le caiga del cielo. Es paciente. Se asegura de que estemos comprendiendo lo que dice. A su lado, José Ramón se mantiene callado.

-¿Cómo se siente usted, José Ramón?

-En primer punto yo doy mi palabra, como ya mayor de edad, tengo 64 años cumplidos. Yo no puedo hablar en español muy correcto, hablo en náhuatl, por completamente yo nací desde pequeño me enseñó mi papá y mi madre que sea náhuatl, pero ahorita ya voy un poco aprendiendo, tengo muchas palabras que no puedo pronunciarlo bien. Mi nombre es José Ramón Aniceto Gómez.

Ninguno de los dos terminó la primaria. Ambos son campesinos. Por los cargos para los que fueron elegidos nunca recibieron sueldo, son tradicionales. Y para haber sido elegidos primero tuvieron que ser mayordomos. Es decir, haber demostrado que son personas responsables y de fe.

José Ramón lleva una camisa blanquísima. Su piel se ve más curtida que la de Pascual, que es más joven, tiene 48 años.

-¿Qué van a hacer cuando salga?

-Pensamos en cuanto salgamos volver a conectar (el agua) para que se cumpla.

-¿No les da miedo?

-No, porque hay un derecho y hay un documento –mientras Pascual contesta, José Ramón lo mira y asiente.

-Ustedes fueron declarados presos de conciencia, ¿saben por qué?

Se miran.

-Yo creo que lo que hicimos es bien, nosotros, ahí  en el pueblo –aventura Pascual.

-Lo que pensamos en bien del pueblo, lo que pensamos que cada quien puede tomar del agua potable, por eso –asegura José  Ramón.

Luego hablan de sus hijos, de la comida que se les antoja, del campo, de la siembra pendiente, de la tristeza, de la desesperación, de la corrupción y la injusticia, del agua.

Al final, José Ramón nos mira y nos pide ayuda, como si en nuestras manos estuviera, como si una palabra nuestra bastara.

Que nos liberen lo más pronto posible, por favor. Nosotros como humanos hay un momento en que nos sentimos como desesperados porque sabemos no hemos hecho nada. Si yo hubiera una cosa hecho, haya yo cometido, pues para qué, ya ni modo, que acá esté yo. Pero yo sé, sabemos que no fue cierto, son cosas, infamaciones que nos hicieron y por eso estamos desesperados. Les pedimos de favor para que más pronto queremos nuestra libertad, queremos ser libres.

Ha pasado la media hora permitida y salimos. Atrás de las rejas se quedan ellos, quizás pensando en que es verano y que este año, como desde hace dos, qué más da la lluvia o la parcela si no podrán ir al campo ni hacer surcos en la tierra para sembrar su maíz.Lado B. Periodismo 3.0

José Ramón y Pascual fueron liberados finalmente a finales de 2012, casi tres años pasaron en la cárcel por un delito inexistente. A las cinco de la tarde del 28 de de noviembre José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz salieron del penal de Huauchinango por la misma pequeña puerta por la que entraron el 13 de enero del 2010. Afuera los esperaba el ex comandante Carmelo Castillo, acusado del mismo delito -que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla declaró inexistente- y que fue liberado seis días antes.

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