Ámbar Barrera

@Dra_Caos

En México no hay un estudio formal para conocer el porcentaje de población no heterosexual, probablemente por lo diversa que es la sexualidad de una sola persona y porque muchos no heterosexuales viven su orientación reprimida o en la clandestinidad (en el clóset). Según una aproximación derivada de los estudios de Kinsey y otros investigadores estadounidenses en los años 70, suele mencionarse que 10% de la población total es no heterosexual. Sin embargo, Ricardo Baruch y otros activistas interesados en el tema concuerdan en que ese porcentaje está basado en una metodología vaga y que no podría aplicarse en la actualidad debido, por ejemplo, a la explosión demográfica en los últimos 50 años.

No obstante, existe otro tipo de datos que evidencian la urgencia de acciones políticas y legislativas a favor de los derechos de las personas no heterosexuales, por ejemplo, el que ubica a México como el segundo país a nivel mundial con mayor número de crímenes de odio por homofobia, o el que indica que los HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) son el mayor grupo de riesgo de infección de VIH, entre otros. Podría considerarse importante que sean ciudadanos pertenecientes al colectivo LGBTTTI quienes, desde distintos cargos públicos, se encargaran de tomar acciones frente a las problemáticas e intereses del grupo al que representan y del que, de hecho, forman parte. La realidad es que no se sabe con exactitud cuántos no heterosexuales hay en los congresos, tan sólo se conocen los casos de quienes han decidido hacer pública su orientación sexual o su identidad sexo-genérica.

La lista de candidatos a algún cargo público que apoya los intereses del colectivo LGBTTTI se ha reducido principalmente a los pertenecientes a los partidos llamados de izquierda, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y el antiguo Partido Social Demócrata (PSD) –el cual perdió su registro en 2009–, esto sin mencionar las posturas que toman algunos candidatos ante temas como el matrimonio y la adopción de personas del mismo sexo y que quedan solamente como eso: una postura a favor o en contra y que suelen no ser concretas, como ocurrió con los candidatos presidenciales de 2012 durante los debates.

También pueden mencionarse algunos casos de candidatos con un largo camino como activistas en el terreno de la diversidad sexual que, a pesar de estar comprometidos con el colectivo LGBTTTI, no resultaron electos para los puestos políticos a los que fueron postulados. El ejemplo más emblemático es tal vez el de Amaranta Gómez Regalado, una muxe (denominación específica zapoteca para designar a mujeres trans) e indígena oaxaqueña que se postuló en 2003 para diputada federal con el partido México Posible. Está también el caso de la activista Lol Kin Castañeda, lesbiana y feminista que fue candidata a asambleísta del distrito XIV del Distrito Federal por el PSD en 2009 y que entre sus propuestas estaba, además del matrimonio igualitario, la cobertura pública de salud para la reasignación de sexo.

En la práctica, fuera de las promesas de campaña, el número de servidores públicos que hace suyos los temas de la diversidad sexual se reduce aún más. De hecho, sólo ha habido tres casos. El primero es el de Elsa Patricia (Patria) Jiménez, perteneciente al PRD, quien en 1997 se convirtió en la primera diputada federal plurinominal abiertamente lesbiana. El segundo caso es el de Enoé Margarita Uranga Muñoz, abiertamente lesbiana y militante del PRD, quien funge actualmente como asambleísta por representación proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El último caso, y el más reciente, es el del alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada, abiertamente homosexual y militante del PRI. En contraste con los anteriores casos, Medrano no apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el derecho de parejas homoparentales a la adopción.

En total son tres casos en los últimos 16 años: dos de estos recientes y uno, además, que no apoya las causas del colectivo LGBTTTI.

LAS CUOTAS

La cuota de género –que es el porcentaje mínimo de representación política para las mujeres– está delimitada formalmente desde hace varias décadas por la ONU, procurando que las candidaturas de mujeres sean iguales en porcentaje que las de los hombres. Sin embargo, el número de mujeres que ejercen cargos públicos sigue siendo menor al de las que se postulan. Y los temas concernientes a las mujeres, como el aborto legal, siguen siendo tabús en las propuestas de campaña y dentro de los órganos legislativos. Lo mismo sucede en lo que respecta a los derechos de las mujeres lesbianas.

Los pueblos indígenas son otro grupo en busca de una mayor representación en los congresos, dando lugar a los llamados “asientos reservados” en las curules. Ellos justifican su petición por ser aproximadamente el 10% de la población total del país pero en los congresos sólo tienen representación del 1% y son relegados al interior de los partidos políticos.

Ante estas carencias representativas para ciertos grupos de la población y la urgencia de legislar sobre sus temas particulares, en el caso del colectivo LGBTTTI, ¿debería establecerse una cuota “rosa”?

Alex Alí Méndez, abogado y activista, sostiene que las cuotas no necesariamente son la solución a la falta de representatividad:

–Las cuotas no siempre cumplen con la finalidad para las que son creadas. Tal vez la idea en un primer momento es interesante, puede ser bueno, pero ya en la práctica no da los resultados necesarios. Lo que debería buscarse es generar una conciencia, sensibilizar a todos los servidores públicos sobre los temas de derechos humanos. Entonces un hombre sería capaz de entender y estar abierto al diálogo para el tema de mujeres y una mujer estar abierta al tema de indígenas, etcétera. Creo que nos falta esa capacidad de ponernos en el lugar del otro.

Genaro Lozano, politólogo, periodista, académico y activista, menciona que el tema de las cuotas y su efectividad son discutidas actualmente por la ciencia política y pueden ser necesarias según la situación de cada país:

–Respecto a lo LGBT, hay partidos que ya tienen así sus grupos, direcciones como el PRD que tiene una comisión de diversidad sexual que busca impulsar a diputadas y diputados LGBT, pero no ha funcionado. Por ejemplo, Enoé Uranga llegó por esa acción afirmativa y no logró sacar sociedades de convivencia, aunque salió tiempo después y ella quedó considerada como la madre de sociedades de convivencia. Y cuando estuvo en el Congreso federal no hizo absolutamente nada, incluso trabajó en contra del matrimonio igualitario. Entonces, yo estaría un poco inquieto con decir que debería haber un asiento reservado o una cuota LGBT. Lo que debería ser, idealmente en una democracia, es que las personas que lleguen a los cargos de elección popular sean los mejores candidatos o candidatas, independientemente de si son hombres, mujeres, lesbianas, gays, negros o indígenas.

Cirilo Rivera García, psicólogo y cofundador del Programa de Atención a la Violencia Masculina en Puebla, afirma que establecer cuotas es otra forma de mantener la dominación de unos grupos sobre otros:

–El asunto es que no existan las cuotas sino el derecho como tal, que no necesiten decirte ‘bueno, te vamos a armar tu catafixia para que de cinco personas pueda entrar uno de ustedes’. Es como la cuota de género para una elección de cargos federales, ¿por qué pensar en el proceso de dominar? Entonces, para que no se vea grotesca la dominación, abrimos la cuota. Me parece que la participación no debería o no tendría por qué cerrarse a una cuestión de preferencia, de élite, de raza o de género.

AVANCES LEGISLATIVOS PARA LA COMUNIDAD LGBTTTI

En 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la que incluye en su artículo cuarto el término de “preferencias sexuales” como un motivo de discriminación. A partir de ahí, las acciones legislativas para beneficiar al colectivo LGBTTTI han sido batallas peleadas en cada estado, sin obtener, hasta ahora, resultados a nivel federal.

En un boletín publicado por el H. Congreso de la Unión sobre las reformas aprobadas en el segundo periodo de sesiones de febrero y abril de este año y una diversidad de temas (que incluye un par sobre el tema de VIH), sólo una reforma se ha puesto sobre la mesa respecto al tema de discriminación, presentada por la diputada de Nueva Alianza Sonia Rincón Chanona, que plantea la inserción del término de “preferencias sexuales” en otras leyes con la finalidad de “propiciar un mayor conocimiento y, por ende, menos personas discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, que llevan a agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte, así como fomentar la responsabilidad de las personas en materia sexual y reproductiva”.

Mientras dicha reforma se discute, otros temas de interés del colectivo LGBTTTI siguen desplazados, por ejemplo la ley de Identidad sexogenérica a nivel federal.