En tanto, Senado se tarda en acotar fuero militar

Cimac

México, DF. A casi tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenara al Estado mexicano acotar el fuero militar para evitar que los soldados que cometan violaciones sexuales contra mujeres, como las ocurridas contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, sean “juzgados” por militares, estos hechos siguen ocurriendo.

Ahora tres miembros del Ejército son acusados de violar sexualmente a una mujer en Tamaulipas. Los medios locales informaron que el pasado 10 de julio, una joven de 15 años fue violada por soldados que irrumpieron en la habitación del hotel donde estaba con su pareja.

En octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas por efectivos militares en hechos separados en 2002, en Guerrero.

Foto tomada de: www.tlachinollan.org/

En los fallos, el alto tribunal regional ordenó una serie de acciones para reparar el daño y recomendó reformar el Código de Justicia Militar, para evitar que estos delitos sean juzgados por efectivos castrenses y así evitar atropellos y violaciones al debido proceso durante la investigación. A decir de organismos nacionales e internacionales esto es un síntoma de impunidad.

Activistas han advertido que llevar estos casos ante los tribunales militares significa que los soldados son juez y parte del proceso, y que incluso se revictimiza a las denunciantes.

A casi tres años de las recomendaciones de la CoIDH, las violaciones cometidas por militares persisten, ya que en Tamaulipas surgió una nueva acusación de violación sexual por parte de soldados desplegados en tareas de seguridad en esa entidad.

De acuerdo con medios locales, el pasado 10 de julio la joven –quien presentaba un embarazo– estaba con su pareja en un hotel cuando un grupo de militares entró al lugar, irrumpió en su cuarto y entre varios la golpearon y la violaron sexualmente.

Tras los hechos, la madre de la joven acudió al Comité de Derechos Humanos para denunciar la agresión. Según sus declaraciones a los medios, la joven se negó a ir al médico por vergüenza de narrar lo sucedido. Además aseguró que desde que ocurrió la violación, los soldados rondan su negocio y se burlan de ella.

Los medios reportaron que los soldados obtuvieron los datos de la joven porque el día de la agresión le pidieron su dirección y le tomaron fotografías. Según algunas versiones, no confirmadas ni desmentidas, los efectivos realizaban un operativo en la zona.

La madre interpuso una queja ante el Comité de Derechos Humanos, pero la instancia no ha informado si ya se interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia estatal o ante las autoridades militares.

Foto tomada de: zocalo.com.mx

La prensa local informó que una cámara de seguridad del hotel registró la entrada de los militares y el tiempo que permanecieron en la habitación de la joven.

El pasado 2 de agosto se reportó que la joven fue citada al Primer Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, para identificar y carearse con sus agresores.

Los mandos militares le presentaron fotografías y ella identificó a algunos de los soldados que la violaron, aunque le informaron que uno ya había desertado.

Según los medios locales, la familia de la joven se inconformó por la diligencia, toda vez que mientras ella tenía que identificar a sus agresores, los militares se burlaban. Ellos negaron los hechos.

No obstante, la prensa señaló que el general brigadier Antonio Solórzano dijo que  tienen identificado al solado que la agredió y desertó seis días después. El militar prometió localizarlo y someterlo al proceso por el delito de violación sexual.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció casi un mes después. Ayer emitió un comunicado para anunciar que iniciaría una investigación de oficio. El organismo dijo que envió un equipo de visitadores adjuntos, una médica y una psicóloga para integrar el expediente.

En otro comunicado, la senadora por el PRD Angélica de la Peña aseguró que el Congreso de la Unión será igualmente culpable de los abusos si no dictamina inmediatamente y acota el fuero militar.

Un día después de que la joven fue violada, el 11 de julio, la Comisión de Justicia del Senado presentó un dictamen para reformar el Código de Justicia Militar, y evitar que las violaciones a Derechos Humanos sean juzgadas en tribunales castrenses.

A decir de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, las y los legisladores no pueden rehuir una vez más a su responsabilidad de acotar el fuero militar como el primer paso para dignificar al Ejército como parte de un Estado democrático.

“¿Cuántas niñas más? ¿Cuántas mujeres más tienen que ser ultrajadas para que el Congreso de la Unión cumpla con su responsabilidad y dictamine a fin de que los militares que violen los Derechos Humanos de ciudadanos sean castigados por tribunales civiles?”, arremetió la senadora.