Lado B
El gobierno desobedece su propia ley en el caso del acueducto: yaquis
 
Por Lado B @ladobemx
06 de agosto, 2013
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Giovanni Velázquez | Desinformémonos

México. Ante la falta de compromiso con la legalidad y las omisiones para ejecutar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de instituciones federales, la tribu yaqui denunciará a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al gobierno federal.

Foto tomada de desinformemonos.org/

Foto tomada de desinformemonos.org/

En las reuniones que se realizan diariamente en el bloqueo carretero que desde hace 11 semanas tiene lugar en Vicam, los yaquis acusan que encontraron evidencia de un “aparente contubernio. Su actitud omisa al no ejecutar la sentencia cabalmente, nos genera bastantes sospechas porque definitivamente vemos un trabajo ambiguo y amañado que no permite generar confianza en las instituciones que nos hemos dado los mexicanos”, señaló un habitante del lugar. Los pobladores afirman que los argumentos que utiliza SEMARNAT son como si la secretaría promoviera tanto la construcción como la operación del acueducto.

A mediados de julio, una comisión de yaquis y sus representantes legales sostuvieron una reunión con funcionarios de las dependencias federales involucradas, que giró en torno a la pregunta “¿A qué le teme SEMARNAT?” La respuesta, consideran los indígenas, nunca llegó, pues la secretaría esgrimió argumentos legales para responsabilizar a la SCJN de aclarar las resoluciones, y solicitó “tiempo” para resolver los asuntos  correspondientes a la controversia constitucional interpuesta por el municipio de Hermosillo y al amparo otorgado a la Tribu.

Los abogados de la tribu yaqui cuestionan la incapacidad para atender un asunto tan relevante como el del agua, no sólo en cuanto a los derechos humanos violentados a un pueblo indígena, sino también en cuanto a los asuntos legales, al dar mayor importancia a una suspensión que a una orden ejecutoria de la SCJN. “Es muy grave que la autoridad en lugar de buscar una salida para resolver el problema, busque alargar los procesos y las consultas y seguir con las violaciones. La tensión se incrementará al grado de no poder sentarnos a dialogar”, apuntó uno de los letrados.

Lea el texto completo de Desinformémonos aquí.

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