Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A seis meses once días de iniciado el año el gobierno del estado ha incumplido con su obligación legal de mantener actualizados sus portales de transparencia, pero no es el único ente de gobierno que ha desacatado la ley, la propia Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), el órgano garante de la transparencia en el estado, ha retrasado las evaluaciones periódicas a las páginas gubernamentales.

En 2012 la CAIP llevó a cabo en septiembre la última evaluación sobre el cumplimiento, por parte de los órganos de gobierno de publicar en sus sitios electrónicos información básica como salarios, procesos de compra y contratos de obras pública, arrendamientos y demás.

Tras esa revisión dada a conocer a través del sitio electrónico de la comisión, y que evidenció que ninguno de los órganos de gobierno (o Sujetos Obligados) del estado o municipales cumplió al 100 por ciento su obligación de transparentar la información, la CAIP no ha vuelto a publicar dato alguno.

A pesar del incumplimiento a transparentar la información básica, la comisión no inició acción legal alguna en contra de los Sujetos Obligados, como reconoció el presidente de la CAIP, José Luis Fregoso Sánchez, en una entrevista realizada hace un par de meses.

Sin información de 2013

Cualquiera que intente conocer que obras han sido contratadas o están bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura (SI) en este año y el avance que llevan buscando en la página de transparencia de la dependencia se llevará un chasco, no hay información alguna a pesar de que se trata de información básica que por ley debe estar en el sitio (Fracciones 19 y 20 del artículo 11 de la Ley de Transparencia).

A lo más que podrá llegar quien revise el sitio es a conocer que se contrató en 2012 o en 20111–excluyendo el CIS y cualquier contrato relacionado—.

Y la misma situación se replica si se quiere conocer cuáles son los convenios firmados por la Secretaría General de Gobierno en este año, pues la última información publicada data de agosto del año pasado.

O si se busca en la página de la Secretaría de Educación Pública la información sobre los beneficiarios del programa de “computadoras portátiles”, la información más reciente data de diciembre de 2011, a pesar de que en marzo de este año el gobernador entregó, según una nota del diario Milenio, dos mil computadoras a maestros destacados. Y lo mismo sucede con los contratos firmados por la dependencia.

El artículo 25 de la ley señala claramente que “los Sujetos Obligados deberán difundir la información pública de oficio, a más tardar treinta días después de la fecha en que se generó. Ésta deberá actualizarse al menos cada seis meses”, situación que como ya se señaló no se ha cumplido.