Lado B

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Hace dos meses la joven Shapla era sólo una empleada más de una fábrica de la localidad de Savar, en las afueras de la capital de Bangladesh, hoy en día es una sobreviviente discapacitada de uno de los peores accidentes de la industria textil de este país.

El derrumbe del gran Rana Plaza, un edificio con cinco fábricas, que enterró el pasado 24 de abril a más de mil personas bajo un bloque de cemento y vidrio, es la realidad a la que se enfrentan miles de trabajadores en este país.

A razón de ello, organizaciones laboralistas advierten muchas debilidades en el acuerdo recientemente anunciado por 17 fabricantes y comercios minoristas, entre ellas las firmas estadounidenses Walmart y Gap, destinado a fortalecer las condiciones de empleo y los derechos de trabajadoras y trabajadores textiles de Bangladesh.

 “La llamada Alianza Global para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh se creó sin consultar a los involucrados ni a sus representantes. Se trata de otro esquema ‘voluntario’ sin mecanismos significativos para su aplicación”, dijo Richard Trumka, presidente de la poderosa central sindical estadounidense AFL-CIO.

 “Las compañías que integran la alianza y que no cumplan con el compromiso no estarán sujetas a consecuencias negativas, salvo la expulsión del esquema. Mientras, seguirán pagando las trabajadoras”, explicó el líder de la AFL-CIO (siglas en inglés de Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales).

De hecho, las compañías que decidan retirarse de la alianza solo estarán sujetas a una penalización que implica el pago de su parte de los costos administrativos, según una respuesta conjunta ofrecida por una decena de organizaciones defensoras de los derechos laborales (entre las que no está AFL-CIO), a la que tuvo acceso IPS.

Para las grandes compañías, esa suma representa unos cinco millones de dólares, una pequeña cantidad respecto de los ingresos de Walmart, por ejemplo, que ascienden a más de 400.000 millones de dólares al año.

 “Para una compañía cuyos ingresos ascienden a miles de millones de dólares, ese tipo de penas representan un costo mínimo por el simple hecho de hacer negocios, pero no es un elemento de disuasión serio”, reza el comunicado de las organizaciones, entre las que se destacan International Labor Rights Forum y el Consorcio de los Derechos del Trabajador.

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