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Adriana Franco Rosales

Miles de madres migrantes son separadas cada año de sus familias, que se quedan en EU, ante la indiferencia y falta de ayuda del Estado mexicano.

Sin el apoyo del Estado mexicano, miles de mujeres migrantes que dedicaron años de trabajo en Estados Unidos, formaron una familia y al final fueron deportadas, viven el trance de haber sido separadas de sus hijas e hijos sin la posibilidad de recuperarlos.

El fundador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jorge Bustamante Fernández, advierte que debido a su “indiferencia y falta de voluntad política”, las autoridades no protegen los Derechos Humanos de las miles de mujeres migrantes que cada año son deportadas de EU y separadas de sus familias.

El también ex relator especial de la ONU sobre Derechos de los Migrantes sostiene que esa situación no se resolverá de manera automática con la aprobación de la reforma migratoria en EU, ya que es un problema binacional en el que también el gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad.

Entre 2010 y 2012, 204 mil personas de origen mexicano, madres y padres migrantes, fueron deportadas y separadas de sus hijas e hijos nacidos en EU, según datos del Centro de Investigación Aplicada (ARC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con ARC, hasta 2011 se registraron 5 mil 100 hijas e hijos de migrantes bajo custodia de Washington. Sus padres y madres fueron “removidos”, es decir, deportados a partir de una orden judicial, por lo que no pueden solicitar visa estadounidense en los próximos 10 años.

Injusticias

Laura López Guerrero es una de las miles de madres migrantes mexicanas que fueron deportadas de EU durante el lapso registrado por ARC.

Ella cuenta que vivió 18 años sin documentos de estancia legal en el condado californiano de Orange. Trabajaba como empleada del hogar y es madre soltera de seis hijos (dos niñas y cuatro niños), el mayor de 12 años de edad.

Hace año y medio fue “removida” por manejar en estado alcohólico y devuelta a México. Desde entonces no sabe nada de sus hijos e ignora si el Estado norteamericano ya los dio en adopción.

Al arribar a Tijuana, Baja California, Laura intentó recuperarlos pero no sabía a quién acudir. La mujer de 35 años no encuentra empleo en México porque carece de documentos de identidad. Tampoco sabe nada de sus familiares en el DF.

Ahora ella vive en una alcantarilla del río Tijuana, justo en la línea fronteriza, en la que miles de migrantes permanecen en la indigencia con la esperanza de volver a cruzar a EU.

La mujer ignora que con la aprobación de la reforma migratoria se reforzará al máximo la seguridad de la frontera norte, por lo que sus probabilidades de cruzar serán mínimas, tanto como las de recuperar la custodia de sus hijas e hijos, ya que los requisitos que le piden (empleo fijo con ingresos suficientes para sostener un hogar y una casa digna para su descendencia), son imposibles en México, a cuyo gobierno no le importa su tragedia.

El estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es la instancia encargada de ejecutar las “remociones” contra las y los migrantes.

Las “remociones” se dividen en dos: criminales (robo, tráfico de drogas u homicidio), y no criminales (faltas administrativas como infracciones de tránsito o reincidir en el ingreso a EU sin documentos migratorios).

En los últimos cinco años se ha reducido el número de repatriaciones, al pasar de 577 mil 825 en 2008 a 369 mil 492 en 2012, según el Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.

No obstante, las “remociones” han ido en aumento. Así lo muestran las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Las deportaciones por “remoción” subieron de 34 mil 681 (28 por ciento de ellas no criminales) en 1995, a 293 mil 966 (51 por ciento no criminales) en 2011.

Aunque las estadísticas del DHS no están desagregadas por sexo, investigadores del Colef coinciden en que las migrantes mexicanas son deportadas en su mayoría por “remociones no criminales”, y que el mayor costo que asumen es la separación familiar, ya que muchas son jefas de familia que no tienen con quien dejar a sus hijos para evitar que el Estado norteamericano les quite la custodia.

Esto implica un complejo proceso de recuperación de las y los hijos debido a la intersección de las políticas migratorias con el Servicio de Protección Infantil, que exige a las migrantes deportadas los mismos estándares que a las familias norteamericanas, cuando la situación económica, social y de apoyo gubernamental en México es muy distinta.

Así lo señala Vicky Kline, coordinadora de Unidad Familiar del Instituto de las Mujeres en la Migración, quien llama al gobierno federal a diseñar políticas públicas que permitan reinsertar a las migrantes, mediante asesoría legal y programas sociales, a sus comunidades de origen y cumplir así con los requisitos que exige EU para que puedan recuperar a su descendencia.

Grupos civiles respaldan a madres deportadas

Ante la omisión del Estado mexicano para salvaguardar los derechos de las migrantes que son deportadas y separadas de sus hijas e hijos nacidos en Estados Unidos, las organizaciones civiles son quienes apoyan a las mujeres para lograr la reunificación familiar.

Sin embargo, los esfuerzos de las y los defensores de migrantes no son suficientes, ya que no cuentan con los recursos necesarios para brindar asesoría jurídica y asistencia social para atender los miles de casos, que aumentaron drásticamente a partir de 2008 por el endurecimiento de las políticas migratorias en EU.

Así lo señala el informe “Violaciones a Derechos Humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en Estados Unidos”, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB), que se presentó hace unos días en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El documento del PDIB –que también se entregó la semana pasada a organismos civiles y autoridades en Washington– indica que al momento de tomar decisiones respecto a la deportación, las autoridades estadounidenses deberían privilegiar el interés superior de las y los niños, considerando su derecho a la unidad familiar.

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sostiene que la detención de una madre o un padre migrante no debe ser bajo ninguna circunstancia un factor para la pérdida de la custodia legal de sus hijas e hijos.

Es por ello que las organizaciones civiles defensoras de migrantes, agrupadas en la Iniciativa de la Frontera Norte de México, de donde surge el PDIB, hicieron un enérgico llamado al gobierno mexicano para que ejecute acciones urgentes de repatriación digna y humana, a fin de que se implemente un protocolo de reunificación familiar en coordinación con las autoridades estadounidenses.

Para lo cual será necesario, se especifica en el informe, que se articulen los gobiernos locales de EU, los consulados mexicanos, las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Asimismo, el PDIB exige que el Estado norteamericano realice un estudio público sobre las y los niños y adolescentes que se encuentran bajo su custodia, así como de aquellos que son dados en adopción o son separados de manera definitiva de sus padres por motivos migratorios.