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Marcela Valente (IPS)

Argentina.- Los avances de Argentina en materia de juicio y penalización a responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura se ven empañados últimamente por las fugas de varios de esos represores al amparo de condiciones de detención consideradas laxas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos están preocupadas por el aumento en la cantidad de prófugos, que creció de casi 40 personas a 54 en solo un año, según Lorena Balardini, investigadora del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 “El número anterior era histórico y persistente. Había algunos que eran capturados y se fugaban otros, o sea que había como un ‘staff permanente’. Pero nos llama la atención que desde 2012 la cantidad de prófugos haya saltado a 54”, subrayó en entrevista con IPS.

Datos del Ministerio Público Fiscal actualizados a este mes dan cuenta de que en Argentina están bajo proceso 1.049 personas en el marco de los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1976-1983).

También se indica que fueron juzgadas, en este marco, 471 personas acusadas de secuestro, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos contra la humanidad, 426 de las cuales fueron condenadas.

En Argentina están bajo proceso 1.049 personas en el marco de los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1976-1983), 471 han sido juzgadas y 426 de ellas fueron condenadas.

En tanto, hay 853 detenidos, entre condenados y procesados, más de 60 por ciento en cárceles comunes, 36 por ciento en arresto domiciliario y el resto en dependencias de fuerzas de seguridad o internados en hospitales por algún problema de salud.

Balardini, coordinadora del Área de Investigación del CELS, admitió que no hay una explicación contundente para este aumento de fugas, aunque sugirió que puede estar relacionado con “la flexibilidad de las condiciones de detención” de algunos represores, ya sea por decisión judicial o de las autoridades penitenciarias.

El último caso que catapultó sospechas de privilegio ocurrió el jueves 25, cuando escaparon Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, quienes habían sido condenados junto a otros seis represores el 4 de este mes en la occidental provincia de San Juan, el primero a prisión perpetua y el segundo a 25 años de prisión efectiva.

Olivera y De Marchi habían sido trasladados de su lugar de detención, en San Juan, al Hospital Militar Central Cosme Argerich, ubicado en la ciudad de Buenos Aires y distante unos 1.300 kilómetros, para presuntas consultas en dermatología, kinesiología y psiquiatría.

El pedido fue tramitado por la esposa de Olivera, Marta Ravasi, psicóloga de ese hospital, y rechazado en primera instancia por el tribunal que juzgó a los condenados. Pero el juez subrogante Miguel Ángel Gálvez, de San Juan, aceptó la solicitud y firmó el traslado.

Poco después de llegar a la consulta, los dos condenados desaparecieron del edificio. La justicia argentina pidió su captura y la Policía Internacional (Interpol) emitió la orden de inmediato. Para apoyar la búsqueda, el Ministerio de Justicia ofreció una recompensa de dos millones de pesos (unos 364.000 dólares) a quien brinde datos que permitan encontrarlos.

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