Lado B

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A pesar que tuvieron que esperar más de veinte años para que la jueza Jazmín Barrios dictara la condena de 80 años -50 por genocidio y 30 por crímenes contra la humanidad- al ex dictador Efraín Ríos Montt, hoy en día en Guatemala se cierne un ambiente de miedo, desconfianza y desolación por parte de las víctimas de la represión que sufrieron varias comunidades indígenas en este país.

El 10 de mayo de este año, Máxima García escuchó finalmente la sentencia que le daría justicia, luego que fuera violada por una veintena de soldados. Al igual que ella, muchos pensaron que finalmente las autoridades habían reconocido sus errores, sin embargo poco duró aquella sensación, ya que diez días después, la Corte de Constitucionalidad, máximo ente judicial de Guatemala, anuló la sentencia en contra del ex dictador y retrotrajo el debate oral y público a sus inicios, debido a que se violentó el debido proceso en este caso. Hoy en día el ex dictador Ríos Montt se encuentra en casa con una medida de arresto domiciliario, a la espera del juicio que podría darse hasta 2014.

En Santa María Nebaj reina el miedo y la desconfianza. Los vecinos de este municipio indígena del noroeste de Guatemala creen que volverán a presionarlos para que no repitan los desgarradores testimonios de violaciones a los derechos humanos que prestaron en el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt.

La incertidumbre de los testigos ixiles se instaló al conocer que pueden ser convocados para contar otra vez su trágica historia en nuevo juicio. Según la CC, el juicio debe volver atrás en el tiempo y retomarse a partir de lo actuado hasta el 19 de abril, cuando el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, ya había escuchado la mayoría de los testimonios y analizado los peritajes, y únicamente faltaba que la parte acusadora y la defensa resumieran sus argumentos y se dictara sentencia.

Como la ley guatemalteca prohíbe que una misma corte vuelva a emitir una opinión sobre un mismo caso, las nuevas actuaciones quedarán en manos del Tribunal de Mayor Riesgo B. Este tiene ya 21 procesos en su agenda, lo cual significa que el nuevo juicio a Ríos Montt y a su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se programaría recién para abril de 2014.

Extraños visitantes

Días después de que 98 ixiles narraran ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo masacres, violaciones grupales contra mujeres y niñas, torturas y ejecuciones de que las habían sido víctimas o testigos, llegaron varias personas a la comunidad, quienes aseguraron que eran de un ente gubernamental dedicado al fomento del desarrollo agrícola y que realizaban un censo.

Pero la visita de los supuestos funcionarios despertó sospecha, ya que únicamente se dirigieron a las viviendas de los testigos y conocían de antemano sus datos personales, incluyendo sus nombres y el número de su documento personal de identificación.

Los indígenas los miraron con recelo y luego reportaron el incidente a la sede local del no gubernamental Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que es querellante en el juicio.

CALDH comprobó que no existía ningún registro de la supuesta entidad y, ante ello, presentó una denuncia en el Ministerio Público y en la Procuraduría de los Derechos Humanos, exigiendo garantías de seguridad para los testigos y sobrevivientes de la represión.

Las víctimas, de cualquier forma, estaban decididas a buscar justicia. “Desde que empecé a luchar no tengo miedo, confío en lo que estoy diciendo. Necesitamos una sentencia real”, dijo a IPS el líder ixil Antonio Caba, el 12 de abril, días después de haber narrado ante los jueces las masacres y torturas que presenció, cuando tenía 11 años.

Lograr que las víctimas vencieran el miedo y se atrevieran a contar historias tan dolorosas y traumáticas ante un tribunal fue un proceso largo que requirió muchos años de acompañamiento psicosocial, explicó a IPS el portavoz del CALDH, José Rodríguez.

Bajo el mandato de Ríos Montt, el ejército y los paramilitares conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil cometieron 334 matanzas, 19.000 asesinatos y desapariciones forzadas, destruyeron 600 aldeas y un millón de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Esta comisión fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, a partir de los Acuerdos de Paz de 1996 entre el ejército y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala.

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