#ReformaTelecom: lo que viene

#ReformaTelecom: lo que viene

Roberto Alonso*

@rialonso

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación comienzan los plazos fatales para la reforma en materia de telecomunicaciones que contó con el respaldo de más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y con el apoyo de la mayoría de los congresos en los estados, siendo suscrita por el presidente Peña Nieto el pasado 10 de junio.

La reforma es histórica en sí misma por introducir a la Constitución las bases para un despliegue de garantías a favor de la competencia, la diversidad, el pluralismo y la calidad en los servicios de telecomunicaciones, desde la radio y la televisión hasta la telefonía móvil y la banda ancha. Dichas bases, sin embargo, corren el riesgo de ser únicamente fachada si no se completa en todos sus alcances la hoja de ruta que plantean sus transitorios.

En los próximos 180 días, esto es, para antes de mediados de diciembre, el Congreso de la Unión debe adecuar la legislación secundaria al espíritu de la reforma y expedir una norma convergente que sintetice las actuales leyes federales de Radio y de Televisión y de Telecomunicaciones e incluya, entre otros aspectos, tipos penales especiales para castigar las prácticas monopólicas y los fenómenos de concentración, las reglas con las que funcionará el organismo descentralizado de radiodifusión pública y los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones, de modo que sólo existan concesiones de uso comercial, público, privado o social.

Asimismo, dicha legislación secundaria debe considerar la regulación del derecho de réplica, la promoción de la producción nacional independiente, las prohibiciones en materia de subsidios cruzados, los criterios con los que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) autorizará el acceso a la multiprogramación y la creación del consejo consultivo del Ifetel.

La reforma compromete también que un comité de evaluación -conformado por los titulares del Banco de México, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Inegi- debe enviar al Ejecutivo federal las listas de los aspirantes a integrar los nuevos organismos autónomos dentro de los 60 días siguientes a su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 10 de agosto. Lo anterior supone que en las próximas semanas el comité deberá emitir una convocatoria pública, verificar el cumplimiento de los requisitos para participar y aplicar un examen de conocimientos para el cual se tome en cuenta la opinión de, cuando menos, dos instituciones de educación superior.

Recibidas las listas de aspirantes el Ejecutivo federal dispone de 10 días para remitir sus propuestas de comisionados al Senado, a ser ratificados por sus dos terceras partes en un plazo semejante de 10 días, tantas veces como lo permita el número de aspirantes en caso de que la propuesta enviada sea rechazada y siendo designado en automático el último aspirante aprobado por el comité. Bajo este esquema, el Ifetel y la Comisión Federal de Competencia Económica deberán estar constituidos para el 30 de agosto, desapareciendo con ellos la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, cuyos recursos humanos, financieros y materiales pasarán a formar parte de ambas instituciones.

Puntualmente, de la integración del Ifetel depende la operación de las reglas de must carry y must offer de manera gratuita y no discriminatoria, y la declaración de agentes económicos dominantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones -de acuerdo con los criterios que contiene la reforma y junto con la imposición de aquellas medidas que favorezcan la competencia-; así como la licitación de las frecuencias necesarias para dar forma a dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, la desagregación de la red local del agente dominante en telecomunicaciones, la revisión de los títulos de concesión vigentes y la difusión de un registro público de concesiones en un plazo no mayor a 180 días. Así, si el Ifetel entra en funciones a finales de agosto, la licitación de las nuevas cadenas de televisión tendría como fecha límite febrero de 2014.

Por otra parte y con la simple entrada en vigor de la reforma se ha abierto la inversión extranjera hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y hasta un máximo de 49 por ciento en radiodifusión, a condición este último porcentaje del esquema de reciprocidad que exista en el país donde esté establecido el inversionista.

Adicionalmente, la reforma ratifica que el proceso de transición a la televisión digital terrestre deberá concluir el 31 de diciembre de 2015, obligando, por un lado, a los tres poderes a que esta política sea una realidad con los recursos que requiera y, por el otro, a concesionarios y permisionarios a devolver las frecuencias que les fueron prestadas para este proceso a fin de garantizar un uso óptimo de la banda de 700 MHz.

La publicación de la reforma en materia de telecomunicaciones es una buena noticia en el marco de una mala: la suspensión del apagón analógico a partir de un problema magnificado por actores interesados en mantener el statu quo. A este tipo de resistencias y usos a conveniencia de la pantalla pueden enfrentarse la elaboración legislación secundaria y la conformación de los organismos autónomos. ¿Habrá marcha atrás o pasos hacia adelante?

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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