Lado B

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Este lunes el Congreso del estado podría aprobar un dictamen de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla que “no atiende a la prevención ni a la erradicación de la discriminación de manera eficaz, eficiente ni bastante”.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) la propuesta aprobada el pasado jueves por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, presididas por Josefina Buxadé Castelán y Enrique Nacer Hernández, es imperfecta, poco clara e insuficiente.

Puebla es uno de los 11 estados de la República que aún no tiene una Ley Estatal contra la Discriminación, aunque se han presentado cuatro iniciativas.

Tomada de: redadolecentesvih.ning.com/

La primera fue en julio del 2006 por la entonces diputada panista María de los Ángeles Gómez Cortés. Las otras tres se presentaron en esta Legislatura, después del asesinato de la activista Agnes Torres. En marzo del 2012 lo hizo el aliancista Guillermo Aréchiga Santamaría, en septiembre de ese año lo haría el ex diputado de Movimiento Ciudadano (hoy candidato a la Presidencia de San Pedro Cholula), José Juan Espinosa Torres, y también el perredista Eric Cotoñeto presentó la suya, aunque de ella no queda registro en la página del Congreso.

En septiembre del 2012, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, estuvo en Puebla para sostener una reunión con legisladores y exhortarlos a aprobar dicha ley. De hecho manifestó su simpatía hacia la propuesta de Guillermo Aréchiga.

Sin embargo ésa y las demás iniciativas quedaron en la congeladora.

Hace poco más de un mes, Brahim Zamora, del Odesyr, dijo a Lado B que sería ideal si desde el Ejecutivo se impulsara una Ley contra la Discriminación, que considerara –como es el caso de tres de las cuatro iniciativas– la creación de un organismo público, autónomo o descentralizado que atendiera los casos tal como lo hace Conapred, en el marco de una ley local, pero que también podría ser que se le dieran más atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) para tal objetivo.

Las fallas

El análisis del Odesyr enumera siete fallas del dictamen que se someterá a la votación del pleno este día:

“1. Es una propuesta de ley que se considera imperfecta, pues no contempla sanciones propias ni procedimientos para su coacción, solo delega la responsabilidad de la observancia a los organismos gubernamentales, lo cual generar un procedimiento parcial, pues quien resuelve es a quien se acusa. (juez y parte)

Ricardo Bucio en reunión con diputados.
Foto: Es Imagen

2. El mecanismo de ejecución e implementación no es claro, al contrario es confuso, resultado de la dispersión competencial que se pretende en esta iniciativa. No plantea cómo se coordinarán las acciones y políticas públicas del Ejecutivo.

3. Los asuntos sobre discriminación que se resuelven en esta iniciativa sólo son entre particulares y gobierno, dejando fuera los asuntos entre particular y particular, lo cual resulta ocioso pues la Comisión de Derechos Humanos de Puebla ya realiza esa función.

4. No crea un Organismo para su operación, lo cual dificulta el acceso de las personas en Puebla a los derechos mencionados en la iniciativa, rompiendo con los principios de certidumbre y seguridad jurídicas

5. No contempla un Consejo Ciudadano dentro del Organismo, lo cual es necesario para la vigilancia y revisión del hacer gubernamental y social respecto del combate contra la discriminación.

6. La iniciativa viola el principio de exhaustividad legislativa, pues es pobre en contenido respecto de los instrumentos internacionales en la materia, de la resoluciones de tribunales internacionales y nacionales, de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil en el país, no atiende al modelo de ley estatal propuesto por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como tampoco refleja contenido respecto de las cifras y datos duros respecto de la problemática de la discriminación en el país y en Puebla.

7. No atiende a la prevención ni a la erradicación de la discriminación de manera eficaz, eficiente ni bastante”.

Por lo anterior, el observatorio considera necesario “abrirse espacios adecuados para el encuentro entre sectores y expertises adecuados y oportunos para nutrir la iniciativa a fin de pueda generar el mayor beneficio posible; revisarse completamente el diseño de la iniciativa desde la más alta técnica legislativa y la mayor voluntad política de quienes ocupan las curules en el Congreso; considerar la creación de un Organismo específico de su objeto, descentralizado, independiente en sus resoluciones y con un Consejo Ciudadano para su vigilancia; establecer sanciones y procedimientos claros y accesibles; atender a su nombre, a ser tan amplia y bastante para que se puedan ejecutar acciones afirmativas eficaces que realmente ataquen a la problemática desde la prevención y la erradicación, y no desde la discrecionalidad y laxitud que la iniciativa actual implica”.

“De lo contrario, -concluye su análisis- nuestra postura es que NO se apruebe la iniciativa contenida en el dictamen en comento, pues sólo creará dificultades para la real y efectiva atención legal de la discriminación en nuestra entidad.

Pensamos que no es solamente un asunto de aprobar una ley, sino de generar instrumentos legislativos que aporten a la construcción de mejores ciudadanías. Exigimos leyes públicas, no leyes gubernamentales a modo”.

Esta organización civil impulsa, a propósito de su análisis y sus demandas, una acción en change.org para pedir al Congreso que la Ley contra la Discriminación se consulte con las y los ciudadanos, que puede ser firmada aquí.