El ingeniero Pablo Reyna Esteves, coordinador del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, analiza en el presente artículo de su autoría el caso de Alberto Patishtán, el “preso político más importante de México”, quien después de 13 años en prisión agotará el último recurso jurídico posible en México para recuperar su libertad

Prensa Ibero Santa Fe

Alberto Patishtán Gómez es el preso político más importante de este país. El profesor indígena chiapaneco y luchador social cumplió el pasado 19 de junio trece años en prisión por un crimen que no cometió. Cuando el último recurso jurídico está por resolver su permanencia en prisión o su liberación, vale la pena recordar el contexto de guerra, paramilitarización y conflicto político en el que fue detenido. En Chiapas, entre 1997 y el 2000, el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador sustituto Roberto Albores Guillén se vivió en la permanente tensión de la guerra de baja intensidad. En ese estado del sureste del país estaban desplegados uno de cada cinco efectivos castrenses, es decir, alrededor de 70 mil soldados en más de 300 establecimientos militares y, además, proliferaban grupos paramilitares alrededor de los territorios zapatistas y pro-zapatistas.

Tomada de desinformemonos.org/

Esta guerra sucia nos despertó el 22 de diciembre de 1997 con la masacre de 45 mujeres, hombres y niños de la Sociedad Civil Las Abejas (organización indígena pacífica y pacifista) en la comunidad de Acteal en el municipio de Chenalhó; la matanza más cruel de la que tuviéramos memoria y por la cual aún se exige justicia. Seis meses después, en junio de 1998, cientos de soldados y policías estatales, bajo las órdenes del gobernador Albores Guillén, avanzaron y desmantelaron el municipio autónomo zapatista de San Juan de la Libertad, municipio oficial de El Bosque, a 100 kilómetros al norte de la capital chiapaneca. Esa ofensiva provocó los primeros enfrentamientos entre el EZLN y el gobierno desde la tregua de enero de 1994.

Después del ‘desmantelamiento’, de El Bosque (municipio que, según el periódico Reforma, entre 1997 y el 2000 registró 25 personas muertas y más de 30 heridas por violencia política) el gobierno estatal instaló como alcalde a su incondicional priísta Manuel Gómez Ruíz. Durante su gobierno, el alcalde impuesto enfrentó la oposición del pueblo de El Bosque en la que participaba abiertamente el profesor Alberto Patishtán Gómez.

Ya en el verano del año 2000, las campañas electorales, los rostros y promesas de Fox, Cárdenas y Labastida acaparaban las portadas y columnas de todos los periódicos. En el aire se sentía la posibilidad de la alternancia. El sueño de la democracia, de la paz. Ya habíamos escuchado que en 15 minutos se podría llevar paz a Chiapas. Faltaban tan solo 21 días para las elecciones cuando el 12 de junio un grupo de civiles armados emboscó un vehículo estatal y asesinó a siete elementos policiacos (entre ellos a un comandante de la policía estatal y otro de la policía municipal) e hirió a otras dos personas en un camino de terracería en el municipio de El Bosque. Del ataque sobrevivieron Rosemberg Gómez, hijo del alcalde priista, y Belisario Gómez Pérez.

Al día siguiente tanto el EZLN como el pueblo de El Bosque se deslindaron del ataque y denunciaron que éste tenía indicios de ser auspiciado por el gobierno con la intención de aumentar la presencia militar en la zona. Los dos sobrevivientes declararon versiones distintas sobre lo ocurrido. Para el agente estatal Belisario Gómez los tiradores nunca fueron visibles desde la patrulla en la que viajaban, por lo que no reconoció a nadie. En cambio Rosemberg Gómez afirmó reconocer, por la voz, al profesor Alberto Patishtán, opositor al gobierno de su padre, delante del vehículo mientras sicarios disparaban. Dos personas fueron detenidas basadas en ese único testimonio: Alberto Patishtán y el indígena zapatista Salvador López González. Salvador fue liberado un mes después por las inconsistencias en el testimonio; en cambio Alberto, aún con decenas de testigos que declararon haber estado con él en Simojovel y Huituipán el día de la emboscada, fue condenado a la pena máxima de 60 años en prisión -en los hechos, una cadena perpetua-.

Desde entonces, cuatro gobernadores de Chiapas se han pronunciado por la liberación del profe. Más pruebas se han aportado para demostrar su inocencia. Centros de Derechos humanos, universidades, académicos, personalidades nacionales e internacionales, el propio EZLN, todos se han pronunciado por la liberación del preso político más importante de este país, quien después de 13 años en prisión, agotará el último recurso jurídico posible en México para recuperar su libertad.