Puebla es una de las entidades más violentas para las mujeres, situación que se ha incrementado de manera silenciosa por la impunidad y la opacidad de autoridades estatales. La entidad es sexto lugar nacional en violencia contra las mujeres, aunque no se pueden conocer las dimensiones reales por la falta de información sobre el número de delitos

Anaiz Zamora Márquez | Cimac

Puebla, además de tener un alto porcentaje de mujeres asesinadas en el hogar, es considerado un “foco rojo” en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las más graves aristas de la violencia de género en el estado de Puebla, alerta Karina Adame Márquez, maestra en Ciencias Sociales y responsable del Programa Género y VIH del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.

Agrega que hay un estrecho vínculo entre la desaparición de mujeres y niñas y la trata de personas, pero ambas problemáticas no son atendidas por las autoridades y tampoco existen datos oficiales al respecto.

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En su último informe, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunció que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) no informó el número de asesinatos de mujeres ni de las desapariciones con el argumento de que “no es su obligación tener este tipo de registros”.

A la falta de transparencia gubernamental en el tema, mecanismos como el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría –adscrito a la Universidad Iberoamericana campus Puebla– reviran la indolencia de la autoridad con investigaciones como la realizada por el Programa de Trata y Tráfico de Personas de esa institución.

Tal estudio, encabezado por el investigador Óscar Castro Soto, contabilizó de enero de 2005 a julio de 2010 –a partir de denuncias de familiares de las víctimas–, un total de 3 mil 323 mujeres desaparecidas en la entidad.

En declaraciones recientes, Castro Soto lamentó que las cifras no pudieran actualizarse por la falta de denuncias y de un adecuado registro de las autoridades. Agregó que la falta de datos no puede interpretarse como si la problemática fuera en decremento.

Indolencia

A principios de mayo, la PGJ informó que en el primer trimestre de 2013 tuvo conocimiento de 24 casos de desapariciones, de las cuales 14 eran mujeres entre 14 y 32 años de edad, pero no informó de las investigaciones al respecto.

“Sabemos que tenemos un alto índice de mujeres desaparecidas en la entidad, pero esto no quiere decir que estas niñas y jóvenes permanezcan en Puebla; lo más probable es que sean trasladadas a otras partes de la República o incluso a otros países, y que a la entidad lleguen mujeres de otras partes”, agrega Karina Adame.

De acuerdo con las encuestas sobre violencia y otros estudios académicos en el tema, Puebla es una de las entidades más violentas para las mujeres, situación que se incrementó de manera silenciosa con el paso del tiempo por la opacidad e impunidad con la que actúan las autoridades estatales.

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Aunque la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) ubica a la entidad como el sexto lugar a nivel nacional en violencia contra las mujeres (pues 47.9 por ciento dijo ser víctima de este delito), para las académicas la situación se torna alarmante y no se pueden conocer las dimensiones reales del problema debido a que las autoridades no brindan información o no tienen registro del número de delitos.

En opinión de Adame Márquez, si bien Puebla es un “foco rojo”, no es el único y sólo forma parte de los estados que han sido identificados como parte de la ruta de la trata de personas, que incluye a Tlaxcala, Veracruz y Guerrero, todos colindantes con la entidad.

De esto da cuenta “El informe sombra, México 2010” realizado por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), que identificó –mediante monitoreos y estudios demográficos– que el número de mujeres y niñas explotadas sexualmente en México asciende a medio millón.

El mismo estudio que fue presentado en la última sesión del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), confirma lo dicho por Adame, ya que identifica a Puebla como un estado con alta incidencia en desapariciones, las cuales están vinculadas con la trata con fines de explotación sexual, y agrega que también están relacionadas con los casos de feminicidio.

Puebla y Tlaxcala también son identificados como estados de origen, tránsito y destino de migrantes, por lo que además de las poblanas, mujeres, jóvenes y niñas de otras entidades u otros países son captadas, trasladadas y explotadas.

La legislación en la materia es reciente, pues apenas en diciembre de 2012 el Congreso local aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y a cinco meses de distancia aún no es elaborado su reglamento, por lo que es inoperable.