Javier Urbano Reyes * | Ibero Santa Fe

El día 21 se ha iniciado formalmente un debate que con seguridad nos llevará parte del presente año, sólo para buscar la posibilidad de convergencia en el Congreso de Estados Unidos. La Comisión Judicial del Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley de la reforma migratoria.

En este documento persiste la exigencia de condicionar la regularización de 11 millones de personas (de las cuales cerca de 60 por ciento son mexicanos) al reforzamiento de la seguridad en la frontera con México, el pago aproximado de dos mil dólares de multa para quienes inicien sus trámites y la aceptación de parte de los inmigrados, de permanecer en un estatus migratorio provisional de diez años, que permitiría a los beneficiarios entrar y salir del país sin mayores impedimentos, además de que puedan trabajar en forma legal.

La condición de seguridad en la frontera con México como requisito para iniciar la reforma, no tiene mayores efectos en la Unión Americana que permitir en teoría el inicio de las regularizaciones. El impacto real lo sufre México, país en el cual se manifiestan los efectos más nocivos de dicha condicionalidad.

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Por ejemplo, el reforzamiento de la frontera aumenta el costo de la movilidad migratoria y con ello los ingresos monetarios de traficantes de personas en ambos lados de la frontera, es decir, el tabulador se mueve hacia arriba en tanto las condiciones de tránsito indocumentado se hacen más difíciles. Estados Unidos, al insistir en que la seguridad se aplica únicamente desde el criterio de contención, beneficia básicamente a los miembros de la delincuencia organizada.

De la misma forma, al aumentar los costos del tráfico, los migrantes optan por tratar de ingresar a Estados Unidos por las zonas más hostiles, como el desierto. Las cifras de muertos en las áreas cercanas de Arizona dan cuenta de este fenómeno.

En este contexto, reiterar la idea de que el inmigrado pague dos mil dólares como multa, sitúa a las autoridades de este país, especialmente las hacendarias, en una condición de cinismo evidente. Los inmigrados no sólo pagan impuestos por consumo, por compra de propiedades, sino por el desempeño de labores en condición muchas veces de semiesclavitud, lo que les impide recibir beneficios en la forma de servicios, asistencia legal o médica.

La autoridad hacendaria y el congreso hacen caso omiso a las investigaciones que indican con puntualidad que el retorno de impuestos hacia los inmigrados irregulares es poco o nulo. De hecho, no son dos mil dólares por persona, sino decenas de miles de millones de dólares que el legislativo de este país ignora premeditadamente. Los inmigrados sin documentos no sólo no deben multas a nadie; Estados Unidos les debe una explicación sobre el beneficiario final de sus aportaciones.

Finalmente, la situación más preocupante recae en el tiempo denominado estatus temporal que deberán pasar los inmigrantes que reciban el beneficio de la regularización. La pregunta que, hemos de reconocer, tiene un poco de maldad, es ¿el estatus que se propone es compatible con los derechos básicos de una persona según la constitución de Estados Unidos?, Y finalmente, ¿qué previsiones se van a tomar para que esta situación transitoria no sea utilizada para legalizar la explotación de estos millones de personas?

Estas dudas, por supuesto, son independientes de las numerosas preguntas que se irán presentando en el curso de los debates sobre la aplicación específica de la reforma, sobre los criterios de elección y por tanto de los criterios de exclusión y en especial, sobre la polémica que se avecina entre el Senado y la Cámara de Representantes, que por cierto está realizando propuestas de ley separadas y con especial énfasis en el castigo como condición para iniciar la reforma, algo que no necesariamente está tan lejano de los senadores, pero que sí augura un escenario interesante.

Por cierto, la pregunta sigue en el aire: ¿y los que vienen atrás de los inmigrados que se integrarán a la reforma? Más claro: ¿y los que vienen en estos momentos en La Bestia, los que están a punto de pasar, los que llegaron ayer, hace una semana, hace un año?

* Coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) y académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.