Criminalización de la protesta en Puebla

Criminalización de la protesta en Puebla

Roberto Alonso*

Cuando un acto injusto e ilegal no tiene como desenlace la reparación del daño, o al menos el reconocimiento -expreso o de facto- de un proceder abusivo e indebido, se asienta un grave precedente. Si lo que es inaceptable se permite, si el actuar arbitrario se perdona o, peor aún, se utiliza en perjuicio de otros, se envía un mensaje negativo, una señal peligrosa para delinquir o para violentar.

En una sociedad en la que la transgresión del Estado de derecho es común suele existir un margen de tolerancia amplio cuando quien quebranta la ley es la propia autoridad. Ha resultado tarea, entonces, de medios de comunicación y organizaciones civiles, así como de movimientos sociales y de los diversos mecanismos de control social, exhibir los casos en los que las instituciones del Estado actúan de manera ilegítima. El propósito es el contrario: asentar un precedente positivo, uno en el que se pone por encima el respeto a la ley.

Las alertas se encienden frente a aquellos actos en los que una autoridad se conduce claramente al margen de la ley y no hay sociedad que se indigne y medios de comunicación que los evidencien. Y tal pareciera ser el caso de los jóvenes detenidos a principios de mayo en Puebla presuntamente por planear actos violentos durante el desfile conmemorativo del 151 aniversario de la Batalla de Puebla, festejo al que asistió Enrique Peña Nieto.

Afortunadamente y conscientes de la trascendencia del asunto hubo organizaciones que exigieron a las autoridades su liberación y medios que han ofrecido una cobertura informativa que reveló la acción desmedida de los cuerpos policiacos. Gracias a la denuncia de familiares, activistas y movimientos políticos involucrados se ha podido conocer una historia que amenaza la seguridad y la integridad de la sociedad entera a partir de la criminalización de la protesta y la violación de derechos fundamentales que, si no se defienden, pueden verse limitados para su ejercicio futuro.

Néstor López, Iván Guizasola y Eduardo Salazar fueron detenidos de forma arbitraria y consignados el 3 de mayo por los delitos de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares, mismos que al no ser considerados graves permitieron que recuperaran su libertad previo pago de fianzas que oscilaron entre 19 mil y 28 mil pesos.

Lo preocupante fue que la detención de los tres se llevó a cabo sin mostrar órdenes de aprehensión y no fueron puestos a disposición del ministerio público de inmediato. Uno de ellos, Néstor, relató que los policías que lo mantuvieron incomunicado, con el rostro cubierto y arrodillado más de 24 horas amenazaron con violarlo y matarlo. Eduardo, por su parte, declaró que lo golpearon al momento de la detención, mientras que Iván fue aprehendido luego de que presionaran a Eduardo para citarlo cerca de la central de autobuses.

De acuerdo con el procurador del estado, Víctor Carrancá Bourguet, entrevistado dos días después de las detenciones en el marco del desarrollo del desfile del 5 de mayo, la captura de los jóvenes tuvo como origen una denuncia anónima que advirtió sobre posibles hechos violentos convocados a través de Facebook ante la visita de Peña Nieto. Sin embargo, reconoció que tras los cateos y la revisión de sus pertenencias, algunas de ellas sustraídas de sus domicilios, no encontraron pruebas para demostrar que planeaban una manifestación violenta contra el presidente. Lo que sí encontraron los agentes de seguridad fue resistencia de Néstor, Iván y Eduardo a ser detenidos, dando pie a los delitos imputados: portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares.

La lógica es perversa: si no encuentro algo que pueda sostener la detención de una persona la mantengo bajo arresto por oponerse a la aprehensión; con la posibilidad de que recupere su libertad bajo fianza pero el proceso penal sigue.

Este proceder de la autoridad ha sido entendido como un ataque a las libertades de expresión y asociación, así como una acción dirigida a desactivar la protesta social por la vía de la intimidación y la criminalización. Tales son las irregularidades del proceso penal que se les sigue a Néstor, Iván y Eduardo -a quienes les fue dictado auto de formal prisión el pasado 16 de mayo- que la organización Artículo 19 ha exigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) no sólo desistirse de realizar acusación alguna, sino investigar y sancionar a los agentes de seguridad responsables de las violaciones a los derechos humanos de los tres inculpados.

A pesar de la alternancia que se vivió hace dos años a Puebla se le sigue percibiendo en algunos circuitos de opinión y análisis como un estado en el que todavía existen prácticas antidemocráticas en el ejercicio del poder, si no es que se han acentuado. La PGJ está a tiempo de contribuir a limpiar esta imagen con un precedente positivo.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

 

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