Anaiz Zamora Márquez | Redacción Cimac

México, DF. Debido a la alarmante violencia feminicida en los estados de Morelos y Guanajuato, organizaciones han solicitado al gobierno federal declare la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Organizaciones feministas guanajuatenses exigieron una vez más al Estado mexicano que cumpla con su obligación de proteger la vida y seguridad de las mujeres.

El Centro Las Libres presentó ante el Instituto de la Mujer Guanajuatense la solicitud de AVG, ya que en lo que va del año han sido asesinadas al menos 24 mujeres.

Tomada de elarsenal.net

En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la directora de Las Libres, Verónica Cruz, informó que la solicitud de declaratoria de AVG se basó solamente en los crímenes cometidos en lo que va del año y no en los asesinatos de años previos, sin embargo aclaró que estos casos sólo son una muestra de que la violencia de género en la entidad va en incremento, por lo que resulta indispensable para las guanajuatenses que se logre la declaratoria.

Según datos del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, del año 2000 a la fecha se tiene registro de casi mil 300 muertes violentas de mujeres en el estado.

En 2009 alrededor de 45 organizaciones civiles ya habían presentado una solicitud de AVG por “agravio comparado” en el estado por las violaciones a los derechos reproductivos, luego de que se aprobó una reforma que criminaliza a las mujeres víctimas de violación que deciden abortar.

Verónica Cruz consideró que en esta ocasión la solicitud se emite en condiciones sociales y políticas distintas a las que se vivían en 2009, que podrían resultar favorables para que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –encargado del proceso– reconozca que hay violencia de género en Guanajuato.

Recordó que hace cuatro años, tanto el gobierno estatal como el federal estaban en manos del Partido Acción Nacional (PAN), lo que consolidó una especie de “complicidad” para invisibilizar el tema de la violencia de género en la entidad.

A decir de la activista, si bien la nueva administración encabezada por Enrique Peña Nieto hasta ahora no ha demostrado una mayor apertura para tratar la violencia de género, sí tiene “una necesidad de legitimización”, condición que podría jugar en beneficio de la declaratoria de AVG.

La actual gestión ha dicho “que va a resolver todos los reclamos que la sociedad está haciendo y éste es un buen momento para hacerlo”, agregó.

Por su parte, Ángeles López, coordinadora del área de documentación del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, dijo a Cimacnoticias que están dadas las condiciones para que se decrete la AVG, pues resulta urgente que las autoridades mexicanas cumplan con su obligación de proteger a las mujeres.

Al mismo tiempo criticó que el mecanismo esté basado en un funcionamiento político más que jurídico, condición que ha derivado en que hasta la fecha no se lleve a la práctica.

Cabe recordar que la solicitud de AVG también ha sido negada para Nuevo León, Oaxaca y el Estado de México. Recientemente el Sistema Nacional desechó la petición de organizaciones hidalguenses con el argumento de que carecían de un acta constitutiva.

López recordó que las autoridades estatales y nacionales están obligadas constitucionalmente a resguardar la vida de las mujeres, y que existen dos mecanismos legítimos de protección: de manera individual, las mujeres víctimas de violencia pueden acceder a las órdenes de protección, y de forma colectiva se tiene contemplada la AVG.

Sin embargo, puntualizó que las medidas de protección sólo son respuestas urgentes e inmediatas que tienen que dar las autoridades ante la problemática, por lo que también se debe incidir en que el Estado cumpla con su obligación de prevenir la violencia de género, así como garantizar la no repetición de las agresiones hacia las mujeres.

Recordó que la violencia feminicida va más allá de los asesinatos de mujeres. “Cuando estamos frente al feminicidio, es el indicador más claro de que todo lo demás ha fallado: la prevención, la atención, el acceso a la justicia y la protección”.

Imagen: pozol.org

Y en Morelos también

En 13 años, del 2000 a abril de 2013, se han encontrado 357 cuerpos de mujeres abandonados en calles, baldíos, barrancas, zonas de construcciones, ríos, cuartos de hotel o casas de seguridad, muchas de ellas atacadas en sus hogares.

Con estos datos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos envió una carta a Enrique Peña Nieto para solicitarle que emita la declaratoria, y denunciar que las autoridades han sido omisas ante el problema.

“Todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte. Todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de indefensión”, dice la carta.

Ante esta violencia extrema contra las mujeres y niñas en Morelos, no se han hecho acciones efectivas para la prevención, tratamiento, combate y erradicación de este delito en la entidad, pese a que hay cifras claras y estadísticas que permiten conocer la gravedad del flagelo.

Según la información recopilada por la comisión, del 2000 al 2005 se reportaron 122 casos de feminicidio; en 2006 fueron 20; en 2007 aumentó a 29; en 2008 la cifra creció a 31, y en 2009 se documentaron 36.

Hasta octubre de 2010 fueron 40 casos; en 2011 la cifra fue también de 40 y en 2012 sumaron 39.

Estos casos de violencia extrema, dice la agrupación, ocurrieron en 25 municipios: Yecapixtla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Ayala, Zacatepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Jonacatepec, Huitzilac, Temixco, Jiutepec, Miacatlan, Axochiapan, Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango, Atlatlahucan, Mazatepec, Tlayacapan, Tepalcingo, Tetecala y Tlaltizapan.

Ante la falta de acciones para erradicar estos asesinatos, de enero al 14 de abril de este año se han cometido 15 ejecuciones, por lo que la Comisión Independiente de Derechos Humanos señaló que atender la violencia feminicida es un reclamo de toda la sociedad, y en particular, de todas las personas allegadas, amistades y familia que se quedan con “un gran vacío y sin justicia”.

Criticó que esto suceda a pesar de que en Morelos existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece principios y criterios que deben orientar las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a la prevención, atención y acceso a la justicia.

Ante esta problemática, la comisión acusó que el gobernador perredista, Graco Ramírez; la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, la diputada perredista María Teresa Domínguez, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Nadia Luz Lara Chávez, no hacen nada.

También descalificó a la Procuraduría General de Justicia de Morelos, a la Secretaría de Seguridad Publica y al Instituto de la Mujer estatal, por no tener información en concreto del tema y por no llevar ninguna tarea tendiente a eliminar la situación de riesgo que viven las morelenses.

Por ello la organización prefirió enviar una carta a Peña Nieto, en vez de realizar el procedimiento de solicitud de la AVG al Instituto de las Mujeres del estado.

“Ningún gobierno está o debe estar eximido de asumir la responsabilidad que le demanda la ley y la ciudadanía”, destacó al explicar que se acentuó el feminicidio y que las autoridades son “omisas y negligentes”, y pueden estar coludidas con los asesinatos.

La carta firmada por la coordinadora de la comisión, Juliana G. Quintanilla, apeló a las leyes estatales y a tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para que se atienda su solicitud y se promuevan acciones a favor de las mujeres.