Antonio Medina Trejo*  | Cimac

Este mes de marzo se cumplen seis años de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Convivencia y tres del reconocimiento legal a los matrimonios civiles y concubinatos entre parejas del mismo sexo.

El primero, propuesto en 2001 por un grupo amplio de activistas y organizaciones civiles, liderados por la ex diputada Enoé Uranga Muñoz, de la segunda Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y el segundo propuesto, igualmente, por grupos de la diversidad sexual y encabezado por el ex diputado David Razú, durante la quinta Legislatura de la ALDF.

En el caso de la primera, se logró un amplio consenso legislativo luego de seis años de cabildeo al más alto nivel, que consiguió la aprobación el 9 de noviembre de 2006.

Esa propuesta fue boicoteada por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, lo que limitó en su momento el consenso de la mayoría perredista.

Tomada de lavozdelinterior.com.ar

Fue hasta que Alejandro Encinas, jefe de Gobierno en tránsito, congruente con sus convicciones como hombre de izquierda liberal, la ratificó el 16 de noviembre sin ningún problema. 120 días después, el 16 de marzo, comenzaron a unirse las parejas bajo esa figura legal. Sin duda, un hecho histórico, no sólo para México, sino para toda América Latina.

En el caso del matrimonio, con el capital ganado en la opinión pública y el camino surcado por las Sociedades de Convivencia por más de un lustro, se logra un proceso más corto, aunque intenso en la argumentación y el cabildeo desde el mismo gobierno, que permite la modificación legislativa al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles en un lapso de dos años.

Lejos de lo que se creía, el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, apoyó totalmente la iniciativa y dio la batalla contra grupos que se opusieron una vez que pasó la ley.

Sin duda, los procesos de ambos avances legislativos estuvieron siempre cargados de incertidumbres. Los sectores conservadores, congruentes con sus posturas en contra del reconocimiento de derechos hacia grupos LGBT, actuaron en consecuencia. Bloquearon todo lo que pudieron.

En el caso de las Sociedades de Convivencia se inmiscuyeron sacerdotes a la ALDF para “couchear” desde el recinto legislativo a diputados panistas.

El cardenal Norberto Rivera no dejó de tirar línea al Jefe de Gobierno desde su púlpito de la Catedral, y Jorge Serrano Limón, férreo defensor de “la moral y las buenas costumbres” (antidemocráticas) arremetió con sus estrategias mediáticas cada que la propuesta se discutía en comisiones o en tribuna.

Las incongruencias de algunos legisladores de izquierda o de otros partidos que no fueran del PAN pusieron en vilo ambas propuestas en diferentes momentos, pues como si se tratara de niños intercambiando estampitas en la escuela, condicionaban su voto a cambio de otros votos en propuestas de otras índoles.

Al final, ambas iniciativas ciudadanas pasaron. Sociedades de Convivencia el 9 de noviembre de 2006, muy acotada y con candados que los perredistas no estuvieron dispuestos a defender, y matrimonio, el 21 de diciembre de 2009, con el riesgo de sacrificar el componente de adopción sin que esto sucediera al final.

La posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran adoptar causó una gran controversia, de hecho, al interior del movimiento LGBT. Posiblemente nunca se sabrá realmente lo que sucedió, pero estuvo a punto de omitirse la adopción en la propuesta final.

Hay quienes aseguran que el tema lo estaban cediendo a cambio de otras propuestas legislativas, mientras que otros grupos dicen que presionaron con un arduo cabildeo de muy alto nivel hasta el último momento para que la aprobación integrara adopción.

Hay versiones encontradas con respecto a este tema, lo que ha generado una irreconciliable división entre líderes del movimiento LGBT, que ha obstaculizado que se avance estratégicamente en los estados.

A pesar de ese desgaste y el rompimiento entre líderes por disputarse la corona del triunfo de los avances legislativos, lo bueno es que hoy en día, cuando menos cuatro familias homoparentales de la Ciudad de México, tienen bebés adoptados a través del DIF o de la Procuraduría de Justicia del DF.

Tres parejas más están en pleno proceso de adopción en la capital, en donde sin duda, algo bueno está sucediendo con la consecución de estos y otros avances legislativos sobre diversidad sexual.

El gran pendiente: seguridad social  

Lo que hasta el momento no se ha logrado en México es que las parejas que se han unido en matrimonio, Sociedades de Convivencia o el Pacto Civil de Solidaridad, accedan de manera automática a la seguridad social, que es, para cualquiera de los casos, un derecho laboral fundamental.

Tomada de 1.bp.blogspot.com/

Es decir, ya se discutieron hasta el cansancio los argumentos legales, de Derechos Humanos, culturales, políticos y de derecho internacional, para que las parejas del mismo sexo que se unen legalmente accedan a los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pero hasta ahora quienes acuden a cualquiera de estas tres alternativas de unión legal no tienen seguridad social, que es un tema de fundamental importancia en la vida cotidiana de estas familias, sobre todo cuando hay hijas o hijos de por medio.

El motivo radica, además de la evidente homofobia de Estado, en que la seguridad social en México es un derecho laboral federalizado y las leyes antes mencionadas son de carácter local.

Se ha necesitado emprender un proceso de demanda ante el IMSS y el ISSSTE para que un pequeño grupo de parejas del mismo sexo tengan la seguridad social.

De hecho, la organización civil Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo ha denunciado el caso de dos parejas, una de Nuevo León y otra de Morelos, donde las personas derechohabientes ante el IMSS han fallecido, y hasta el momento el instituto “no ha reconocido a la y el cónyuge, respectivamente, los derechos de viudez como la pensión”.

En fechas recientes, la activista Lol Kin Castañeda dirigió una carta a Enrique Peña Nieto solicitando se acelere el proceso de aprobación de la reforma en materia de seguridad social, argumentando que “aún sin entrar en vigor dichas reformas, el derecho laboral a compartir seguridad social también entre cónyuges de parejas del mismo sexo tiene cabida… bastaría que hubiera una interpretación de ambas leyes en clave de no discriminación y la voluntad política por parte de Su Gobierno, para garantizar los derechos con los que ya contamos y comenzar a modificar el resto de leyes, códigos y normas que vulneren o restrinjan el reconocimiento a los Derechos Humanos de cualquier persona”.

El Senado tienen la pelota en su cancha desde 2011 para ratificar las leyes de las dos principales instituciones de seguridad social y reconocer finalmente los derechos de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, que al momento suman mil 970 uniones matrimoniales, poco más de 850 uniones en Sociedades de Convivencia, mientras que en Coahuila hay 330 parejas unidas por el Pacto Civil de Solidaridad.

De ser congruente la actual Legislatura, debería aprobar sin mayor complicación la propuesta de acceso a la seguridad social a parejas del mismo sexo, superando los lamentables criterios que pretextaron en la 61 Legislatura sobre una iniciativa enviada por la ex diputada Enoé Uranga Muñoz, que pugnaba por integrar al DF y Coahuila a la seguridad social hacia parejas LGBT –por tener leyes locales que permiten las uniones entre personas del mismo sexo–, argumentando que de aprobarse esa reforma “se tendría un impacto aún indeterminado en las finanzas del IMSS y del ISSSTE”.

Sería una vergüenza que el Senado se guiara por tan endeble criterio que ha negado derechos a centenares de parejas LGBT, cuando en la realidad esos cientos de personas ya han aportado de manera individual sus cuotas durante su historia laboral, tal como lo han hecho las personas heterosexuales.

De ahí la necesidad de que las primeras accedan a seguridad social una vez que se unan legalmente a través de cualquiera de las figuras legales existentes, como sucede de manera automática con las parejas heterosexuales.

Si bien se apela a que el Jefe del Ejecutivo federal reaccione ante esta violación del derecho a la seguridad social de las miles de personas LGBT que están unidas por alguna figura civil; el Senado tiene en este momento la responsabilidad histórica de actuar en consecuencia de los avances legislativos de los último años hacia el sector de la diversidad sexual.

De no hacerlo, demeritará su calidad moral como poder del Estado y una vez más se tendrá que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que delibere un asunto del cual ni el Ejecutivo ni el Legislativo tuvieron la capacidad de resolver.

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Twitter: @antoniomedina41

*Docente en la carrera de Comunicación y Cultura en la UACM.