• Más de 10 países se solidarizan con mujeres que sufieron tortura y violencia sexual

• A través de muestra fotográfica dan su apoyo

Lado B

@ladobemx

En 2006, 47 mujeres sufrieron violencia y/o tortura sexual a manos de un operativo policial en Atenco ordenado por el recién investido presidente de México, Enrique Peña Nieto. Este jueves, Las mujeres denunciantes de tortura sexual contra el Estado Mexicano tuvieron la audiencia testimonial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en Washington y rechazaron la oferta del gobierno mexicano de resolver la queja mediante «un acuerdo amistoso».

En una muestra de apoyo a las sobrevivientes de tortura sexual de San Salvador Atenco, personas y colectivos de 10 países  y de más de 15 entidades de la república mexicana, se unieron a la campaña “Una foto por las mujeres de Atenco”, impulsada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Colectivos de Alemania, Italia, España, Estados Unidos y Argentina, exigieron justicia para las 11 mujeres que confrontaron hoy al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, por ser cómplice de la tortura sexual que cometieron policías estatales y federales.

Pancartas de apoyo plasmadas en las fotografías que circulan en las redes sociales para expandir su difusión, leyendas como “Atenco no se olvida” y “Memoria y justicia, estamos con ustedes compañeras de Atenco”, fueron algunas de las expresiones de las personas que se sumaron a la protesta visual que reunió más de 200  fotografías.

“Me iban a asesinar”

Durante la comparecencia Bárbara Italia Méndez relató cómo fue detenida y torturada sexualmente junto con otras 26 mujeres, durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, el gobierno mexicano sólo ofreció reparar el daño mediante una “solución amistosa” que fue rechazada por las víctimas.

Tranquila y sin titubeos relató lo que vivió durante los operativos policiacos en Atenco cuando, como activista social, acudió el 4 de mayo de 2006 al lugar para documentar lo que sucedía y recabar información del asesinato del niño de 14 años Francisco Javier Cortez Santiago, ultimado un día antes presuntamente por elementos de seguridad.

“Por la mañana comenzaron a escuchar helicópteros; yo comencé a escuchar muchos golpes de puertas, pensaba que alguien estaba marchando, ruido de toletes golpeando algo. Yo escuchaba sonidos muy estruendosos. Posteriormente comenzaron a golpear la puerta de donde yo me encontraba…”, narró.

Ella, al igual que otras mujeres, fue detenida de forma arbitraria cuando decenas de policías entraron en la casa donde se encontraba y la sacaron por la fuerza, de ahí fue trasladada al Ministerio Público. En el trayecto fue golpeada y torturada sexualmente.

“Cuando me suben al vehículo en el que me trasladaría ahí comienza el infierno para mí. Soy subida al autobús donde hay un olor a sangre muy penetrante y hay una pila de personas recostadas en el suelo del autobús…”.

Prosiguió: “Ellos comenzaron a decir frases obscenas sobre mi cuerpo, sobre mi condición de mujer. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos. Yo tenía mucho miedo. Ellos me repetían que me iban a asesinar, que me matarían”.

Con la voz entrecortada agregó: “Yo escuchaba cómo otras mujeres estaban pasando por lo que yo estaba pasando… Fue realmente espantoso; no sé cuánto tiempo habrá durado… Yo todo el tiempo creí que nos asesinarían… Estaban jugando con nuestra mente. Nos estaban haciendo mucho daño”.

Hay disculpas pero sin justicia

Tras el relato de Italia, que dejó sin preguntas a los representantes del Estado mexicano, Juan Manuel Gómez-Robledo dijo que se ha dado atención al tema y que se continuarán desplegando acciones para garantizar la reparación integral y la justicia para las 11 víctimas de tortura sexual.

Lía Limón indicó que el Estado mexicano deseaba manifestar su “profunda solidaridad” con las peticionarias y reconocer las violaciones cometidas, las cuales ameritan –sostuvo– una reparación integral, así como una disculpa por el “exceso de las fuerzas del orden”.

Luego –al omitir que Enrique Peña Nieto avaló esos operativos como gobernador del Estado de México– la funcionaria se refirió a la agenda del Ejecutivo y a las bondades de la Ley General de Victimas, del nuevo sistema penal acusatorio y del nuevo plan de Derechos Humanos (DH).

La subsecretaria de Gobernación explicó que este caso fue conocido en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancias que emitieron informes en los que concluyeron que los elementos policiales cometieron violaciones graves.

Pero Lía Limón no perdió oportunidad en decir que la SCJN determinó que los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 no fueron parte de una estrategia de Estado, ni obedecieron a órdenes de autoridades superiores contra las y los manifestantes.

Remató su discurso diciendo que el gobierno federal está trabajando para fortalecer el marco jurídico y una ley para atender los criterios para “el uso legítimo de la fuerza pública”.

Al final dijo que el gobierno mexicano tiene la voluntad de resolver este asunto con una “solución amistosa”, es decir pactar un acuerdo entre las víctimas y el Estado mexicano para no continuar con el litigo internacional, algo que el subsecretario Gómez-Robledo calificó como la “forma idónea” de reconocimiento frente a las víctimas. Pero la oferta fue rechazada tajantemente por la parte acusadora.

Ante el rechazo de la “solución amistosa”, la CIDH tendrá que emitir un informe sobre las presuntas violaciones cometidas por el Estado mexicano, y eventualmente enviar el caso a la CoIDH para que emita una posible sentencia.

(Con información de CIMAC Noticias).