Roberto Alonso*

Desacreditar la reforma en materia de telecomunicaciones negociada al interior del Consejo Rector del Pacto por México no sólo es mezquino sino irresponsable. Pero igualmente irresponsable es querer aprobarla tal y como está, sin modificar una sola coma. Es, sin duda, una iniciativa histórica, sin embargo, este calificativo no es sinónimo de perfección, de modo que el proyecto es susceptible de mejora.

Aunque la reforma fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sin cambio alguno, será en el pleno de esta aduana legislativa donde se llevará a cabo un primer filtro antes de su llegada al Senado, recinto en el que se espera una discusión más puntual. No es para menos. Además de tratarse de un tema prioritario para el desarrollo democrático del país, está a prueba la función primordial del Congreso de la Unión.

Tras la presentación de la reforma educativa como primer producto del Pacto por México, este espacio de construcción de acuerdos comienza a posicionarse como el epicentro de las reformas estructurales. Considerando la incapacidad de los gobiernos panistas para siquiera proponer reformas de gran calado en los campos de la educación y las telecomunicaciones, las salidas que ofrece el Pacto por México son notables. No obstante, el riesgo de este concierto cupular entre los tres principales partidos políticos es el desvanecimiento del Poder Legislativo.

Si las versiones finales de las reformas estructurales son las enviadas por los representantes de las fuerzas políticas que participan en el Pacto por México -con el visto bueno del presidente-, se desplaza al Congreso de la Unión, reduciéndose la zona de disenso y control parlamentario. El Pacto por México debe ser entendido como un recurso político para la incubación de acuerdos, pero no debe sustituir por ningún motivo la labor legislativa.

En este sentido es deseable y preciso que tanto los diputados como los senadores analicen a detalle la reforma constitucional orientada a favorecer la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la robustezcan. Las áreas de oportunidad que han delimitado actores sociales y políticos requieren atención quirúrgica para fortalecer un punto de partida que de suyo contiene avances que apuntan en la dirección correcta.

El Consejo Rector del Pacto por México ha puesto el suelo. Es responsabilidad de los legisladores que ese suelo sea consistente y fértil.

Si esta reforma concitó tanto respaldo como el que tuvo apenas se dio a conocer fue porque se confirmó que su sustancia era la que había trascendido en la opinión pública y que, no sin razón, se creía remota. Sobre todo por tratarse de asuntos planteados desde la sociedad civil y que bajo la forma de modificaciones a leyes secundarias se habían quedado en el camino. El análisis comparativo realizado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) entre la reforma y los 21 principios clave identificados como base mínima para una reforma integral y convergente revela su magnitud.

Con un llamado que diputados y senadores deberían asumir como mantra: “¡Ni un paso atrás, sólo pasos adelante!”, la campaña Más Para Ver de la Coalición Ciudadana Democracia y Medios ha circulado un llamado para nutrir la reforma con 10 puntos, entre los que sobresalen establecer criterios de dominancia en la radiodifusión, incorporar los derechos de las audiencias, reservar un segmento del espectro radioeléctrico para medios comunitarios e indígenas, fijar la gratuidad en las retransmisiones de la señal de televisión abierta sin excepciones, condicionar la inversión extranjera con cláusulas de reciprocidad y crear un Consejo Nacional de Banda Ancha.

Adicionalmente, es decisivo que en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión se elimine el “chipote presidencial” que representa la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal para otorgar y revocar concesiones, así como para autorizar cesiones o cambios en el control, la titularidad o la operación de sociedades relacionadas con concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones. Pese a que en términos jurídicos no tendría efecto la opinión del presidente, políticamente se abriría un frente que impactaría negativamente en la autonomía propuesta para el órgano regulador. Si queda en entredicho, la autonomía no es tal.

“¡Ni un paso atrás, sólo pasos adelante!”

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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