A un año del crimen de odio contra Agnes Torres Hernández, la comunidad de la diversidad sexual realizó una vigilia y evaluó los avances que ha habido respecto del pliego petitorio que entregó a las autoridades. Las demandas incluidas competen al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, al Congreso y a la PGJ, principalmente, demandas que en su mayoría han sido ignoradas

Foto: Ámbar Barrera

Josué Cantorán

@josuedcv

A un año del asesinato de la activista transexual Agnes Torres Hernández, las demandas que en su momento hizo la comunidad LGBT (Lésbica-Gay-Bisexual-Transexual) a las autoridades estatales, tanto a los poderes Ejecutivo y Legislativo como a las dependencias de procuración de justicia, continúan sin cumplirse. Un balance realizado por organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos sexuales revela que apenas 13.42% de lo demandado se ha hecho realidad.

El pasado sábado, activistas, miembros del colectivo LGBT, amigos y familiares de Agnes Torres se reunieron de nueva cuenta en el zócalo de la ciudad de Puebla para ofrecer un memorial en honor de quien fuera una de las principales promotoras y defensoras de los derechos humanos de las personas transexuales en Puebla.

Ahí, Brahim Zamora, miembro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), dio a conocer los avances de las acciones emprendidas por las instituciones públicas en respuesta al pliego petitorio de 10 puntos que más de 70 organizaciones –entre ellas siete internacionales– entregaron a las autoridades hace un año, tras el asesinato de Agnes Torres Hernández, mismo que fue respaldado por las firmas de más de medio millar de ciudadanos.

Foto: Ámbar Barrera

De acuerdo con dicho balance, realizado por el Odesyr y el Comité Orgullo Puebla, cinco de los 10 puntos han sido totalmente ignorados por las autoridades, pues cuentan con un avance de 0%. Tal es el caso de la promulgación de la reforma de ley Agnes Torres, que permitiría a las personas trans modificar su acta de nacimiento para que haya concordancia sexogenérica y puedan tener una identidad legal, la cual ha sido soslayada por todas las fracciones parlamentarias que integran la actual legislatura.

De igual modo, no ha habido cambio alguno en la legislación local para sancionar a los servidores públicos que incurran en actitudes o prácticas discriminatorias ni se ha notificado sanción alguna por dicho motivo.

En cuanto a leyes para prevenir y erradicar la discriminación, si bien dos propuestas han sido presentadas en el Congreso del estado, ninguna ha sido consultada con la sociedad civil organizada ni se ha discutido en el pleno, aprobado, publicado o reglamentado.

Pero no sólo ha sido el Legislativo quien ha ignorado las peticiones de la comunidad LGBT, también el gobierno del estado, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, se ha negado a decretar el 17 de mayo como el Día Estatal contra la Homofobia y a programar y presupuestar actividades que busquen erradicar dicha problemática.

Además, los gobiernos municipales de toda la entidad, a decir de las organizaciones civiles, han preferido desentenderse del tema y hacerlo a un lado de su agenda, mientras que aún no existen políticas públicas destinadas a la prevención de agresiones de las que pueden ser objeto los defensores de derechos humanos.

Foto: Ámbar Barrera

En cuanto a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), encabezada por Víctor Carrancá Bourget, se reconoce que sólo han sido resueltos cinco de los 24 crímenes contra miembros de la comunidad LGBT, por lo que el avance de su trabajo sería sólo de 20.8%. Además, esta misma dependencia no ha abierto una agencia especializada en crímenes relacionados con causas de discriminación y odio.

La dependencia que registra el mayor avance (50%) es la Comisión de Derechos Humanos del estado, la cual ha iniciado, por “iniciativa propia” con la capacitación y sensibilización de todo su personal en cuanto a temas de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, no ha logrado abrir una oficina específica para tratar estos temas porque el Congreso no ha asignado el presupuesto correspondiente.

Al hacer lectura de este balance durante la vigilia dedicada a Agnes Torres, los activistas lamentaron los mínimos avances, pero coincidieron en que el ejemplo que les legó la activista, les servirá de impulso para continuar con la incidencia hasta lograr que los resultados sean claros.

Finalmente recordaron el caso de Oaxaca, donde recientemente una pareja homosexual recibió el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para contraer matrimonio, y celebraron que el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGBT no se agote en las instancias locales.