Imagen: http://www.amnesty.org/es

Lado B

“La gente teme a la delincuencia, y cuando se acusa a alguien de un delito, en muchos casos da igual si esa persona es inocente o culpable. Hay gente que piensa, y se lo he oído decir a jurados -Este tipo algo habrá hecho-. Esta es la mentalidad que se cultiva; es decir, en la que se educa a la sociedad americana”, relata Robert King, quien pasó 29 años recluido en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como Prisión de Angola.

Albert Woodfox conoce muy bien la celda de dos por tres metros de largo donde ha pasado recluido más de la mitad de su vida. Durante 23 horas al día ha permanecido en el interior de dicho recinto, y sólo se le permite salir para hacer ejercicio en una pequeña jaula al aire libre, para ir a las duchas o para caminar por el corredor de la unidad de las celdas.

Tiene un acceso limitado a libros, periódicos y televisión; sin embargo, en los últimos 40 años que ha estado encarcelado no se le ha permitido trabajar ni acceder a actividades educativas. Su interacción social se ha restringido a visitas ocasionales de amigos y familiares, así como llamadas telefónicas limitadas.

“Basta ya. Después de cuatro décadas, ya va siendo hora de que se haga justicia real con esta causa –ha dicho Tessa Murphy, adjunta de investigación y acción en el equipo de Estados Unidos del Secretariado Internacional–. Debe respetarse el dictamen del tribunal de distrito federal.”

Albert, de 66 años, fue condenado en 1972 por el asesinato de Brent Miller, un guardia penitenciario. Él defiende su inocencia, así como algunas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, que han afirmado que su caso suscita serias preocupaciones en materia de legalidad y derechos humanos.

Un tribunal de distrito federal de Luisiana dictaminó recientemente que la declaración de culpabilidad de Albert Woodfox debía anularse, pero el fiscal general de Luisiana, James Caldwell, ha dicho que recurrirá el fallo. Afirma que Albert Woodfox es un “delincuente de carrera” que debe permanecer entre rejas.

Este caso sigue proyectando una imagen preocupante sobre la justicia en Luisiana.

En 2008, este mismo tribunal de distrito federal resolvió invalidar la declaración de culpabilidad de Albert Woodfox, aunque permaneció en prisión a la espera de la vista de la fianza.

Entretanto, la Fiscalía General envió correos electrónicos a los vecinos de la sobrina de Woodfox, con quien tenía intención de vivir cuando fuera puesto en libertad bajo fianza, para advertirles de que su tío era un agresivo violador y un asesino convicto. El fiscal general pidió a los vecinos que firmaran peticiones en contra de la puesta en libertad de Woodfox.

Cuando el tribunal de distrito federal ordenó que Albert Woodfox fuera puesto en libertad bajo fianza, el juez criticó la campaña intimidatoria del fiscal general. A pesar de la orden de fianza impuesta, Woodfox permaneció en prisión tras una nueva intervención del fiscal general, que había recurrido la recomendación ante un tribunal superior.

El fiscal general Caldwell ha reiterado recientemente sus ataques públicos, haciendo circular acusaciones sobre las presuntas actividades delictivas de Woodfox en los años 60, vinculándolo a casos de violaciones y agresiones sexuales sin resolver, e insistiendo en que la causa estatal por asesinato que pesa sobre Woodfox es “muy sólida”.

Continúe leyendo el artículo publicado por Amnistía Internacional en el siguiente link.