¿Demasiado bueno para ser verdad?
Hace siete años, al calor del proceso electoral con el que el PAN mantuvo la Presidencia de la República, el Senado fue sede de intensas presiones del poder mediático para aprobar -sin modificar una sola coma- el proyecto de reformas que meses atrás había recibido el mote de Ley Televisa.
Por Lado B @ladobemx
12 de marzo, 2013
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Roberto Alonso*

Hace siete años, al calor del proceso electoral con el que el PAN mantuvo la Presidencia de la República, el Senado fue sede de intensas presiones del poder mediático para aprobar -sin modificar una sola coma- el proyecto de reformas que meses atrás había recibido el mote de Ley Televisa. Semanas después y a cuatro meses de ser avaladas por 327 diputados, 81 senadores respaldaron las reformas, esas que en junio de 2007 fueron desarticuladas por la Corte.

Entre los senadores que aprobaron la Ley Televisa en 2006 destacan Emilio Gamboa y Jorge Emilio González -el Niño Verde-, quienes nuevamente ocupan un asiento en la Cámara Alta. Pero no sólo ellos. Con su voto apoyó también la Ley Televisa el hoy dirigente nacional del PRI, César Camacho, quien calificó la reforma en materia de telecomunicaciones enmarcada en el Pacto por México como “emblemática, reivindicatoria e histórica.”

Sin duda lo es. Se trata de una reforma que en 12 años el PAN no pudo sacar adelante y que retoma planteamientos provenientes de la sociedad civil y de iniciativas encaminadas a democratizar los medios de comunicación. Es una reforma que, como la educativa, está orientada a recuperar la rectoría del Estado en un terreno en el que perdió margen de maniobra y voz de mando. Una reforma que, de ser aprobada y prosperar con la hoja de ruta de sus transitorios, abonaría a resarcir una deuda de larga data y monumental, del tamaño de los poderes fácticos que ha generado su débito.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones atiende nueve compromisos del Pacto por México y una de las decisiones presidenciales anunciadas el 1 de diciembre en Palacio Nacional. Establece como derechos el libre acceso a la información, la vertiente de la libertad de difusión y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida la banda ancha; crea dos organismos autónomos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, encargados de administrar eficientemente el espectro radioeléctrico y garantizar la libre competencia; incorpora una regulación asimétrica a fin de combatir la concentración; reconoce a las telecomunicaciones como servicio público; prohíbe la transmisión de publicidad engañosa; distingue cuatro tipos de uso de las concesiones: comercial, público, social y privado; y dispone la existencia de tribunales especializados.

Adicionalmente, prevé la licitación de las frecuencias que permitan la conformación de, al menos, dos nuevas cadenas de televisión; promueve el trabajo legislativo en torno a una ley convergente de telecomunicaciones; abre las puertas a la inversión extranjera directa al 100% en telecomunicaciones y de hasta 49% en radiodifusión; obliga a los concesionarios a devolver el espectro sobrante a partir de la transición a la televisión digital; incorpora las figuras de must carry y must offer en un esquema de gratuidad, salvo en el caso de los concesionarios con poder sustancial; propone instalar una red que impulse el acceso de la población a la banda ancha; delinea la ejecución de una política de inclusión digital universal; mandata la regulación del derecho de réplica; e impulsa la producción nacional independiente.

La reforma que impactaría en siete artículos de la Constitución, no obstante, es apenas una gran intención para fortalecer el derecho a la información y promover la competencia en los mercados de la radio, la televisión, la televisión restringida, la telefonía fija, la telefonía móvil y el Internet.

Si bien cuenta con el respaldo de las tres principales fuerzas políticas, el trámite legislativo que se le dará a la reforma es de largo aliento y la experiencia reciente no es favorable. Presentada el 13 de septiembre del año pasado, la reforma constitucional en materia de transparencia que amplía las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y lo dota de autonomía sigue bajo análisis en la Cámara de Diputados. A seis meses de su llegada al Senado y a pesar de pasar la aduana de su cámara de origen, su discusión se encuentra entrampada, en medio de un clima en el que se respiran tentaciones regresivas.

Ha llamado la atención, por otra parte, el silencio de los agentes económicos que podrían resultar afectados frente a los acentos de la reforma. El saludo de Emilio Azcárraga Jean a la iniciativa contrasta con las formas tradicionales de reacción de los concesionarios de la radio y la televisión, vía desplegados o campañas de ataque y desprestigio a través de los micrófonos y las pantallas. La animadversión a la competencia es lo que ha caracterizado a una industria con dramáticos niveles de concentración, razón por la que la discusión de la reforma constitucional, de las leyes secundarias que deberán adecuarse y de las acciones administrativas que habrán de emprenderse debe estar acompañada de una vigilancia extrema.

El escenario de un cabildeo como el que tuvo lugar en 2006 no puede ser descartado. Por el contrario, como bien se sabe y se reza, es posible que a la hora de los detalles se presente el diablo y busque frenar avances, detener procesos, imponer reglas y contaminar debates. La reforma contiene un extenso régimen transitorio con 17 artículos desglosados en 10 cuartillas, espacioso campo de batalla para las televisoras.

Con todo y las ausencias, limitaciones y excesos del proyecto, el primer paso está dado. Está por verse, sin embargo, que la reforma se materialice y se desdoble con la urgencia que se requiere y los alcances que anuncia. Si lo logrado se puede ensanchar cuánto mejor, para atrás ni un paso. En palabras del senador Javier Corral: “Que la valentía se despliegue en favor de los ciudadanos, no de las televisoras.”

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

 

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