Gustavo Castillo y Fernando Camacho | La Jornada

México, DF. El juzgado 16 de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México amparó a familiares de dos de las víctimas de la matanza de 45 indígenas en el municipio de Acteal, Chiapas, al determinar que las autoridades mexicanas violaron la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, como los de igualdad y no discriminación, al solicitar que el gobierno estadunidense concediera inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y con ello se asignara un tratamiento con “criterios de índole político y de excepción que generan discrecionalmente la impunidad y la imposibilidad” de que el ex mandatario siga bajo proceso judicial en Estados Unidos.

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La sentencia dictada por el juez Ricardo Gallardo Vara –de la cual La Jornada posee copia– determina que la nota diplomática 07654 enviada por el entonces embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2011, infringió lo dispuesto por la Convención de La Habana, que establece que “no se deben reclamar inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales”, ya que Ernesto Zedillo no ocupa alguna posición pública en el gobierno federal.

Por esa razón, la sentencia dictada concede “el amparo y la protección de la justicia de la Unión” para que el gobierno mexicano deje insubsistente la nota internacional de que se trata y retire la citada solicitud de inmunidad jurisdiccional, haciendo los trámites oficiales relativos ante las mismas instancias ante quienes presentó aquella petición, a fin de que el gobierno de Estados Unidos no conceda inmunidad al ex mandatario y continúe su juicio ante una corte de Connecticut.