Desinformémonos

La vida de uno de los más persistentes defensores del territorio yukpa, Sabino Romero, acabó por una emboscada, de la que se sospecha que los responsables son ganaderos y terratenientes en complicidad con agentes gubernamentales.

Un sector del pueblo yukpa busca la restitución de su territorio ancestral robado y se niega a aceptar las tierras que el Estado, en acuerdo con los ganaderos, le quiere imponer. Uno de los líderes más emblemáticos en esta exigencia de recuperación de tierras era Sabino.

Su vida estuvo marcada por la defensa del territorio y la exigencia del reconocimiento de sus tierras; su anciano padre, José Romero, también defensor de la tierra, fue asesinado a palos en la misma lucha contra los terratenientes y ganaderos asentados en la zona cuando contaba con 109 años de edad.

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Lucha por el territorio

El 12 de octubre de 2009 y como respuesta al compromiso de demarcar las tierras yukpa, el presidente Chávez entregó títulos a tres comunidades de la sierra de Perijá, reconociéndoles tierras que no eran “más que monte y piedras”, mientras que las tierras cultivables se reservaron a los hacendados, denunció el profesor universitario José Ángel Quintero.

Pero una parte del pueblo yukpa había decidido hacer su propia demarcación y recuperar sus tierras ancestrales por medio de la ocupación de seis haciendas desde 2008; entre estos yukpa está la comunidad Chaktapa, de Sabino Romero.

Dos días después de la entrega de tierras, los caciques indígenas que aceptaron las tierras otorgadas por el gobierno atacaron a Sabino y su familia, dejando herido al líder, a dos de sus hijos y a una nieta, y asesinado a su yerno.

Decenas de organizaciones sociales denunciaron públicamente que el gobierno se encargó de “fragmentar a las comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda, compra de camiones, y otorgamiento de créditos para los Consejos Comunales que son parte del ‘Plan Yukpa’, con la finalidad de lograr su apoyo incondicional para la firma de unas propuestas de demarcación que van acompañadas de los ‘Acuerdos de Convivencia con Terceros’, documentos que constituyen una manera de mantener la presencia y privilegios de hacendados y parceleros condenando a los indígenas a la exclusión”.

Las mismas organizaciones señalaron que “tampoco se ha cumplido con la consulta previa e informada de los informes técnicos de demarcación, procedimiento fundamental exigido por la normativa vigente generando un clima de tensión que propicia la violencia y la presencia de mercenarios y sicarios”. Poco tiempo después, Sabino fue detenido y llevado preso por acusaciones levantadas por un ganadero y por el supuesto asesinato de tres yukpa en un incidente confuso, y permaneció cerca de dos años en prisión.

José Ángel Quintero Weir denunció la imputación de “bandolero, criminal y abigeo” que se hizo a Sabino “a través de  la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio de Obras Públicas, Ambiente y de Pueblos Indígenas, y aplaudida y apoyada por los hacendados y el rector de la Universidad del Zulia”, indicó el académico.

Detrás del apresamiento del cacique indígena, señaló Quintero, estarían, además de las complicidades con los ganaderos y terratenientes de la zona, la pretensión de realizar proyectos mineros en los territorios reclamados por los yukpa: un negocio de carbón con los chinos y otro de uranio con Irán.